La publicación en exclusiva por parte de RRNEWS de dos informes internos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) marca un antes y un después en la lucha por la transparencia en la gestión del agua en el sureste peninsular. Los documentos revelan una adulteración sistemática de los datos hidrológicos, una ausencia total de control y verificación y un patrón de opacidad institucional que, lejos de ser coyuntural, se ha instalado como práctica habitual en el organismo de cuenca.
La organización ecologista Greenpeace, que lleva casi veinte años denunciando irregularidades estructurales en la CHS, advierte que estos hechos podrían tener consecuencias ambientales, legales y sociales de enorme gravedad. «Estamos ante la confirmación oficial de un sistema basado en el engaño, que pone en riesgo el interés general y que beneficia a sectores económicos concretos a costa del medio ambiente y de los derechos ciudadanos», ha afirmado Julio Barea, responsable de la campaña de agua de Greenpeace España.
«El mercado negro del agua existe en la cuenca del Segura y es enorme» declara Barea a RRNEWS en esta entrevista:
Manipulación institucionalizada de los datos hídricos
Según se desprende de los informes internos a los que ha accedido RRNEWS, y del testimonio directo de una funcionaria del organismo, la CHS habría permitido -y en algunos casos propiciado- la publicación de datos sin respaldo técnico, sin comprobación independiente y sin correspondencia con las mediciones reales de caudales, niveles y volúmenes de agua.
Entre las irregularidades detectadas se citan:
- Cifras manipuladas o modificadas a posteriori para ajustarse a decisiones políticas o concesiones previamente pactadas.
- Ausencia de auditorías externas independientes desde hace más de una década.
- Publicación de balances hídricos ficticios con el objetivo de justificar trasvases, concesiones o planes de cultivo imposibles.
- Ocultación deliberada de información clave a los órganos consultivos, al propio Ministerio para la Transición Ecológica y a la ciudadanía.
“Esto no es una chapuza puntual ni un fallo administrativo”, insiste Barea. “Es la prueba de que en la cuenca del Segura se ha instalado una estructura paralela de gestión hídrica al margen de la legalidad, al servicio de intereses privados, fundamentalmente relacionados con la agroindustria intensiva y el urbanismo especulativo”.
Una trama denunciada desde hace dos décadas
Greenpeace recuerda que esta situación no es nueva. En 2007, la organización publicó el informe «La mafia del agua y sus protagonistas», donde documentaba un entramado de concesiones ilegales, pozos clandestinos, desvíos no autorizados y complicidad institucional en la sobreexplotación de acuíferos. Aquel documento señalaba ya cómo el modelo económico del sureste se sostenía sobre un uso fraudulento del agua, alentado por la falta de controles y la presión de poderosos lobbies.
Diez años después, en 2017, el informe «La trama del agua en la cuenca del Segura» actualizó las denuncias con nuevas pruebas de descontrol, opacidad y corrupción. Se detallaban casos concretos de ocultación de información, eliminación de sanciones a grandes explotaciones ilegales y manipulación de caudales para justificar políticas hídrico-agrarias insostenibles.
Con la información publicada ahora por RRNEWS, las denuncias se confirman y se agravan: “Las prácticas irregulares no solo no se han corregido, sino que se han institucionalizado. La CHS ha funcionado como una oficina al servicio de intereses concretos, con total desprecio por la legalidad, la transparencia y la sostenibilidad ambiental”, denuncia Greenpeace.
Consecuencias para el medio ambiente y el interés general
Las implicaciones de esta gestión fraudulenta son profundas y preocupantes. Greenpeace destaca al menos cuatro impactos directos:
- Colapso del Mar Menor: La sobreexplotación de acuíferos y el vertido de nitratos -fruto de un modelo agrícola insostenible- ha contribuido decisivamente al colapso ecológico de la laguna, cuya recuperación sigue sin un plan realista ni coordinado.
- Agotamiento de acuíferos subterráneos: El abuso continuado de los recursos hídricos ha llevado al borde del colapso a masas de agua subterránea esenciales para el abastecimiento humano y para el equilibrio ecológico de la región.
- Pérdida de confianza ciudadana: La manipulación sistemática de datos debilita la confianza pública en las instituciones, alimenta la desinformación y bloquea cualquier debate honesto sobre el futuro del agua en el sureste español.
- Riesgo legal y penal: La alteración de datos públicos y la ocultación de información relevante podrían constituir delitos contra la administración, contra el medio ambiente y contra los derechos de acceso a la información de la ciudadanía.
Greenpeace exige acción inmediata del Gobierno de España
Ante la gravedad de los hechos, Greenpeace solicita una respuesta urgente por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En concreto, la organización plantea, entre otras cosas, la apertura inmediata de una investigación independiente, con participación de expertos, universidades y entidades de la sociedad civil.
También pide la auditoría integral de los últimos diez años de datos hidrológicos publicados por la CHS; la depuración de responsabilidades dentro del organismo, incluidas las posibles dimisiones o ceses de quienes hayan tolerado o impulsado estas prácticas y el diseño de un nuevo modelo de gobernanza del agua en la cuenca del Segura, transparente, participativo y basado en criterios científicos y ambientales.
“La publicación de estos informes supone un punto de inflexión. Ya no hay excusas. La regeneración de la política hídrica en el sureste es urgente y posible. Solo falta voluntad”, concluye Barea.