En la Asamblea Regional de Murcia, el diputado de VOX, Antonio Martínez, volvió a protagonizar una intervención parlamentaria que trasciende el debate político para adentrarse en el terreno del ataque directo a los derechos humanos.
Con un discurso cargado de falacias, desinformación y desprecio por la diversidad intentó justificar la derogación de la Ley LGTBI de la Región de Murcia, aprobada en 2016 con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de las personas LGTBI en la Región de Murcia. Una ley, por cierto, que el Gobierno regional de López Miras está incumpliendo.
Martínez intentó invalidar el derecho a la igualdad y la dignidad de un colectivo históricamente discriminado. En su intervención, el diputado recurrió a tópicos conspiranoicos como el «marxismo cultural», acusando a la ley de ser una herramienta de adoctrinamiento. «Han recetado una purga biopolítica desarrollada en el laboratorio del marxismo cultural», declaró, sugiriendo que la legislación es un intento de reeducación ideológica de la sociedad murciana.
Según él, hay que «liberar a las instituciones de la obligación de colgar banderas que no representan a la totalidad de las españoles, no puede haber favoritismo en oposiciones, no es correcto invadir espacio privado de las mujeres por abusones que deberían lavar su conciencia antes». Martínez opina que no debería haber un día del orgullo gay sino una día del orgullo agrario en España.
Uno de los puntos más alarmantes de su discurso fue la criminalización de la educación en diversidad afectivo-sexual en las aulas, tildándola de «perversión» y negando la realidad de los menores LGTBI, quienes siguen siendo víctimas de acoso escolar y discriminación. «Tenemos que proteger la pureza de la infancia frente a las clases de perversión en las aulas», aseveró, alimentando la falsa idea de que la educación en diversidad es un peligro para los niños.
Antonio Martínez protagonizó un discurso impregnado de un desprecio absoluto hacia la diversidad y los derechos conquistados por la comunidad LGTBI. Desde su posición pública, Martínez se permitió ridiculizar, minimizar y atacar la existencia misma de personas con orientaciones sexuales e identidades de género distintas a la suya. «La ley LGTBI es un panfleto que ofende a los ciudadanos porque les atribuye sentimientos machistas», argumentó, intentando presentar la lucha contra la discriminación como una supuesta persecución ideológica.
«Parece una pepona travestida»
Su nivel de desprecio es tal que se refirió a la Ley LGTBI como «una pepona travestida que no elimina ningún agravio y muestra todo el inventario de sus obscenidades».
Resulta alarmante que un representante público utilice semejante terminología, que no solo es ofensiva, sino que denota una absoluta falta de respeto por la dignidad humana. ¿Qué clase de pensamiento hay que tener para referirse a una legislación de protección de derechos como una «pepona travestida»? Este tipo de afirmaciones no solo revelan un profundo desconocimiento de la realidad LGTBI, sino una mentalidad enfermiza, cargada de odio y desprecio por la diversidad.
«¡Sus palabras dan asco!»
El socialista Miguel Ángel Ortega expresó lo que muchos ciudadanos sintieron al escuchar la intervención del diputado de VOX, Antonio Martínez, y es «asco». «¡Están en contra de todo. Están en contra de todo lo que representa la libertad!. Lo que les molesta a ustedes es que rectifiquen las injusticias. Les molesta que se combatan los privilegios. ¿Tanto les molesta que los niños sepan que es normal que a los hombres les gusten los hombres?». El diputado socialista recomendó a los diputados de VOX que se traten «sus fobias y prejuicios».
La Asamblea Regional tumbó la moción de VOX
Afortunadamente, la Asamblea Regional, con los votos de PSOE, PP y PODEMOS, tumbó la moción de VOX que pedía la derogación de la Ley LGTBI de la Región de Murcia. Los tres grupos parlamentarios acusaron a VOX de fomentar el odio y de querer el retroceso de los derechos sociales.
La ley aprobada por mayoría en 2016 no es una imposición ideológica como quiere hacer creer la extrema derecha sino un instrumento de garantía de derechos. Su derogación significaría un retroceso inaceptable en la lucha por la igualdad, dejando desprotegidas a miles de personas que aún hoy enfrentan discriminación, violencia y exclusión.