En Calasparra, población de unos 10.000 habitantes, existe un consenso generalizado: la Feria Taurina del Arroz y los encierros son actividades complementarias e interdependientes. Van de la mano. Más aún, constituyen la piedra angular de las festividades que se celebran cada año durante la primera semana de septiembre.
Su relevancia no solo radica en su profunda tradición, sino también en su significativo impacto social y económico, estimado en más de 3 millones de euros anuales. Según datos de la Policía Local de Calasparra, esos días los visitantes rondan las 20.000 y 30.000 personas, con picos de 40.000 en días festivos.
Entender el contexto y el impacto de estos festejos es clave para interpretar ciertas decisiones municipales. Asimismo, resulta imprescindible identificar a todos los actores involucrados en el caso «Feria Taurina del Arroz» para comprender que la denuncia que ha originado la causa judicial podría formar parte de una estrategia política calculada.
No es la primera vez. Un antecedente similar se dio con el caso «salarios», que también afectó a José Vélez y Jordi Ace, generando numerosos titulares periodísticos durante siete años de periplo judicial que concluyó con su archivo.
Curiosamente, en ambos casos judiciales está implicado el mismo abogado, Juan Rigabert, quien además es candidato del Partido Popular en las últimas elecciones municipales, socio de despacho de María Marín, presidenta del PP de Calasparra. Cabe mencionar que tanto Rigabert como Marín están imputados en un grave caso de presunta corrupción relacionado con Caravaca Jubilar, el cual permanece paralizado en los juzgados de Caravaca.
La primera denuncia relacionada con los festejos taurinos partió el edil Jesús Alajarín y fue archivada por la Fiscalía, que no encontró indicios de delito penal en la actuación de José Vélez y de su concejal de festejos.
«En el informe elaborado por el interventor municipal, corroborado por la documental que se aporta, se concluye que todas las obligaciones y pagos realizados en la aplicaciones presupuestarias de 2017 denominadas «3381.22636»-Encierros y otros festejos taurinos»… se encuentran debidamente justificados y se acompañan de los documentos justificativos y los pagos que se efectuaron» resolvió el Fiscal Superior, José Luis Díaz Manzanera, en su decreto de archivo de 5 de junio de 2019.
Ante este revés, los ediles Alonso Torrente, de Calasparra Vida, y Carlos Alajarín, hermano de Jesús Alajarín y desde 2023 concejal en representación del PP, asesorados por el abogado Juan Rigabert, optaron por presentar querella ante el Juzgado de Caravaca en marzo de 2021. En esta ocasión, la causa sí prosperó, y el Ministerio Público, que inicialmente había desestimado la denuncia al no apreciar irregularidad alguna en los gastos de los festejos taurinos, cambió de postura aún tratándose de la misma documentación.
En manos de la Audiencia Provincial
Si la Audiencia Provincial no lo impide, José Vélez, actual secretario general del PSRM-PSOE y diputado regional, será juzgado en relación con el caso «Feria Taurina del Arroz» de Calasparra. La Fiscalía pide para Vélez 8 años y medio de cárcel y 18 años de inhabilitación para el ejercicio de la política. Los titulares de prensa han sido numerosos al afectar a un cargo político del principal partido de la oposición.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz ha dictado la apertura de juicio oral y ha impuesto una fianza de 377.000 euros para cubrir una posible responsabilidad civil. Esta cantidad está destinada a indemnizar al Ayuntamiento de Calasparra por el supuesto perjuicio económico ocasionado al municipio. Sin embargo, no se ha acreditado daño alguno a las arcas municipales, dado que todos los gastos se vinculan a las fiestas patronales y los encierros y los precios abonados, en realidad, supusieron un ahorro a las arcas públicas.
Basta con revisar las facturas, analizar los gastos que históricamente ha asumido el consistorio calasparreño en relación con los festejos taurinos, y considerar los testimonios de los técnicos municipales que han comparecido ante el juez; o los informes que el interventor municipal remitió en su día al fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, con los documentos justificativos de los pagos efectuados.
La Secretaria del Ayuntamiento de Calasparra, a preguntas del fiscal, afirmó en sede judicial que optaron por la figura del convenio porque «en aquel momento nos pareció lo más conveniente dado que Chipé era la única empresa con la que se podía llevar a cabo porque tenía arrendada la plaza de toros«. ¿Pero por qué optaron por el convenio y no por la firma de un contrato? quiso saber el fiscal. La secretaria municipal respondió «porque la asesoría jurídica nos indicó que era la forma más adecuada».
Los delitos presuntamente cometidos —prevaricación, malversación y falsedad documental— habrían tenido lugar durante los festejos de la Feria Taurina del Arroz, entre 2017 y 2019, cuando José Vélez estaba al frente de la alcaldía de Calasparra. No obstante, Vélez no es el único implicado. El empresario Pedro Pérez «Chicote», de la empresa Chipé Producciones, junto los concejales de Festejos de esos años, Jordi Arce y Antonio José Merino, también enfrentan un posible juicio si la Audiencia Provincial no revierte la decisión tomada por Manuel Ingelmo Martín, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz.
El juez, con notable celeridad, decidió no valorar las pruebas presentadas por la defensa durante la fase de instrucción, argumentando que no era el momento procesal adecuado para hacerlo. Según él, dichas pruebas deben ser evaluadas en el juicio oral. Esta decisión ha generado sorpresa, especialmente en un caso tan mediático, ya que implica importantes consecuencias para los acusados.
La rapidez con la que se ha ordenado la apertura del juicio oral traslada la impresión de que la prioridad del juez era llevar el caso a esta etapa, independientemente de otros factores.
Además, el juez incluyó en su auto el delito de falsedad documental, un elemento significativo por tratarse de un delito castigado con penas de tres a seis años de prisión. Este hecho ha llamado aún más la atención porque la Fiscalía y el Partido Popular de la Región de Murcia, personado en la causa como acusación particular, añadieron este cargo de manera inesperada y en la última etapa del proceso. Esperaron a los escritos de acusación para incluirlo cuando a lo largo de toda la instrucción, ninguna de las partes mencionó acto falsario alguno.
¿Casualidad? «Ahora, sin posibilidad alguna de defensa, se nos acusa de no haber acreditado la realidad de un expediente: ¡Pero si nunca se nos ha preguntado nada!», señala con incredulidad el abogado Raúl Pardo Geijo, representante del dirigente socialista.
El letrado confía en que la Audiencia Provincial examine los recursos con detenimiento y verifique que «no hay ningún elemento documental ni indicio que permita deducir que el alcalde tuviera intención de actuar en la contratación analizada con un fin distinto al de garantizar el buen desarrollo de las fiestas patronales».
La investigación
La investigación judicial se ha centrado en las relaciones jurídicas entre el Ayuntamiento de Calasparra y la empresa Chipé Producciones, relativas a la cesión de los novillos de la Feria del Arroz para los encierros matutinos de las fiestas. Estas relaciones se materializaron mediante la firma de convenios de colaboración en 2017 y 2018, y mediante un contrato menor en 2019.
Los querellantes y la Fiscalía cuestionan la elección de la figura jurídica de los convenios, pero no logran identificar cuál habría sido la alternativa más adecuada dadas las circunstancias específicas del caso. Tampoco han imputado cargo alguno a la secretaria municipal que fue la encargada de diseñar los convenios tras consultar a los servicios jurídicos del consistorio. Nadie señala a los servicios de intervención municipales que dieron el visto bueno a los pagos.
La defensa ha explicado hasta la saciedad que se optó por la figura del «convenio» porque Chipé Producciones era la única empresa que disponía tanto de los novillos como de la plaza de toros en exclusividad, lo que hacía inviable contratar con otro empresario. Además, sostiene que los convenios no están obligados a detallar exhaustivamente todos y cada uno de los aspectos que puedan surgir en una relación bilateral de colaboración.
Por ora parte, tanto los querellantes como la Fiscalía señalan que el Ayuntamiento de Calasparra «habría abonado con dinero público determinados gastos cuyo beneficiario directo o indirecto fue el empresario investigado». Esto incluye pagos directos a Chipé Producciones por facturas que supuestamente carecen de justificación, desembolsos relacionados con la Feria Taurina del Arroz —una actividad privada— o gastos asociados a la plaza de toros, que es de titularidad privada.
Tanto la Fiscalía como los querellantes afirman que los desembolsos reales realizados por el Ayuntamiento para la cesión de las ganaderías destinadas a los encierros superaron ampliamente los precios pactados en los convenios firmados con la empresa Chipé Producciones. Dichos convenios establecieron pagos de 30.000 euros en 2017, 37.000 euros en 2018 y 15.000 euros mediante un contrato menor en 2019.
Según recoge el auto del juez, el consistorio calasparreño abonó facturas adicionales que elevaron los costos totales en 34.449 euros en 2017, 50.171 euros en 2018 y 53.239 euros en 2019, según los registros aportados a la investigación.
¿De qué gastos se trata?
Los costos asumidos por el Ayuntamiento de Calasparra incluyeron diversos conceptos como la limpieza de la plaza de toros y aledaños tras los eventos matutinos, el transporte del ganado para los encierros, el seguro de los novillos, la cartelería de los festejos taurinos, la actuación de la banda de música durante las novilladas, la retransmisión televisiva de los encierros, mejoras de accesibilidad en la plaza de toros y actos de promoción de la Feria del Arroz y los encierros.
El Ministerio Público atribuye malversación a los acusados por no vigilar y controlar la justificación todas y cada una de las partidas facturadas al Ayuntamiento de Calasparra y la defensa responde que «no hay ningún gasto que no se corresponda con las fiestas patronales».
De hecho, no existe ni una solo informe técnico municipal o de intervención que pusiera reparo alguno a los pagos, al contrario. Y no consta que los querellantes hayan acreditado gasto estrafalario alguno por parte del Ayuntamiento de Calasparra en relación a los festejos taurinos con motivo de las fiestas patronales.
Los gastos
1) Las retransmisiones televisivas de los encierros más un programa diario desde la Casa de la Cultura beneficiaron claramente al municipio. Además, los pagos realizados a 7TV en los años investigados fueron «significativamente más económicos» al realizarse a través de la mercantil Chipé Producciones, en lugar de hacerlo directamente el Ayuntamiento de Calasparra (12.100 euros en 2017 y 18.150 euros en 2018). En 2024, por ejemplo, 7TV pasó un presupuesto al Ayuntamiento de Calasparra de 50.400 euros por la retransmisión de los encierros y un programa diario desde la Casa de Cultura del pueblo, 33.600 euros si se hacía en colaboración con la televisión local.
2) Respecto al transporte de bueyes para los encierros, la defensa recuerda que la obligación contractual de Chipé Producciones era ceder los novillos para los encierros, no los bueyes que acompañan a los novillos durante las carreras. Critica, además, que el juez instructor considere que cualquier tipo de «res» deba ser cedido por el empresario, una interpretación que la defensa considera «inexacta».
3) En cuanto al seguro de los novillos, la defensa subraya que es «evidente» que el empresario debe protegerse ante posibles daños o muertes de los animales cedidos, incluso si esta obligación no se especifica expresamente en el convenio de colaboración firmado. Desde 1999 que hay encierros, el Ayuntamiento de Calasparra siempre ha indemnizado al empresario de turno si se lesionaba algún novillo.
4) Sobre el alquiler de ganado, la defensa explica que los bueyes —a diferencia de los novillos— deben ser alquilados y transportados por el Ayuntamiento de Calasparra, ya que se utilizan exclusivamente para los encierros (un evento municipal) y no para las novilladas (un evento privado). Aunque los bueyes permanezcan en los corrales de la plaza, su función está vinculada a los actos organizados por el consistorio. Igual sucede con las vaquillas que se utilizan en los festejos matutinos.
5) En relación con la limpieza de la plaza de toros y sus alrededores tras los encierros y la suelta de vaquillas, la Fiscalía argumenta que esos gastos deberían haber sido asumidos por Chipé Producciones. Sin embargo, la defensa cuestiona esta interpretación, señalando que dichos eventos, con una participación de hasta 2.000 personas, generan ingresos al Ayuntamiento de Calasparra a través de la venta de entradas, lo que justificaría que el consistorio asumiera los costos de limpieza de un acto público de organización municipal.
6) En cuanto a la actuación de la Asociación de la Banda de Música de Calasparra durante las novilladas, un aspecto que parece preocupar a los querellantes, la defensa señala que es una tradición local que la banda toque por las calles del pueblo y amenice las tardes de novillada durante las fiestas patronales. «Ese gasto ha sido asumido por el Ayuntamiento de Calasparra desde los años 90» acredita el presidente de la Asociación Banda de Música de Calasparra, Antonio Prados.
7) Obras en la plaza de toros La Caverina. En 2019, el Ayuntamiento de Calasparra se vio obligado a arrendar temporalmente la plaza de toros y, como parte de las mejoras necesarias de urgencia, se instaló una pequeña rampa de acceso y una plataforma elevada con capacidad para tres sillas de ruedas, con el objetivo de garantizar la accesibilidad y la seguridad de las personas que acudían con movilidad reducida. Además, se procedió al arreglo de la deteriorada puerta de toriles, cuya reparación era imprescindible por motivos de seguridad. El coste de las obras no superó los 8.000 euros.
La plaza de toros la Caverina, inaugurada en 1896, está tan necesitada de remodelación que el consistorio calasparreño se ha visto obligado a alquilar una plaza de toros portátil desde 2022 para los encierros y Feria del Arroz.
8) Sobre los gastos en promoción y cartelería de la Feria del Arroz, los querellantes consideran que estos costos deberían haber sido cubiertos por Chipé, al tratarse de un evento privado. La defensa, en cambio, argumenta que estos gastos están plenamente justificados, ya que la inversión del Ayuntamiento en la promoción de los festejos taurinos genera un beneficio evidente para el municipio. Y porque en los carteles, de los que el consistorio solo pagó una pequeña parte, se explicita claramente que el Ayuntamiento de Calasparra es colaborador de la feria junto a las asociaciones taurinas del pueblo que formaban parte de la Mesa de Trabajo del toro.
En este sentido, cabe preguntarse si no sucede lo mismo con muchos otros eventos privados -gastronómicos, deportivos, culturales, turísticos o musicales- que reciben apoyo económico y promocional del Gobierno regional o de ayuntamientos por su impacto positivo en sus respectivos territorios.
Recientemente, por ejemplo, la Consejería de Presidencia ha adjudicado de manera directa un contrato menor de 14.500 euros a la empresa Tauromagia y Eventos SL de Cehegín por la organización de un concurso novillada en la plaza de toros de Cehegín que tuvo lugar el pasado 22 de junio. No es la primera vez que la citada empresa recibe dinero público de manera directa por parte del Ejecutivo murciano para eventos taurinos.
¿No está acaso la CARM beneficiando a esa empresa en perjuicio de otras dándole contratos y subvenciones directas? ¿Qué contraprestación recibió el Ayuntamiento de Cehegín a cambio de ceder la plaza de toros municipal? ¿Se la cedió gratuitamente? ¿Quién asumió el pago de la limpieza de la plaza de toros tras el concurso novillada? ¿Quién asumió el coste de la banda de música? Hemos cursado todas esas preguntas al Ayuntamiento de Cehegín, pero no han contestado a RRNews.
El director general de Administración Local, Francisco Abril, que esa tarde de novillada llegó a la plaza exultante, comparte con el dueño de la empresa Tauromagia y Eventos que ambos son de Cehegín y se conocen desde hace tiempo.
Al director general de Administración Local, Francisco Abril, hemos preguntado desde RRNews qué relación exacta mantiene con la citada empresa, cuál fue el destino de la recaudación en taquilla del concurso novillada pagado con dinero público y, por qué, no sacó a concurso público el evento dando así la oportunidad de presentarse a otras empresas. No ha contestado a las preguntas de RRNews.
En Calasparra, sin embargo, los querellantes y la Fiscalía están cuestionando una serie de gastos que el Ayuntamiento viene asumiendo históricamente con motivo de las fiestas patronales, que incluyen los encierros y la feria taurina. Gastos que, lejos de ser excepcionales, se mantienen hasta la actualidad como parte de las responsabilidades habituales del consistorio.
Los denunciantes, al ser vecinos del municipio, son plenamente conscientes de ello. Además, los convenios puestos en cuestión fueron aprobados en Junta de Gobierno, cuyas actas son públicas, sin que los entonces concejales de la oposición y autores de la denuncia presentaran reparo alguno. Ni una moción ni un escrito en registro ni un solo comunicado de prensa. Esperaron a 2021 para interponer una querella contra unos convenios firmados en 2017 y 2018.
Hemos preguntado a los concejales autores de la denuncia, Alonso Torrete y Carlos Alajarín, por qué no pusieron pega alguna a los convenios y a los contratos de 2019 si toda la información era pública, pero no han contestado a las preguntas cursadas por RRNews.
El penalista Raúl Pardo Geijo concluye: «analizando el conjunto de gastos que podrían considerarse constitutivos de malversación, no existe motivo alguno para pensar que no estuvieron destinados al interés público de las fiestas patronales de Calasparra». Asimismo, recuerda el Auto del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2016, en relación con el delito de malversación de caudales públicos.
Según esta doctrina, incluso en el caso de que algún gasto no hubiera podido ser justificado más de seis años después, «no existe delito de malversación, ya que la redacción de los contratos no implicó sustracción ni consentimiento para sustraer bienes o caudales públicos, sino únicamente el cumplimiento de los contratos celebrados, al margen de posibles irregularidades administrativas, subsanables en la vía contenciosa«.
Cabe destacar que ni el juez ni la Fiscalía han identificado indicios de enriquecimiento ilícito por parte de los acusados, lo que refuerza la argumentación de la defensa.
¿Qué sucedió en 2019?
La Fiscalía, aunque reconoce que la empresa Chipé Producciones llevaba meses organizando los preparativos de la feria taurina de 2019, acusa a José Vélez de prevaricación por presuntamente haber favorecido a dicha empresa mediante la adjudicación de un contrato menor en ese año y por cederle gratuitamente el uso de la plaza de toros.
Y la defensa explica que la intervención del Ayuntamiento fue motivada por el interés público, con el objetivo de evitar la suspensión de los encierros y de la feria taurina, eventos clave para las fiestas patronales tras desavenencias irreconciliables entre la mercantil Chipé y la mercantil La Caverina.
En este sentido, el abogado defensor, Raúl Pardo Geijo, señala en su recurso presentado ante la Audiencia Provincial que, en realidad, lo que podría considerarse un acto de prevaricación habría sido no actuar para garantizar la celebración de estos eventos por el daño económico que eso habría causado al pueblo.
¿De dónde venimos?
La Feria Taurina del Arroz coincide con las fiestas patronales de Calasparra. En este marco, a primera hora de la mañana se celebran encierros con los novillos que serán lidiados por la tarde en la plaza de toros. La organización de los encierros corresponde exclusivamente al Ayuntamiento de Calasparra desde 1999 que se recuperaron.
Históricamente, la empresa encargada de la Feria Taurina del Arroz cedía los novillos para los encierros a través de un acuerdo verbal con el Ayuntamiento, que, a cambio, se comprometía a promocionar la feria, colaborar en la gestión y venta de abonos, y a indemnizar a la empresa en caso de lesión de algún novillo. Este modelo operativo ha sido una tradición en Calasparra durante décadas. Es fácilmente comprobable.
La única excepción a este sistema ocurrió en 2013 y 2014, durante la crisis económica, cuando ninguna empresa quiso asumir la organización de la Feria Taurina del Arroz. Ante esta situación, el Ayuntamiento constituyó una Comisión Taurina presidida por el entonces alcalde, Jesús Navarro, e integrada por representantes municipales (PSOE y PP) y de asociaciones taurinas locales. Esta comisión se encargó directamente de todos los aspectos organizativos, como la contratación de ganaderías, toreros, médicos y ambulancias… En esos años, la Comisión Taurina operó con un presupuesto anual de 200.000 euros. El dueño de la plaza de toros «La Caverina» cedió el espacio a cambio de un 10% de la recaudación en taquilla, resultando un coste final bastante más elevado para el Ayuntamiento de Calasparra tras descontar los ingresos.
En 2015, la mercantil Chipé Producciones asumió en exclusiva la gestión de la Feria Taurina del Arroz mediante un contrato de arrendamiento firmado con la empresa Ruedo La Caverina S.L. Este acuerdo incluyó la organización de una corrida de toros el 30 de julio y seis novilladas con picadores, «Espiga de Oro», del 3 al 8 de septiembre. La Comisión Taurina creada por el ayuntamiento se disolvió al no considerarse ya necesaria y porque los resultados económicos de la gestión tampoco fueron los deseados en 213 y 2014.
En 2015, la mercantil Chipé cedió los novillos para los encierros tras un acuerdo verbal con el consistorio como venía haciéndose desde 1999.
¿Podría haberse mantenido el sistema de acuerdo verbal? Es probable, pero el Ayuntamiento de Calasparra decidió en 2016 dar un paso más, no solo por mayor seguridad jurídica, sino para así poder exigir al empresario mejores ganaderías y novilleros, que cumpliera con el convenio colectivo taurino de forma que no hubiese denuncias por impagos que mancharan el nombre de Calasparra. En definitiva, para dotar de mayor calidad y prestigio a la Feria del Arroz.
Se creó para ello una Mesa de Trabajo del Toro con representantes municipales, de la empresa y de las asociaciones taurinas y se firmaron sendos convenios de colaboración en 2016, 2017 y 2018, aunque solos dos últimos fueron objeto de denuncia por parte de los ediles Torrente y Alajarín.
Coste real de la Feria del Arroz y los encierros
En ningún momento del procedimiento judicial, los querellantes han demostrado, ni siquiera intentado, que durante los años investigados se pagaran precios desorbitados, estrafalarios o fuera de mercado. De haberlo considerado así, habrían solicitado informes periciales, pero no lo hicieron, conscientes, quizá, de que los precios eran ajustados a la realidad. Basta con revisar, por ejemplo, los precios que a lo largo de los últimos años ha pagado Ayuntamiento de Blanca por su Feria Taurina a la mercantil Chipé.
Por otra parte, desde 2022, el Ayuntamiento de Calasparra ha optado por sacar a concurso público la organización de los encierros y la Feria Taurina del Arroz, con el objetivo de evitar denuncias interesadas. Esta decisión ha permitido constatar que, durante los años 2017, 2018 y 2019, la gestión municipal supuso un ahorro económico para los ciudadanos de Calasparra.
En 2022, el contrato fue adjudicado a la empresa Chipé, la única que se presentó al concurso, por un importe de 90.000 euros. A esta cantidad, el Ayuntamiento tuvo que añadir el coste del alquiler de la plaza de toros portátil, que ascendió a 21.000 euros, así como el gasto correspondiente a la retransmisión de los encierros a través de 7TV, entre otros conceptos.
En 2023 y 2024, el importe del contrato adjudicado, nuevamente a Chipé por ser la única empresa concursante, aumentó a 116.446 euros anuales. Además, Chipé se ha beneficiado de los ingresos por la venta de entradas, estimados a partir de la recaudación de 2022, en 219.635 euros. El valor total del contrato adjudicado ascendió así a 336.081 euros anuales. A estas cifras hay que añadir el coste del alquiler de la plaza portátil, que se incrementó hasta los 35.600 euros anuales que también ha pagado el consistorio calasparreño.
Dudas
¿Estamos ante una actuación municipal punible en vía penal que deba ser castigada con 8 años y medo de cárcel o se trata, más bien, de presuntas infracciones administrativas sancionables en todo caso vía contenciosa administrativa porque se apostó por la firma de un convenio? ¿Por qué los querellantes no han sido capaces de señalar figura alternativa al convenio? ¿Si la figura del «convenio» fue ideada por la Secretaria Municipal tras consultar a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Calasparra, por qué no ha sido imputada? ¿Debería el alcalde de Calasparra haber cancelado los encierros y la Feria Taurina del Arroz en 2019 debido a las disputas entre Chipé y la plaza de toros La Caverina, ignorando el daño económico que tal decisión habría tenido para el municipio?
¿Por qué la Fiscalía cambió de postura de manera tan drástica frente a la misma denuncia y el mismo expediente? ¿Qué justifica que tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por el Partido Popular de la Región de Murcia, introdujeran a última hora la imputación de un presunto delito de falsedad documental? ¿Y por qué el juez accede a una maniobra que, a todas luces, parece irregular?
¿A qué coste?
«¿A qué coste?» Esa es la pregunta que plantea el abogado Pardo Geijo ante la situación de José Vélez convencido de que «las imputaciones no se sostienen de ninguna manera, ni siquiera ejerciendo un exhaustivo esfuerzo intelectual incriminatorio».
Incluso si el líder del PSRM-PSOE fuera declarado inocente, el daño a su reputación personal y política podría ser irreversible. La espera hasta 2027, fecha en la que probablemente se celebre el juicio coincidiendo con las elecciones autonómicas y municipales, podría ser devastadora para el Partido Socialista en una Región de Murcia donde el Partido Popular ostenta y alimenta un considerable poder mediático.
Un momento crítico para el PSRM-PSOE
El partido enfrenta una encrucijada decisiva si la Audiencia Provincial no revoca la decisión del Juzgado de Caravaca. Con el congreso regional del PSOE a la vuelta de la esquina, José Vélez deberá tomar una decisión trascendental: apartarse de su cargo o postularse nuevamente para la reelección, aferrándose a la presunción de inocencia, pero asumiendo el alto coste político de su procesamiento judicial. En este contexto, el Partido Popular de la Región de Murcia no desaprovechará la oportunidad de explotar mediáticamente su situación legal.
El precedente de Diego Conesa
El caso de Vélez trae a la memoria el episodio vivido por Diego Conesa, anterior secretario general del PSRM-PSOE, quien fue señalado judicialmente por no tramitar una multa a un edil de IU, un caso que finalmente fue archivado. Conesa fue colocado en el ojo del huracán político tras una denuncia cuya credibilidad era más que cuestionable y dejaba entrever una calculada estrategia política. Durante el proceso, el Partido Popular de la Región de Murcia, que también se personó en la causa, aprovechó la situación para acusarlo públicamente de corrupción, para pedir su dimisión.
Aunque la denuncia fue desestimada, el daño a la imagen de Diego Conesa ya estaba hecho. Este antecedente pone de manifiesto cómo las acusaciones judiciales, incluso las más frágiles, pueden convertirse en herramientas políticas para desacreditar a líderes y desestabilizar a partidos. La judicialización de la política ha escalado en España a niveles insospechados.
El reto de Vélez y el PSRM-PSOE
José Vélez se encuentra en una situación similar, enfrentándose a un proceso judicial que, independientemente de su desenlace, ya está impactando su liderazgo y la estabilidad del PSRM-PSOE. El partido tendrá que evaluar cuidadosamente sus próximos pasos. El futuro de Vélez y del PSOE murciano estará inevitablemente ligado a cómo gestione esta crisis y a su capacidad para contrarrestar las embestidas políticas del Partido Popular en la Región de Murcia que no ha dudado en personarse como acusación en una causa judicial más que cuestionable jurídicamente y que en Calasparra pocos, muy pocos entienden al considerarla «un disparate».
