El Juzgado de Instrucción Nº 7 de Lorca ha dictado auto de apertura de juicio oral en un caso que involucra presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio. Entre los acusados se encuentran la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túñez García (PP) y el empresario ganadero Juan Jiménez Sau. La Audiencia Provincial de Murcia será el órgano encargado del juicio.
La denuncia partió de Ecologistas en Acción. La alcaldesa de Puerto Lumbreras ha permitido la actividad ilegal de una macrogranja de cerdos ubicada en el paraje El Campillo, propiedad del poderoso ganadero de porcino Juan Jiménez.
La macrogranja alberga 1888 cerdas reproductoras y no dispone de licencia urbanística que sustente las edificaciones existentes en la parcela, no dispone de Declaración Ambiental Integrada, no dispone de licencia de actividad y no dispone de recursos hídricos lícitos que permitan el suministro de agua ya que la Confederación Hidrográfica del Segura emitió informe desfavorable tal y como hemos venido informando en RRNEWS.
Penas solicitadas
El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación presentado el 29 de noviembre de 2024, acusa al empresario Juan Jiménez García, S.A.U. de un delito contra la ordenación del territorio y urbanismo, recogido en el artículo 319.1 y 4 del Código Penal. Se solicita una multa de 600.000 euros, la suspensión de su actividad durante dos años y el pago de costas.
Por otro lado, la asociación Ecologistas en Acción de la Región de Murcia ha presentado una acusación particular contra la alcaldesa el PP, María Ángeles Túnez García, a quien se le atribuye un delito continuado de prevaricación, tipificado en el artículo 404 del Código Penal, en relación con el artículo 74.1. La acusación solicita una pena de inhabilitación especial para cargo público durante 12 años y la imposibilidad de ejercer el derecho de sufragio pasivo.
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se ha adherido a la acusación del Ministerio Fiscal mediante escrito presentado el 10 de mayo de 2024 y ratificado el 11 de febrero de 2025.
El auto judicial establece que no concurren los supuestos de sobreseimiento y que los indicios racionales de criminalidad siguen vigentes. En este sentido, se han ratificado las medidas cautelares previamente impuestas a los acusados. Aunque no se ha decretado prisión provisional, el juzgado ha mantenido el embargo de bienes suficiente para garantizar las responsabilidades pecuniarias.
El artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite adoptar estas medidas para asegurar el pago de posibles sanciones económicas, especialmente en delitos con consecuencias patrimoniales significativas.
Competencia de la Audiencia Provincial
Dada la gravedad de los delitos y las penas solicitadas, el Juzgado de Instrucción ha declarado la competencia de la Audiencia Provincial de Murcia para el enjuiciamiento del caso. En cumplimiento del artículo 784.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ha trasladado a los acusados copia del escrito de acusación y se les ha otorgado un plazo de tres días para designar abogados y procuradores, o en su defecto, se les asignarán de oficio. Posteriormente, contarán con cinco días para presentar sus escritos de conformidad o disconformidad con las acusaciones y proponer pruebas.
El auto especifica que contra la decisión de apertura de juicio oral no cabe recurso, salvo en lo relativo a la situación personal de los acusados, para lo cual se podrá interponer un recurso de reforma en un plazo de tres días.
Con la apertura de juicio oral, el proceso entra en su fase definitiva, en la que se determinará la responsabilidad penal de los acusados y las posibles sanciones a imponer.
Desde Ecologistas en Acción se siguen preguntando cómo es posible que la CARM esté permitiendo la actividad de esa macrogranja porcina sin haber comprobado nada. No hay informe favorable de la CHS, invade zona de rambla, no se sabe nada de la gestión de los purines. «Se trata de animales que van a matadero, cómo se controla eso si es ilegal. Están funcionando en B» denuncian desde la organización ecologista.