ElDiario.es ha destapado un alarmante caso de negligencia ambiental en la regeneración del depósito minero de ‘El Lirio’, en Cartagena, uno de los más peligrosos que existen en la Región. Lo que debería haber sido una restauración ambiental para evitar la dispersión de metales pesados hacia el Mar Menor, ha resultado ser un presunto fraude con consecuencias imprevisibles. En lugar de utilizar tierra vegetal de primera calidad, como estipulaba el proyecto de regeneración, se ha vertido sobre la superficie del depósito un material cargado de metales pesados y residuos de fundición del plomo.
Según la investigación del citado diario digital, la tierra empleada contiene 400 mg/kg de plomo, 743 mg/kg de zinc y 46,4 mg/kg de arsénico, cifras que superan ampliamente los niveles genéricos de referencia (NGR) establecidos por la Comunidad Autónoma en base al Real Decreto 09/2005. A pesar de ello, la Administración autonómica y la empresa pública Tragsa han defendido la calidad del material utilizado, sin proporcionar detalles concretos sobre los supuestos análisis realizados.
313.950 euros de dinero público por tierra contaminada
El coste de la tierra utilizada en la restauración de ‘El Lirio’ asciende a 313.950 euros, un pago efectuado a la constructora González Soto S.A. sin que se haya especificado la procedencia exacta del material. Esta cifra se suma a los 6,2 millones de euros destinados a la totalidad del proyecto, financiado en gran parte por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Según la información de ElDiario.es, el contrato inicial contemplaba un gasto de 209.300 euros por la tierra vegetal, pero en marzo de 2024 se aprobó una modificación que incrementó el coste en un 50%, sin una justificación clara según informa ElDiario.es. De acuerdo con la doctora en Derecho Ambiental Aitana de la Varga, con la que han hablado, este hecho podría constituir un caso de «incumplimiento de contrato», al haber adquirido un material que no se ajusta a las especificaciones pactadas.
Impacto ambiental y posibles responsabilidades legales
El investigador de la Universidad de Limoges, José Matías Peñas, ha calificado el vertido de esta tierra como una «negligencia sin precedentes». El científico considera que los fragmentos de escorias de fundición del plomo, claramente visibles en el terreno, continúan liberando metales pesados, agravando el problema que se pretendía solucionar.
Un estudio de Fluorescencia de Rayos X y Termogravimetría realizado sobre una muestra de tierra tomada de diferentes puntos y profundidades de la capa de sellado confirma la presencia de altos niveles de metales pesados y metaloides. Los resultados indican que los niveles de plomo multiplican por diez el nivel de referencia, mientras que el arsénico, zinc, cobre, cromo, níquel y manganeso superan ampliamente los valores permitidos. Estos análisis han sido llevados a cabo por expertos en geología y edafología.
La utilización de este material podría vulnerar varias normativas ambientales, como el Real Decreto 09/2005, la Ley 07/2022 de residuos y suelos contaminados, y la Ley 26/2007 de responsabilidad ambiental.
Lejos de erradicar el impacto ambiental del depósito minero, la solución aplicada ha perpetuado la contaminación. Con cada lluvia o fuerte viento, los metales pesados de la capa superficial de ‘El Lirio’ serán arrastrados por la rambla de la Carrasquilla hasta el Mar Menor, una laguna ya gravemente afectada por la contaminación industrial y agrícola. Además, la vegetación plantada en la zona, lejos de mitigar el problema, absorberá los metales en sus tejidos, propagando aún más los contaminantes.
La CARM presentó la regeneración de El Lirio como «un ejemplo»
El Gobierno regional de López Miras presentó el pasado mes de junio la restauración ambiental de «El Lirio» como un ejemplo a seguir para profesionales y científicos del ámbito de la minería.
El director general de Energía y Actividad Industrial y Minera, Federico Miralles, visitó el depósito minero e informó de que los trabajos de restauración, que en ese momento encaraban su recta final, se han desarrollado sobre un área de 8,4 hectáreas, la más grande de todas las instalaciones mineras del entorno del Mar Menor por importe de 5,6 millones de euros.
El depósito minero de El Lirio se halla en la zona de influencia del Mar Menor provocando arrastres de metales pesados a la laguna de su ubicación en un cauce de la cuenca vertiente, la rambla de la Carrasquilla.
La Comunidad Autónoma inició las obras de sellado de El Lirio en octubre de 2022. Se las encargó a la empresa pública Tragsa que a su vez contrató el suministro de áridos, entre otros, a la empresa González Soto S.A.. El pistoletazo de salida de los trabajos de regeneración lo dio la entonces consejera de Empresa y Universidades, Valle Miguelez, tras recibir 4 millones de euros del Ministerio de Transición Ecológica.
Este escándalo pone en entredicho la gestión ambiental de la Región de Murcia y la supervisión de proyectos financiados con dinero público y plantea interrogantes: ¿actuará la Fiscalía de oficio ante la denuncia de hechos tan graves? ¿Por que la CARM no supervisa que las obras se regeneración se hacen cumpliendo la ley?
No es la primera vez
La empresa pública TRAGSA fue imputada por su participación en la gestión de los residuos mineros de la balsa Jenny, ubicada cerca del Llano del Beal, en la Región de Murcia. Entre 2003 y 2009, Tragsa junto con las empresas Portmán Golf y Gestalia Transportes y Maquinaria S.L., llevó a cabo el traslado de más de un millón de metros cúbicos de residuos mineros desde la balsa Jenny hasta la corta Los Blancos, una antigua explotación minera a cielo abierto.
Como informó RRNEWS, el juez apuntó a tres mercantiles por «deliberado y absoluto desprecio a la normativa» en el tratamiento, traslado y depósito de residuos tóxicos de la balsa Jenny.
La CARM autorizó la Corta Los Blancos como vertedero de residuos inertes mineros cuando, en realidad, se depositaron residuos peligrosos y altamente contaminantes por parte de la empresa Portman Golf. El vertedero sigue contaminando y el Mar Menor es uno de los principales perjudicados.
El traslado de los materiales se realizó sin las medidas de seguridad y tratamiento adecuadas, depositando residuos peligrosos sin la preceptiva autorización y sin la correcta impermeabilización del vertedero receptor. Además, se señala que el transporte de los materiales se efectuó sin las precauciones necesarias, «como si fuera arena, sin tratar, sin cubrir y sin aislar», lo que habría puesto en riesgo el ecosistema del Mar Menor y la salud de las poblaciones cercanas.
Estas actuaciones provocaron a la imputación de Tragsa y de las otras empresas involucradas por un presunto delito continuado contra el medio ambiente y los recursos naturales. Se les acusa de incumplir sus obligaciones legales en la gestión, tratamiento y disposición de residuos tóxicos, actuando con un «consciente, deliberado, absoluto y manifiesto desprecio a la normativa legal en la materia».
TRAGSA (Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.) es una empresa pública española que forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y está adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Es una entidad de derecho privado pero con carácter público, lo que significa que actúa como medio propio de las administraciones públicas y realiza trabajos encomendados por estas sin necesidad de licitación pública.