La macrogranja porcina situada en el paraje El Campillo, en Puerto Lumbreras, continúa operativa a pesar de que la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia anuló en enero de 2024 la resolución administrativa que permitió su ampliación en diciembre de 2020 y a que carece de licencia de actividad, de licencia urbanística y, además, no tiene autorización para la explotación de recursos hídricos por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura.
La explotación ganadera pertenece a Juan Jiménez García S.A.U., integrada en el grupo empresarial JISAP, uno de los principales operadores del sector porcino en el sudeste español.
La Consejería de Agricultura vulneró el procedimiento legal
Según el Dictamen 365/2023 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, al que ha tenido acceso RRNEWS, la autorización que permitía aumentar la capacidad de la explotación hasta 1.888 cerdas reproductoras se concedió sin contar con informes ambientales obligatorios y exigidos por la normativa autonómica, estatal y europea. Esta omisión constituyó, según el dictamen, una causa de nulidad de pleno derecho conforme al artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.
El Dictamen 365/2023 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia identificó dos trámites ambientales esenciales que fueron omitidos por la Consejería en la autorización concedida en 2020 a la macrogranja porcina de Puerto Lumbreras. Ambos eran preceptivos, obligatorios y anteriores a cualquier otra autorización:
1-Evaluación de Impacto Ambiental: Esta evaluación debía haberse tramitado al superar la explotación las 750 plazas de cerdas reproductoras, umbral a partir del cual la legislación exige someter el proyecto a evaluación ambiental ordinaria (según la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, y su Anexo I). La EIA es un instrumento preventivo y vinculante que permite valorar los posibles efectos de una actividad sobre el medio ambiente antes de su aprobación
2-Autorización Ambiental Integrada: Igualmente obligatoria para instalaciones ganaderas intensivas de estas dimensiones, la AAI unifica en una sola autorización todas las condiciones ambientales que debe cumplir la explotación (emisiones a la atmósfera, gestión de residuos, vertidos, etc.). Así lo establecen el Real Decreto Legislativo 1/2016 y la Ley regional 4/2009, así como la normativa europea sobre emisiones industriales. Esta autorización debía haberse obtenido antes de la autorización ganadera zootécnica.
El Consejo Jurídico calificó estos trámites como esenciales y concluyó que su omisión supuso una vulneración grave del procedimiento legalmente establecido, razón por la cual dictaminó la nulidad de pleno derecho de la resolución de 2020.
Dos inspecciones, pero sin orden de cierre
La Consejería de Agricultura abrió el procedimiento de revisión de oficio el 16 de junio de 2023 y realizó una primera inspección el 29 de junio de ese mismo año. La inspección coincidió con la apertura de diligencias de investigación penal por parte de un juzgado. La resolución de anulación se dictó el 10 de enero de 2024 tras un demoledor dictamen del Consejo Jurídico que devolvió la explotación porcina a su clasificación y capacidad anteriores a 2020.
Recientemente, el 27 de marzo de 2025 se ha llevado a cabo una segunda inspección, tras la cual se ha abierto un trámite de audiencia al interesado.
La explotación continúa en funcionamiento, y no se ha emitido orden de cierre ni se ha confirmado la existencia de sanciones firmes hasta la fecha por parte de la Comunidad Autónoma.
Procesamiento judicial en curso
Además del procedimiento administrativo, el empresario Juan Jiménez será juzgado por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Según el auto judicial, la macrogranja opera sin licencia urbanística, sin licencia de actividad y sin autorización hídrica por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura.
En el mismo procedimiento judicial, también ha sido procesada la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, que será juzgada por un presunto delito de prevaricación continuada relacionado con la permisividad en el funcionamiento de esta instalación ganadera sin las autorizaciones correspondientes.
Subvenciones públicas y vínculos empresariales
Entre 2019 y 2024, el grupo JISAP ha recibido subvenciones por valor de 2,6 millones de euros procedentes de la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, destinadas al fomento y modernización de explotaciones agroalimentarias.
Además de su actividad ganadera, la empresa también ha ejecutado proyectos en el ámbito sociosanitario. JISAP fue la encargada de construir la única residencia para mayores existente en Puerto Lumbreras, denominada Residencia Puerto Sol, inaugurada en 2021. A día de hoy, el centro alberga pocos usuarios debido a su elevado coste mensual, de 1.700 euros. El IMAS ha concertado 3 plazas con la citada residencia privada.