España tiene nueva Estrategia Estatal LGTBI+ para el periodo 2025-2028. La ha diseñado el Ministerio de Igualdad, que este lunes ha enviado a las comunidades autónomas una propuesta con casi 300 medidas para garantizar la igualdad de trato, frenar los delitos de odio y proteger a las personas más vulnerables. La teoría es impecable. La práctica, más incierta: muchas de estas medidas dependen de que las comunidades autónomas —la mayoría en manos conservadoras— quieran aplicarlas.
La estrategia llega dos años después de la entrada en vigor de la Ley Trans. Aspira a ser el motor de la política LGTBI+ en todo el territorio nacional y se evaluará cada cuatro años. El seguimiento lo realizará el Ministerio de Igualdad, con informes anuales en los que cada administración deberá rendir cuentas.
Bajan las denuncias, pero no el odio
El anuncio del plan coincide con un escenario contradictorio. Según el Ministerio del Interior, en 2024 se registró un descenso del 13,8% en las denuncias por delitos de odio. Pero el propio ministro Grande-Marlaska lo ha dicho claro: no es que haya menos odio, es que se denuncia menos. Y lo achaca a la normalización del discurso de intolerancia desde ciertas esferas políticas.
Los datos lo confirman: solo 2 de cada 10 personas LGTBI+ que sufren un ataque llegan a denunciarlo. Y de las más de 57.000 denuncias por delitos de odio interpuestas en los últimos cinco años, apenas 29 han terminado en condena, según reveló la Encuesta Estado LGTBI+ 2024 (FELGTBI+ y 40dB). ¿Justicia? La justa.
Cataluña es un buen termómetro. En 2024 alcanzó máximos históricos en agresiones por LGTBIfobia: 318 casos, el 25% contra personas trans. El tipo de agresión más común: la física. Las víctimas más habituales: hombres gais y mujeres trans. Todo esto, mientras en redes sociales los mensajes de odio al colectivo subieron un 130%, según la FELGTBI+.
¿Qué propone la Estrategia?
El plan estatal plantea tres ejes clave: igualdad de trato, no discriminación y garantía de derechos. En ese marco se incluye:
- Un Pacto de Estado contra los discursos de odio.
- Educación sexual obligatoria en todas las etapas educativas.
- Prohibición efectiva de las terapias de conversión.
- Protección específica contra la violencia LGTBIfóbica, también en relaciones de pareja.
- Creación de una Autoridad Independiente para vigilar y actuar ante la discriminación.
- Campañas de sensibilización dirigidas a empresas, medios, influencers y publicistas.
- Actos conmemorativos y políticas de memoria histórica para reparar las violencias del franquismo y la Transición.
También se prevé un plan de trabajo anual del Consejo de Participación LGTBI, más coordinación con ONG y nuevas vías para denunciar ante el Defensor del Pueblo o la futura Autoridad Independiente.
¿Aplicable en toda España?
Ahí está la trampa. El plan necesita la implicación de las comunidades autónomas, que tienen competencias clave en educación, sanidad y servicios sociales. Y el panorama político no es precisamente favorable. Si el gobierno central impulsa la protección de los derechos LGTBI+, algunos ejecutivos autonómicos caminan justo en sentido contrario. Recientemente, la Asamblea Regional tumbó una moción de VOX que pretendía derogar la Ley LGTBI de la Región de Murcia.
El documento elaborado por Igualdad se ha trabajado con organizaciones sociales, sindicatos y activistas, y se alimenta de buenas prácticas ya implementadas en algunas regiones. Pero en un país donde el odio al diferente aún se cuela en los portales, en las aulas y en los móviles, la gran pregunta sigue en el aire: ¿cuántas de estas medidas acabarán aplicándose?
La Federación Estatal LGTBI+ ha pedido a Europa priorizar la erradicación del discurso de odio en la Estrategia LGTBI+ 2025-2030. Según un informe de la Comisión Europea, políticos en 32 países (19 de ellos dentro de la UE) han intensificado los mensajes de odio transfóbico, usando discursos públicos que criminalizan o estigmatizan a personas trans. La Comisión lo califica de «tendencia preocupante y peligrosa» que pone en riesgo los principios democráticos y los derechos fundamentales. «Odio es odio, y nadie tiene por qué soportarlo» ha dicho en más de una ocasión la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
España, Croacia, Irlanda, Eslovaquia y Suecia se encuentran entre los Estados miembros donde la retórica transfóbica está en aumento, mientras que también se ha detectado en debates parlamentarios en Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Portugal.