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La alcaldesa de Puerto Lumbreras declara mañana ante el juez por presunta prevaricación

La macrogranja no dispone de licencia urbanística, no dispone de Declaración Ambiental Integrada, no dispone de licencia de actividad y no dispone de recursos hídricos lícitos que permitan el suministro de agua ya que la CHS emitió informe desfavorable.

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La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, del PP, ha sido imputada por presunta prevaricación en relación a la actividad ilegal de una macrogranja de cerdos ubicada en el paraje El Campillo, aunque desde Ecologistas en Acción, de quien partió la denuncia, han pedido la juez que también sea imputada por un presunto delito contra Ordenación del Territorio y Urbanismo

Túnez declarará mañana ante el titular del juzgado de instrucción número 7 de Lorca. Junto a Túnez, también deberá declarar, en calidad de investigado, el exconcejal de agricultura y ganadería de Puerto Lumbreras, Cesar Gázquez Díaz y el dueño de la empresa Jisap, Juan Jiménez.

Todo arrancó a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción en abril de 2021 que fue admitida a trámite por el juzgado en enero de 2022.

El juez investiga la presunta actividad ilegal de una macrogranja de cerdos de Puerto Lumbreras autorizada previamente por la CARM.

La macrogranja alberga 1888 cerdas reproductoras y no dispone de licencia urbanística que sustente las edificaciones existentes en la parcela, no dispone de Declaración Ambiental Integrada, no dispone de licencia de actividad y no dispone de recursos hídricos lícitos que permitan el suministro de agua ya que la CHS emitió informe desfavorable.

Según el informe de Seprona de la Guardia Civil ordenado por el juzgado al que ha tenido acceso RRNews, las seis naves (cuatro nuevas y dos reformadas) donde se albergan los animales ocupan una superficie de 14.428 m2. Pero hay más conclusiones por parte de la Guardia Civil:

  • Las obras realizadas en la parcela de ampliación de la explotación ganadera existente, con la construcción de nuevas naves y otras obras, se ha realizado sin la Licencia Urbanística correspondiente.
  • En el Registro Regional de Explotaciones Porcinas, es decir en el REGA, el número de naves autorizadas es inferior al número de naves existentes actualmente en dicha explotación, teniendo autorizadas 2 naves y actualmente hay 6.
  • Se está realizado el ejercicio de una actividad, careciendo de Licencia de Actividad actualizada a la modificación sustancia realizada en dicha explotación ganadera.
  • La reforma de las balsas de purines se han realizado ocupando las zonas de protección de cauce de dominio público hidráulico careciendo de autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura.
  • Se ha construido un embalse para agua, careciendo de las correspondientes autorizaciones y además para la construcción del mismo se ha realizado un desmonte sin tenerlo autorizado.

Ecologistas en Acción, personados en la causa, ha pedido al juzgado que ordene el cese de la actividad porcina que se está llevando a cabo en la granja objeto de investigación propiedad de la mercantil Jisap.

Según ha relatado el abogado de Ecologistas en Acción, José Manuel Muñoz, este empresario presentó una declaración responsable para arreglar el tejado de las dos naves existentes en el paraje El Campillo de Puerto Lumbreras y terminó construyendo seis naves nuevas, sala de incineración, balsa de purines y hasta un embalse de agua.

Desde Ecologistas en Acción se preguntan cómo es posible que la CARM esté permitiendo la actividad de esa macrogranja porcina sin haber comprobado nada. «Tampoco hay informe favorable de la CHS, invade zona de rambla, no se sabe nada de la gestión de los purines. Se trata de animales que van a matadero, cómo se controla eso si es ilegal. Es como dijéramos que están funcionando en B» denuncian.

El Ayuntamiento tardó dos años en inspeccionar

La organización ecologista registró el primer escrito de denuncia ante el consistorio lumbrerense el 10 de julio de 2020 y lo reiteró el 24 de diciembre de 2020, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras no incoó el correspondiente expediente de infracción urbanística hasta finales de 2022. El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras tardó más de dos años en incoar expediente sancionador por construir sin licencia y lo hizo una vez que el juez se puso a investigar.

Para Ecologistas en Acción “se pone de manifiesto que la Alcaldesa de Puerto Lumbreras ha silenciado las infracciones que se estaban cometiendo, además de omitir la realización de las inspecciones correspondientes y necesarias para su constatación”. Tampoco ha paralizado las obras.

Ecologistas en Acción también ha pedido que sea citado en calidad de investigado el Jefe de Servicio de Producción Animal de la Dirección General de Ganadería y Pesca de la Consejería de Agricultura y Agua, Enrique J. Navarrete Jiménez, por un presunto delito de prevaricación. «Deberá explicar cómo es posible que permita la actividad ganadera sin la obligatoria Declaración Ambiental».

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