El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha afirmado recientemente que «lo que hay que hacer con los menores inmigrantes no acompañados (menas)es devolverlos con sus padres, en su ambiente cultural y con sus familias». Sin embargo, esta afirmación, además de simplista, ignora por completo la legislación vigente y las obligaciones internacionales de España en materia de protección de menores.
La realidad legal: la repatriación no es automática
Antelo menciona el artículo 35 de la Ley de Extranjería como fundamento para devolver a los menores no acompañados a sus países de origen. Sin embargo, dicho artículo establece criterios estrictos para que la repatriación sea posible:
- Interés superior del menor: La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de la que España es firmante, establece que cualquier decisión debe priorizar el bienestar del menor. Si existe riesgo de abuso, abandono o explotación en su país de origen, la repatriación queda descartada.
- Garantías de tutela y protección: La ley exige que el menor tenga un entorno seguro y adecuado al que regresar. Esto implica que las autoridades españolas deben verificar que el menor cuenta con familiares que puedan hacerse cargo de él en condiciones dignas.
- Competencias exclusivas del Estado: Aunque Vox sugiere que la Región de Murcia podría firmar convenios de repatriación, lo cierto es que las comunidades autónomas no tienen competencias en materia de política exterior ni acuerdos bilaterales con terceros países. La gestión de repatriaciones corresponde al Gobierno central y depende de la colaboración del país de origen.
Acuerdos de repatriación: un proceso complejo
España tiene acuerdos de repatriación con algunos países como Marruecos o Senegal, pero estos no significan que los menores puedan ser devueltos sin más. Cada caso se estudia individualmente, y en muchos de ellos se determina que la repatriación no es viable porque no hay garantías de protección en el país de origen.
En el caso de Marruecos, el acuerdo de 2007 establece que los menores pueden ser repatriados solo si se garantiza que volverán con su familia o bajo la tutela de las autoridades marroquíes. La realidad es que la mayoría de los menas que llegan a España huyen de la pobreza extrema o de situaciones de violencia y abandono, lo que hace inviable su retorno.
Además, el Tribunal Supremo de España ha dictaminado que las devoluciones de menores deben cumplir estrictamente con el procedimiento legal establecido en la Ley de Extranjería, que incluye la evaluación individual de cada caso y la garantía de los derechos del menor.
¿De qué huyen los menores inmigrantes?
Los menores extranjeros no acompañados no emigran por capricho. En la mayoría de los casos, huyen de situaciones extremas que ponen en peligro su vida y bienestar. En países como Marruecos, Senegal o Argelia, la falta de empleo, educación y recursos básicos empuja a los menores a viajar en busca de un futuro mejor. En muchos casos, son sus propias familias quienes los envían con la esperanza de que encuentren un futuro mejor y puedan enviar remesas de dinero.
Muchos menores provienen de países en guerra o en situaciones de conflicto interno, como Malí, Sudán del Sur o la República Centroafricana. Huyen de enfrentamientos entre grupos armados, gobiernos represivos y ataques de organizaciones terroristas como Boko Haram o Al Qaeda en el Magreb Islámico. Algunos buscan evitar ser reclutados forzosamente como soldados.
Algunos menores han sufrido maltrato físico, psicológico o sexual dentro de sus propias familias. En estos casos, la migración se convierte en su única vía de escape para sobrevivir y protegerse de abusos sistemáticos. Otros huyen de redes de trata de personas, donde son víctimas de explotación laboral o sexual. En ciertos países, los menores son vendidos o utilizados para el tráfico de drogas, la mendicidad forzada o trabajos en condiciones de esclavitud en minas, fábricas o campos de cultivo.
Expulsión por «no adaptarse»: una ilegalidad manifiesta
Otro de los puntos polémicos del discurso de Antelo es su afirmación de que se debería «exportar» a inmigrantes que «no se adapten a nuestras costumbres». Esta idea no solo es jurídicamente inviable, sino que también choca frontalmente con la Constitución Española y los tratados internacionales sobre derechos humanos.
España no puede expulsar a una persona por razones culturales o ideológicas. La ley de Extranjería permite la expulsión de extranjeros solo en casos de delitos graves o irregularidades en su situación administrativa, pero en ningún caso por «no adaptarse» a ciertas costumbres.
El discurso de Vox sobre los menas es un ejemplo de populismo basado en la simplificación de un problema complejo. La realidad es que los menores extranjeros no acompañados están protegidos por el sistema legal español e internacional, y su repatriación no puede hacerse de forma arbitraria.
El precedente del acuerdo en la Comunidad Valenciana
El reciente acuerdo entre el PP y Vox en la Comunidad Valenciana para la aprobación de los presupuestos autonómicos ha sentado un peligroso precedente al asumir postulados de extrema derecha en materia migratoria y climática.
«La Comunidad Valenciana buscará las fórmulas legales para que los menores no acompañados que han llegado a nuestro territorio puedan volver con sus padres y familias», ha subrayado el presidente Carlos Mazón al dictado de la extrema derecha.
El pacto, respaldado por la dirección nacional del PP, abre la puerta a acuerdos similares en otras comunidades autónomas, incluyendo la Región de Murcia, donde Vox presiona para endurecer las políticas sobre menores extranjeros no acompañados.
Este tipo de pactos no solo consolidan el discurso xenófobo dentro de las instituciones, debilita al Partido Popular. VOX está imponiendo sus postulados racistas y xenófobos al PP de Feijóo. El acuerdo político en la Región de Murcia está al caer. Solo falta saber si López Miras, como ha hecho Mazón, también criminalizará la inmigración de manera tan vergonzosa y miserable.