La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia ha denegado el acceso a las actas de inspección solicitadas por RRNEWS sobre la polémica regeneración del vertedero minero de El Lirio, en Cartagena. ¿Con qué excusa? Por estar el caso bajo investigación penal y por el «posible uso mediático» que este medio de comunicación haría de la información.
En concreto, la Consejería de Medio Ambiente se niega a entregar las actas de inspección, los análisis sobre los materiales utilizados y cualquier otra documentación que permita esclarecer si la Administración autonómica ejerció o no la debida supervisión durante los trabajos financiados con dinero público. ¿Hubo inspecciones? ¿Con qué resultado?
El juzgado número 1 de Cartagena ha abierto diligencias penales tras una denuncia de Ecologistas en Acción. Investiga si en lugar de cubrir los residuos con tierra vegetal de calidad -como exigía el proyecto aprobado- se vertieron materiales contaminados con residuos de fundición de plomo. Las muestras de tierra analizadas presentaban 400 mg/kg de plomo, 743 mg/kg de zinc y 46,4 mg/kg de arsénico, cifras que superan ampliamente los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) establecidos por la normativa estatal en base al Real Decreto 9/2005.
El objetivo de la solicitud de información era claro. RRNEWS pretendía saber si el Gobierno regional había llevado a cabo inspecciones durante las obras, cuántas se realizaron, si los técnicos comprobaron la idoneidad de los materiales utilizados y si existen actas oficiales o informes técnicos que acrediten el cumplimiento o el incumplimiento de las condiciones impuestas en el proyecto. Todo ello, en el contexto de una obra sufragada con fondos públicos cuyo propósito era evitar la dispersión de metales pesados hacia el Mar Menor.
La resolución, firmada por el director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles Pérez, solo concede el acceso parcial a un dato: la obra fue financiada con una subvención directa de 4 millones de euros concedida por el Ministerio para la Transición Ecológica, mediante el Real Decreto 1057/2020, de 1 de diciembre. Esta ayuda fue destinada a la ejecución de obras de seguridad minera y clausura en la instalación de residuos mineros abandonada “El Lirio”, situada en el paraje Barranco de Ponce (Cartagena). Es decir, se confirma que se emplearon fondos estatales, pero se oculta cómo se gastaron y si se cumplió el objetivo previsto.
La justificación para denegar el resto de la información se basa en los artículos 14.1.e) y f) de la Ley de Transparencia estatal (Ley 19/2013), que permiten restringir el acceso si se considera que este puede perjudicar la prevención o investigación de ilícitos penales o vulnerar la igualdad de las partes en un proceso judicial. En este caso, el Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena ha confirmado la apertura de diligencias previas relacionadas directamente con los hechos denunciados, lo que ha llevado a la Consejería a blindar el expediente.
La Administración afirma, además, que la difusión pública de la documentación solicitada podría tener un uso “previsiblemente mediático” y otorgar una ventaja procesal a alguna de las partes, lo que -según argumenta- justificaría su negativa. Es decir, niegan la información a RRNEWS porque hay una investigación judicial abierta. Pero precisamente porque hay una causa penal, el interés público por saber qué pasó y cómo actuó la Administración es mayor que nunca». ¿Se hicieron inspecciones? ¿Hay actas?
Esto es exactamente lo que alega la Consejería de Medio Ambiente: «La obtención de información, cuya difusión o uso previsiblemente mediático que pudiera hacerse de la misma, podría suponer, además, una ventaja procedimental para una parte en un momento en que se desarrollan una serie de actuaciones judiciales, suponiendo un perjuicio para la igualdad de las partes en los procesos…» y añade «la ponderación de intereses en juego, se constata que la solicitante no ha alegado ningún interés, público o privado, prevalente que justifique el acceso. Por lo que ha de entenderse que ha de prevalecer la garantía de confidencialidad y el respeto a la igualdad de las partes en el proceso judicial y la tutela judicial efectiva».
Uno de los vertederos más tóxicos
El vertedero de El Lirio es uno de los depósitos mineros más tóxicos de la Sierra de Cartagena-La Unión. Contiene residuos industriales peligrosos que, si no son sellados correctamente, pueden contaminar la rambla del Beal y, a través de ella, acabar en el Mar Menor. Las obras de regeneración deberían haber supuesto una garantía ambiental, pero todo apunta apunta a un presunto fraude ambiental financiado con dinero público.
El hecho de que la empresa pública Tragsa, encargada de la ejecución, defendiera la calidad de los materiales utilizados sin aportar ningún análisis público ha aumentado la sospecha. Más aún después de que RRNEWS solicitara esas actas y la Comunidad Autónoma se negara a entregarlas.
A día de hoy, no tenemos confirmación oficial de si se hicieron inspecciones por parte de la CARM, quién las realizó, qué se detectó y si se certificó la presencia de metales pesados en los materiales empleados para recubrir otro vertedero tóxico. Lo único que se sabe con certeza es que el Estado puso el dinero.