La protección de la infancia vulnerable ha dejado de ser una cuestión técnica o asistencial para convertirse, de nuevo, en un campo de batalla política. Esta vez, la alarma ha sonado desde la propia comunidad pediátrica: la Sociedad de Pediatría del Sureste de España (SPSE) ha emitido una carta pública en la que advierte con preocupación sobre el posible cierre del Centro de Menores de Santa Cruz, en la Región de Murcia. Y lo ha hecho sin rodeos: lo consideran una amenaza directa al bienestar de decenas de menores migrantes no acompañados que hoy dependen de esa estructura para vivir con dignidad.
La carta, firmada por el presidente de la SPSE, Juan Antonio Ortega García, y respaldada por su junta directiva, representa un punto de inflexión. No es habitual que una sociedad científica dé este tipo de pasos, pero el contexto lo exige. “No es momento de silencio. La infancia necesita referentes”, afirma Ortega con una claridad que no deja espacio para interpretaciones suaves.
El Centro de Menores de Santa Cruz acoge actualmente a 60 niños y adolescentes, muchos de ellos migrantes no acompañados, y da empleo a más de 80 profesionales. Su posible cierre se enmarca dentro de los acuerdos políticos entre el Partido Popular y Vox, en los que se plantea un cambio de modelo de acogida infantil hacia estructuras más reducidas y supuestamente más humanizadas.
La SPSE no rechaza ese principio. De hecho, apoya la evolución hacia centros de menor escala y trato más personalizado. Pero denuncia que, en este caso, no hay una propuesta clara de transición ni una alternativa estructurada que garantice la protección de los menores, su escolarización, su salud emocional ni su desarrollo educativo.
“El cierre parece, más bien, una cesión política, sin base técnica ni social que la sostenga”, señala la carta. Una crítica directa a la instrumentalización de los menores en decisiones de calado ideológico, sin una evaluación seria de los impactos en sus vidas. En palabras más llanas: se está jugando con fuego.
Los pediatras del sureste han decidido no mirar hacia otro lado. En el marco del Día de la Pediatría 2024 —una jornada de reflexión impulsada por la SPSE bajo el lema «Compromiso por la infancia migrante: hacia un futuro inclusivo»— ya dejaron claro su posicionamiento a favor de una infancia segura, digna e integrada. Pero los acontecimientos recientes han obligado a pasar de las palabras a la acción.
Desde la Sociedad de Pediatría se está construyendo una propuesta de posicionamiento institucional más contundente, que será debatida por la Junta Directiva y consultada entre sus miembros. Además, han iniciado una ronda de contactos con expertos, colectivos sociales y representantes públicos para sumar fuerzas y presionar por una solución con garantías.
Su objetivo no se queda en la Región de Murcia. Quieren que este modelo de respuesta se escale a la Asociación Española de Pediatría (AEP), para que se convierta en un referente nacional. Porque el problema no es local: el trato a la infancia migrante está en entredicho en muchas comunidades autónomas. Y si los que más saben del bienestar infantil no se pronuncian, ¿quién lo hará?
El posicionamiento de la SPSE se basa en tres principios claros:
- Todo menor, venga de donde venga, merece protección, afecto y oportunidades.
- Las decisiones sobre su futuro deben estar basadas en criterios de salud, desarrollo y derechos humanos, no en intereses políticos.
- Los cambios en el modelo de acogida deben planificarse con tiempo, recursos y humanidad.
Con esa base, los pediatras reclaman una acogida digna, de calidad, con equipos formados y estructuras acogedoras. Denuncian que no se puede “transformar” el sistema a golpe de cierre sin haber construido previamente una alternativa. Con la infancia no se improvisa.
La carta finaliza con un tono firme pero sereno, como corresponde a una sociedad científica. “Sin gritos, pero con firmeza. Con ciencia y con alma”. Porque esto no va de ideología, va de niños. Y eso -por si alguien lo ha olvidado- debería ser sagrado.