El Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena ha abierto diligencias penales para investigar un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en el depósito minero El Lirio, situado en el municipio de La Unión. La causa, registrada bajo el número 386/2025, se inició tras una denuncia presentada por Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, representados legalmente por el abogado José Manuel Muñoz Ortín, y apoyada por el Ministerio Fiscal.
La magistrada Consuelo Andreo Ruiz ha ordenado una batería de diligencias para esclarecer los hechos. Entre ellas, destaca la toma de muestras en distintas zonas del depósito por parte del SEPRONA, con análisis posteriores a cargo de la Universidad Politécnica de Cartagena para determinar la presencia de metales pesados, su concentración y su posible afección al entorno y a la salud pública.
Además, se ha requerido a la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia que remita al juzgado toda la documentación relacionada con los trabajos de sellado del depósito El Lirio, incluyendo autorizaciones ambientales, informes de evaluación y el control de las obras llevadas a cabo por la empresa pública TRAGSA. El juzgado también ha preguntado expresamente si dichas obras han sido formalmente recepcionadas por la Administración.
Por su parte, la empresa TRAGSA deberá entregar al juzgado un informe detallado sobre los materiales utilizados para el sellado del depósito, su procedencia, análisis y controles realizados durante la ejecución de los trabajos.
Empresas y administraciones en el punto de mira
La denuncia presentada por Ecologistas en Acción y admitida por el juzgado pone en el foco a varias entidades: la propia TRAGSA, ejecutora de los trabajos de sellado; la empresa Portmán Golf S.A., antigua promotora del fallido proyecto urbanístico sobre la bahía; y las direcciones generales de Medio Ambiente y de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Comunidad Autónoma.
El auto judicial recuerda que las partes denunciadas tienen derecho a conocer el contenido de la denuncia y a presentar alegaciones. La resolución, fechada el 8 de abril de 2025 y a la que ha tenido acceso RRNEWS, abre una vía penal en un conflicto ambiental que lleva años arrastrando controversia en la comarca.
Un foco histórico de contaminación
El depósito minero El Lirio es uno de los numerosos pasivos ambientales heredados de la actividad minera de las últimas décadas del siglo XX. La falta de una restauración ambiental efectiva ha generado preocupación en organizaciones sociales y ecologistas por los riesgos para la salud de la población y la degradación del entorno natural.
Este procedimiento judicial podría suponer un giro en la gestión de los suelos contaminados en la Región de Murcia, donde el legado tóxico de la minería sigue sin cerrarse del todo.
Obras financiadas con fondos europeos
Ecologistas en Acción de la Región de Murcia presentó una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Cartagena por el presunto uso de tierras contaminadas en el sellado del depósito minero ‘El Lirio’. La organización medioambiental sostiene que la tierra utilizada en la obra, que debía ser vegetal de primera calidad, en realidad contiene altos niveles de metales pesados y residuos industriales peligrosos.
Según la denuncia, la capa de sellado del depósito incluye materiales con isótopos radioactivos y escorias de fundición de plomo. Esto podría suponer un delito contra el medio ambiente, la salud pública y la seguridad colectiva, de acuerdo con los artículos 325 y 363 del Código Penal.
Las escorias de la termometalurgia del plomo se encuentran clasificadas como residuos que pueden conllevar exposición a material radiactivo de origen natural.
La CARM presentó las obras como ejemplo de restauración
El Gobierno regional de López Miras presentó el pasado mes de junio la restauración ambiental de «El Lirio» como un ejemplo a seguir para profesionales y científicos del ámbito de la minería, aunque se ha estado utilizando tierra contaminada para “restaurar” un vertedero minero tóxico.
Las obras de restauración del depósito minero de El Lirio, en Cartagena, han supuesto una inversión total de 6,4 millones de euros. De esta cantidad, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) aportó 4 millones de euros, lo que representa el 70% del presupuesto, mientras que el resto fue financiado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Dentro de este presupuesto, se destinaron 313.950 euros al suministro de tierra vegetal para el sellado del depósito. Sin embargo, investigaciones periodísticas revelaron que el material utilizado contenía niveles elevados de metales pesados, como plomo, zinc y arsénico, superando los límites establecidos por la normativa ambiental.
El depósito de El Lirio, en lugar de ser descontaminado y sellado con garantías, podría haber sido tapado con más veneno, en una especie de chapuza institucional con olor a metales pesados y a dejadez criminal. Las administraciones implicadas, desde la Consejería hasta TRAGSA, tendrán que explicar con detalle qué han hecho, con qué controles, y por qué nadie paró esto a tiempo.
Estamos ante algo más que una presunta negligencia: es una muestra obscena de cómo, en ocasiones, la impunidad y el “todo vale” se mezclan con el polvo tóxico del pasado para construir una realidad aún más peligrosa. Esta vez, el juzgado ha hablado. Ahora le toca a la verdad abrirse paso, aunque sea con mascarilla y guantes.