Murieron 13 personas en una trampa mortal. No fue un mero accidente. Murieron en una ratonera decorada con gasolina, sin salidas de emergencia, sin seguridad, sin control. Y lo más grave: con el visto bueno del Ayuntamiento de Murcia.
Hoy, gracias a un demoledor informe pericial encargado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, ya no es solo la palabra de las familias. Es la voz de una arquitecta forense que, con más de 150 páginas de pruebas, planos, normativa y evidencias, corrobora punto por punto lo que las víctimas llevan meses gritando sin que nadie las escuche. ¿Y qué hace la justicia? Nada. Absolutamente nada.
Las familias pidieron que se investigara la responsabilidad del Ayuntamiento de Murcia. Solicitaron que se abriera una pieza separada para seguir el rastro de las decisiones (o indecisiones) que permitieron que un local preñado de irregularidades e incumplimientos siguiera funcionando como si nada. La jueza lo rechazó. Recurrieron el archivo ante la Audiencia Provincial. A día de hoy, siguen esperando. Nadie se ha pronunciado.
Escucha aquí la entrevista a Jairo, padre de una de las 13 víctimas:
También presentaron una querella por la vía penal contra funcionarios y cargos políticos a los que consideran directamente responsables. La querella cayó en otro juzgado. Ese juzgado se quitó el caso de encima. Lo envió a la misma jueza del Juzgado número 3. Y ella, aunque admitió la querella, no ha movido ni un solo papel desde entonces. ¿Qué está pasando?
En esa querella, de más de 100 folios, las familias de las víctimas no se limitaron a señalar el desastre. Lo documentaron con detalle, con nombres, fechas y pruebas que deberían haber estremecido a cualquier juez con sentido de la justicia.
Denunciaron:
- Ausencia total de sanciones a Teatre, a pesar de funcionar de forma ilegal durante años.
- Falta de inspecciones regulares, incluso tras denuncias reiteradas.
- El trato de favor e información privilegiada que, según los querellantes, recibieron los promotores del local desde dentro del Ayuntamiento.
- La omisión sistemática de las irregularidades más graves detectadas por la Policía Local, que no aparecieron reflejadas en los informes oficiales.
- La admisión fraudulenta de falsas salidas de emergencia que, en realidad, eran puertas de comunicación interior, por parte de los funcionarios responsables de la prevención de riesgos.
Lo que la querella expone no es un error puntual. Es un entramado de connivencias, descontrol administrativo y dejación de funciones. Y, sin embargo, no ha provocado ni una citación, ni una medida cautelar, ni una sola imputación.
La inspección municipal realizada en marzo de 2018 (Acta 47/18) no detectó las irregularidades, pese a que ya existían denuncias previas de la Policía Local sobre incumplimientos en materia de seguridad como informó en exclusiva RRNEWS. La omisión del deber de control administrativo es clamorosa, pero la jueza no ve nada.
¿Justicia para quién?
No es una pregunta retórica. Es una interpelación directa. ¿Qué está pasando, señora jueza? ¿Por qué no se investiga a quienes autorizaron una discoteca sin condiciones de seguridad mínimas? ¿Por qué no se imputa a los técnicos municipales que no vieron lo que el informe pericial ahora detalla con absoluta contundencia? ¿Por qué no se llama a declarar a ningún responsable político? ¿Hay alguna orden de no tocar a nadie del Ayuntamiento de Murcia? ¿Se está protegiendo a alguien? ¿Habría pasado lo mismo si las víctimas fueran hijos de familias murcianas, con apellidos de toda la vida, y no chicos y chicas sudamericanos?
La pregunta duele. Pero está en la calle. La hacen las familias. La hacen los abogados. La hacemos los periodistas. Y, hasta ahora, nadie responde.
Un edificio que nunca debió abrir
El informe de la arquitecta Elena Bolarín es claro: las discotecas no cumplían la normativa vigente desde 2006. No había compartimentación ignífuga entre locales. Las puertas no eran cortafuegos. La instalación eléctrica y de climatización era un coladero para el fuego. Las salidas de emergencia eran una ficción. La decoración, combustible puro.
El certificado de ignifugación no valía. Parte de la fachada se reformó sin licencia. El grupo electrógeno se instaló en un pasillo de evacuación. Y nadie hizo nada. Ni los técnicos que inspeccionaron. Ni los funcionarios que firmaron. Ni los políticos que miraron hacia otro lado.
Señora jueza, ¿y ahora qué?
Ahora hay un informe pericial oficial que certifica la verdad que las familias han defendido desde el principio. ¿Seguirá usted sin ver nada? Los abogados de las familias han pedido imputaciones concretas. El nombre del ingeniero. Los nombres de los funcionarios. Los cargos de los políticos responsables. Todo está sobre su mesa.
Treinta minutos duró el infierno. Suficiente para que murieran trece personas en un espacio que nunca debió abrir. Una discoteca que jamás fue segura. La justicia no puede seguir haciendo como si nada. El Ayuntamiento no puede seguir amparado en el silencio. Y los responsables, todos, deben sentarse ante un juez. Cuanto antes.
59 muertos, 15 detenidos. 13 muertos, ni uno
El 16 de marzo de 2025, en la ciudad de Kočani, Macedonia del Norte, 59 personas murieron abrasadas en el incendio de la discoteca Pulse. Las chispas de un espectáculo pirotécnico prendieron fuego al techo. En pocas horas, 15 personas estaban detenidas. En Murcia, el 1 de octubre de 2023, murieron 13 personas. A día de hoy, ni un solo responsable político investigado, ningún técnico municipal. Solo los dueños de las discotecas.
¿Aquí qué esperamos? ¿Una orden política? ¿Un apellido ilustre entre los fallecidos? ¿Un trending topic que incomode lo suficiente?
Lo ocurrido en Murcia fue una cadena de negligencias consentidas. Pero lo que está ocurriendo después es, directamente, una burla a las víctimas. A sus familias. Y a la idea misma de justicia.