Dos de las familias de las víctimas del incendio de Teatre, representadas por el abogado José Manuel Muñoz, registran hoy una querella contra contra el actual edil de urbanismo, Antonio Navarro Corchón, contra el anterior concejal, Andrés Guerrero, y contras tres funcionarios municipales.
Los denunciantes piden a la juez que proceda a investigar la actuación de los miembros del Ayuntamiento de Murcia, al objeto de determinar si la omisión en la ejecución de la orden de cierre y precinto constituye un hecho tipificado como prevaricación por omisión y su repercusión en los hechos acontecidos.
Debemos recordar que el 5 octubre de 2023, el abogado José Luis Mazón también presentó denuncia penal contra funcionarios y políticos del Ayuntamiento de Murcia y que el 6 de noviembre, la juez decidió incoar diligencias previas de investigación contra el Ayuntamiento de Murcia que incorporó a la causa general y de la que solo dio traslado a Fiscalía. La pieza separada, por tanto, ya existe y la querella que ahora presentan las familias se incorpora a esa pieza.
También solicitan a la juez que requiera al Jefe de Servicio de Informática de Murcia, para que haga entrega al Juzgado de la relación de visitas que se han realizado a los expedientes de Teatre, concretando los sujetos que han entrado.
Querella de 100 folios
En una querella de casi 100 folios, a la que ha tenido acceso RRNews en exclusiva, los denunciantes exponen toda una serie de irregularidades e incumplimientos de la normativa vigente por parte del Ayuntamiento de Murcia puesto que fallecieron 13 personas no como consecuencia del incendio sino de su propagación.
Sostienen los querellantes, asesorados por un importante equipo de expertos en urbanismo, que no solamente ha fallado el control administrativo, sino que determinados sujetos de la Administración «han sido elementos activos en esa dinámica de omisión, proponiendo y practicando actuaciones para mantener las situaciones de ilegalidad«.
«Ya no es que se hayan consentido irregularidades omitiendo actuaciones de control, que también, sino que se han elaborado estrategias de actuación para solventar las incidencias que iban surgiendo para el mantenimiento de la actividad irregular, consiguiendo con ello mantener en funcionamiento de la actividad en condiciones de irregularidad«.
La querella recoge de manera detallada hasta 21 irregularidades e incumplimientos que «han permitido que la actividad esté funcionando prácticamente desde su inicio de una forma ilegal, con graves incumplimientos de la legalidad vigente en materia esencial en cuanto a la seguridad de las personas, agudizándose la gravedad de sus incumplimientos en la última década y especialmente en los últimos años».
Utilizaron los procedimientos de legalización para que Teatre siguiera funcionando de forma irregular.
«Frente la resolución final de un proceso de legalización en la que se desestimaba la opción de regularizar, aún en ese supuesto, se incoa otro procedimiento de regularización, generando así una situación esquizofrénica, kafkiana y esperpéntica puesto que nos encontramos con dos procesos de legalización abiertos sobre el mismo local y con el mismo proyecto; en uno se dictan resoluciones para que se proceda al precinto y cierre de la actividad del local y en el otro, se le otorga un plazo para aportación de documentación».
«Resulta especialmente significativo que se abran expedientes de legalización para una actividad que se desarrolla en el local que está fuera de ordenación y frente al que no cabe, en los términos que lo caracterizan, su legalización. Nos preguntamos por qué se ha permitido iniciar expedientes de legalización si la actividad se desarrolla en un local que nunca podrá legalizarse» dice la querella.
«Los procedimientos de legalización están hechos en fraude de ley, incoados con la exclusiva finalidad de evitar procedimientos sancionadores que impliquen sanciones y cese de la actividad» dice la querella.
Consintieron incumplimientos que comprometían la seguridad
Ausencia de sanciones a Teatre pese al funcionamiento ilegal, falta de inspecciones, información privilegiada a los promotores, ausencia de control de proyectos, omisión de las irregularidades más graves detectadas por la Policía Local en los expedientes por parte del inspector y admitir como salidas de emergencia lo que, en realidad, eran puertas de comunicación interior por parte del funcionario responsable de prevención de riesgos son solo algunas de las irregularidades denunciadas.
Es más, desde el Servicio de Prevención de Incendios se consideró a todo el local como un único sector a efectos de prevención de incendios una vez dividido en dos: Teatre y Fonda divididos por un tabique cuando debía de haber dos sectores a efectos de prevención de incendios, cumpliendo cada uno de ellos la normativa específica de sectorización. De hecho, Fonda Milagros debería haber dispuesto de una segunda escalera.
El funcionario responsable sabía que Fonda Milagros en su parte superior, donde fallecieron las 13 personas, solo tenía una escalera y carecía de salida de emergencia.
Para los denunciantes, la división de Teatre en dos locales constituyó «otra ilegalidad totalmente permitida que generaba un riesgo incluso mortal».
«Si hubiesen sido dos sectores, la planta superior de Fonda Milagros, o bien hubiera tenido dos escaleras, una donde está y a la otra cercana a la zona donde estaban las víctimas, o bien no hubiera tenido tantos palcos por no reunir el recorrido de evacuación, todo ello en aras de la seguridad y salud de los usuarios».
El recorrido de evacuación debía de ser de 25 metros y, en realidad, era de 36,6 metros que había desde el palco hasta la escalera, a los que habría que sumarle los 14,8 que hay desde la escalera hasta la puerta de la calle.
«Este dato es fulminante, porque la gran mayoría de los fallecidos se encontraban en el palco que estaba a 36,6 m. de la escalera, siendo un factor determinante para su fallecimiento la excesiva distancia hasta la salida de emergencia».
Convencidos de la presunta prevaricación por omisión
Los denunciantes se muestran convencidos de que los ediles Navarro Corchón y Andrés Guerrero y tres funcionarios del Ayuntamiento de Murcia que conocían perfectamente la situación de la discoteca Teatre, presuntamente cometieron un delito de prevaricación por omisión y que como consecuencia de su negligente actuación, mantenida a lo largo de los años, 13 personas han perdido la vida.
