Más de 10.000 menores migrantes no acompañados están actualmente bajo tutela de las comunidades autónomas en España, 500 de ellos en la Región de Murcia, según datos del Ejecutivo murciano.
El presidente autonómico, Fernando López Miras, ha dicho que la Región de Murcia «no va a acoger más menores. No tenemos capacidad» y anuncia recurso ante los tribunales de justicia contra la reforma legal que obliga a las autonomías a aceptar el reparto de menores migrantes no acompañados. Al mismo tiempo, la dirección nacional del PP recalca que sus comunidades no dejarán de aplicar la ley, lo que de facto implica que no podrán oponerse a la acogida. La afirmación del portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha sido nítida: “No encontrarán una comunidad del PP que incumpla la ley”. Así las cosas no se sabe muy bien qué hará finalmente el Ejecutivo murciano.
A nivel nacional, Canarias es la comunidad que más menores migrantes tutela, con más de 5.000. Le siguen Cataluña, con 2.241 menores y 4.208 mayores de edad; la Comunidad de Madrid, con 937 niños y adolescentes; Baleares, con 588; Ceuta, con 400; Cantabria, con 212; Castilla y León, con 192; Asturias, con 101; Castilla-La Mancha, con 95; y La Rioja, con 13. Galicia, por su parte, informa de una ocupación del 104% en sus 80 centros de acogida, aunque no especifica cuántos de los acogidos son menores migrantes no acompañados.
El Gobierno de España ha dado de plazo hasta el 31 de marzo para que las comunidades autónomas informen sobre su capacidad de acogida, según ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Torres ha confirmado la aprobación de un real decreto-ley que reformará el artículo 35 de la Ley de Extranjería, una medida que llega tras un acuerdo con Junts, que ha cambiado su postura tras pactar con el PSOE la transferencia de competencias de inmigración a Cataluña.
Torres subraya que «no hay distribución numérica, sino petición de certificación», y llama a la transparencia en las cifras de menores acogidos en cada comunidad autónoma. «¿Qué razones humanitarias pueden justificar negarse a acoger a estos menores, si además ofrecemos la posibilidad de certificar si un territorio está saturado?».
El nuevo sistema de reparto se basará en criterios como la población (50%), la renta per cápita (13%), la tasa de paro (15%), el esfuerzo en acogida (6%), el dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), la condición de ciudad fronteriza (2%), la insularidad (2%) y la dispersión geográfica (2%).
La capacidad de acogida se calculará dividiendo la población de cada comunidad autónoma a 31 de diciembre del año anterior entre el cociente resultante de dividir la población total de España entre el número máximo de menores migrantes no acompañados atendidos por el sistema de protección español. Este cálculo dependerá de los datos que envíen las comunidades hasta el 31 de marzo de 2025 y de su inscripción en el registro de menores, con certificación del Ministerio de Juventud e Infancia.
VOX pide la expulsión de los menores
El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha afirmado recientemente que «lo que hay que hacer con los menores inmigrantes no acompañados (menas) es devolverlos con sus padres, en su ambiente cultural y con sus familias». Sin embargo, esta afirmación, además de simplista, ignora por completo la legislación vigente y las obligaciones internacionales de España en materia de protección de menores.
La realidad es que los menores extranjeros no acompañados están protegidos por el sistema legal español e internacional, y su repatriación no puede hacerse de forma arbitraria.
El Tribunal Supremo de España ha dictaminado que las devoluciones de menores deben cumplir estrictamente con el procedimiento legal establecido en la Ley de Extranjería, que incluye la evaluación individual de cada caso y la garantía de los derechos del menor.