La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) está publicando diariamente datos oficiales sobre las existencias de agua sin ninguna garantía de validez legal ni control técnico adecuado. Esta afirmación no la hace ningún organismo externo ni ningún grupo de presión. La realiza la jefatura del Servicio de Hidrología de la CHS en dos informes internos inéditos a los que ha tenido acceso RRNEWS y que suponen una bomba informativa en plena batalla por la gestión del agua en el sureste español.
El origen del problema: competencias despojadas y funciones externalizadas
El primero de estos informes, fechado el 29 de julio de 2022, realiza un repaso demoledor de la situación. La ley es clara: la elaboración, validación y control de los datos hidrológicos corresponde a las Comisarías de Aguas, tal y como recoge el artículo 94.2.c del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el artículo 4.g del Real Decreto 984/1989.
Pero la realidad -según el Servicio de Hidrología- es muy distinta: esas funciones las están asumiendo desde hace años otras unidades, como la Dirección Técnica y la Oficina de Planificación Hidrológica, apoyándose en asistencias técnicas privadas contratadas externamente.
Esto implica, directamente, una vulneración del principio de legalidad. Porque los datos que se utilizan en autorizaciones, sanciones, concesiones, planificación hidrológica o cumplimiento de caudales ecológicos no han pasado por el órgano que la ley establece como responsable.
Más aún: el informe alerta de que esto podría conllevar la nulidad de pleno derecho de actuaciones administrativas si se llegara a impugnar cualquier decisión basada en estos datos. Así lo establecen los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común.
El informe cita jurisprudencia: las sentencias del Tribunal Supremo 2812/2020 y 3312/2020 advierten contra la delegación ilegal de funciones administrativas sustantivas a personal externo. Algo que, según este documento, ocurre cada día en la CHS.
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El segundo informe: ejemplos concretos de un sistema fuera de control
Pero si el primer informe es demoledor desde el punto de vista normativo e institucional, el segundo, firmado en diciembre de 2022 como “complementario”, es una crónica detallada del descontrol cotidiano.
El Servicio de Hidrología, a lo largo de ocho páginas, enumera fallos, incoherencias, manipulaciones de datos y carencias estructurales que afectan directamente a la fiabilidad del Parte Diario. Lo hace con rigor técnico, lenguaje claro y ejemplos documentados. Algunos de ellos son difíciles de creer.
Modificaciones sin justificación en los datos del Área del Trasvase
Uno de los episodios más reiterados es la alteración sistemática de datos clave -como los volúmenes de agua trasvasada o los consumos de riego- una vez que ya han sido cargados en la aplicación oficial del Parte Diario.
El informe incluye datos concretos:
- Entre el 26 y el 30 de octubre de 2022, los peajes de riego en los canales de margen derecha e izquierda pasaron de 23.800 y 35.983 m³ a 0 m³, y viceversa, de 0 a más de 180.000 m³.
- El 12 y 13 de noviembre de ese mismo año, los datos de aportación al embalse de Algeciras cambiaron de 317.299 m³ a 152.918 m³, y de 24.848 m³ a 189.229 m³, respectivamente.
- En octubre, otros cambios en el embalse de Algeciras corrigieron valores de 68.373 m³ a solo 4.954 m³ en 24 horas.
El informe no solo registra las cifras. También deja clara la gravedad: «Este servicio no conoce ni cómo ni a partir de qué datos se realizan estas estimaciones. No podemos responsabilizarnos de ellos.”
Existencias del trasvase: un concepto manipulado
Según el informe, lo que la CHS publica cada día como «existencias del trasvase» no representa realmente el volumen de agua que ha llegado del Tajo. Incluye también volúmenes procedentes de recursos subterráneos, plantas de desalación, aportaciones del río Taibilla e incluso lo que el técnico denomina “embalse muerto” (agua sin trazabilidad).
En agosto de 2020, el sistema llegó a reflejar 245,4 hm³ como existencias del trasvase, una cifra que -según el autor el informe- no se sostiene técnicamente. «Hoy, el concepto de ‘existencias del trasvase’ es confuso y engañoso”, advierte el informe que exige su desglose real y legal.
Desajustes graves en los aforos
El informe entra de lleno en las estaciones de aforo de Calasparra, Cenajo y Camarillas. Tras analizar los datos entre 2014 y 2022, encuentra que en 29 de los 96 meses analizados, la desviación entre lo que entra y sale supera el 10 %. En algunos casos, se alcanzan errores de más del 20 %, y en febrero de 2021, del -95,8 por ciento. Y si se analizan datos horarios, el error de ese mes concreto se dispara al -1.009 %. Y lanza una frase con carga explosiva: «A juicio de quien suscribe, estas desviaciones ya no son en absoluto razonables.”
Ajustes a ojo para que el parte no se rompa
El informe describe cómo, ante datos incoherentes, el propio Servicio de Hidrología tiene que manipular manualmente los valores de desagüe de los embalses para cuadrar el Parte Diario.
Algunos ejemplos: el 28 de marzo de 2022 se suben los caudales de Camarillas de 2 a 4,8 m3/s, y del Cenajo de 2,5 a 7 m3/s, sin base medible, solo para evitar un valor negativo en el sistema. El 5 de mayo de ese mismo año, los desagües se aumentan de 2,5 m3/s a más de 6 m3/s.
Otra joya del caos tiene que ver con el índice del canal de margen derecha, que sirve para estimar pérdidas y eficiencia, «y que ha llegado a superar los 2.500. Un valor técnicamente inasumible». Además, desde 2015, a petición del Área del Trasvase, se permite que los consumos de agua sean negativos. Literalmente.
La última aforadora
Dolores Zapata es técnico superior del Servicio de Hidrología de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura desde hace 26 años y corrobora el contenido de ambos informes. Desde hace tiempo -demasiado- siente que su trabajo ya no vale nada. Literalmente. “Estoy sola”, dice con resignación. “Éramos cinco personas: cuatro aforadores, un administrativo y el jefe de servicio. Hoy solo quedamos dos”.
Escucha aquí la entrevista a Dolores Zapata:
Zapata ha decidido hablar con RRNEWS segura de que se está vulnerando el marco legal establecido por el Real Decreto 984/1989 y el artículo 94 de la Ley de Aguas, que atribuyen a las comisarías la medición de caudales, los estudios hidrológicos y la validación de datos.
“La Dirección Técnica puede encargarse de la explotación de embalses, pero no de los aforos. Planificación tampoco. Y mucho menos las empresas privadas que trabajan para ellos. Es ilegal. Y, sin embargo, es lo que ocurre cada día”.
Pero el drama va más allá del reparto de competencias. La situación ha degenerado hasta el punto de que ella misma elabora el Parte Diario oficial con datos que no controla y que no puede garantizar. “Nosotros recibimos los datos y no sabemos de dónde salen. A veces nos llegan con modificaciones inexplicables. Si yo los cambio, no sé si estoy cometiendo un error. Por eso no me responsabilizo. Y mi jefe de servicio tampoco”.
Los ejemplos abundan. Uno de los más habituales se da en el embalse de Algeciras, en Librilla, punto estratégico de distribución del agua trasvasada hacia Lorca y Almería. Zapata afirma que la altura del embalse que les reportan diariamente no coincide con la que marca el sensor oficial del SAIH. “Siempre nos dicen que hay menos agua de la que realmente hay. ¿Por qué? No lo sabemos. Nunca nos lo explican”.
Las incoherencias son continuas: aportaciones negativas, consumos negativos, ajustes a ojo. Y lo más grave: órdenes directas de personal externo para modificar datos oficiales. “Un chico de una asistencia técnica externa me escribió por correo pidiéndome que cambiara un dato. Le dije que no iba a tocar nada sin autorización de mi jefe. Fue un intento directo de interferencia. Y no ha sido el único”.
Dolores Zapata también señala que el problema es conocido por todos los niveles de la administración: «El Ministerio lo sabe. Los informes están registrados. El presidente, el comisario, la secretaria general de la CHS… todos saben lo que está pasando. Los sabe también José Vélez a quien llevamos un dossier cuando era Delegado del Gobierno. Y no han hecho nada. Al contrario, la respuesta ha sido apartarnos”.
Lo que más le duele, dice, no es solo el vacío profesional, sino la sensación de que su esfuerzo, su preparación y su función pública han sido despreciados. “¿Para qué opositas si luego no te van a dejar ejercer tus funciones? ¿Para qué prepararte si el que toma las decisiones es alguien que llama por teléfono porque no sabe medir una escala?”.
Y sobre el denominado “mercado negro del agua” en la cuenca del Segura o el desvío de agua del trasvase para regar plantaciones de la región sin concesión oficial, Dolores Zapata no se atreve a afirmarlo, pero tampoco lo descarta. “Podría ser. No lo afirmo, porque no tengo pruebas, pero tampoco me parece una idea descabellada. Lo que sí tengo claro es que nosotros no sabemos qué datos manejamos. Y los datos que se publican no cuadran”.
¿Siente miedo? le preguntamos. “Más que miedo, sentimos impotencia. Impotencia porque esto afecta a toda una cuenca que no tiene agua de sobra. Y porque, en lugar de corregirlo, nos apartan y nos silencian”.
Informes demoledores e ignorados
Según esos informes, la Confederación Hidrográfica del Segura estaría publicando como oficiales datos que ni controla, ni mide, ni valida. La unidad legalmente competente, el Servicio de Hidrología, declina toda responsabilidad y alerta del riesgo jurídico y técnico que supone seguir tomando decisiones basadas en datos que podrían ser nulos de pleno derecho. “No cabe presumir en el personal externo la imparcialidad y responsabilidad que exige la ley para estas funciones. No podemos garantizar la fiabilidad de los datos del Parte Diario”, concluyen los informes de la jefatura del Servicio de Hidrología.
La CHS niega irregularidades en los datos
Desde la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) señalan, a preguntas de RRNEWS, que «naturalmente se analizó lo que se plantea en esos informes y no se detectaron irregularidades en los datos, dado que, entre otros motivos, estos se obtienen de forma automática a través del SAIH». Y añaden «la posible discrepancia se limita a las calibraciones de los sensores, un procedimiento que se realiza periódicamente o de manera puntual si algún responsable de aforos lo indica».
«En realidad, lo que se cuestionaba en esos informes era la falta de personal y el hecho de que el SAIH dependa de la Dirección Técnica y no de la Comisaría de Aguas, algo que responde exclusivamente a una cuestión organizativa. Además, la situación derivó en una demanda ante el Juzgado de lo Social, cuya vista está señalada para noviembre de este año, habiendo aportado la CHS todos los informes requeridos. Ahora solo queda esperar la celebración de la vista y la resolución judicial correspondiente» concluyen desde la dirección del organismo de cuenca.