La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia ha ordenado la apertura de juicio oral para 15 investigados en el denominado “caso Desaladora” o “caso La Sal”, según un auto notificado hoy. Los imputados enfrentan cargos por presunta prevaricación continuada, fraude y malversación de caudales públicos relacionados con el contrato de arrendamiento para la adquisición de la planta desalinizadora de Escombreras.
También se abre juicio oral a las mercantiles Actividades de Construcción y Servicios (ACS), Hydro Management SL, Cobra Concesiones SL, Moncobra SA, Tedagua SA, Cobra Instalaciones y Servicios S.A, Cobra Gestión de Infraestructuras y Moncobra SA como posibles responsables civiles subsidiarios. Y a las empresas Ariño y Asociados SL, Despacho González Varas y Arnaldos Abogados SLP como participes a título lucrativo.
La investigación, que se centra en el consejo de administración del Ente Público del Agua y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, incluye a figuras como el ex consejero de Agricultura y Agua y presidente del Ente, Antonio Cerdá, así como a los administradores de las empresas implicadas, Tedagua e Hidromanagement, consideradas la «parte privada» en el proceso.
El fiscal ha solicitado para los acusados penas de ocho años de prisión, veinte años de inhabilitación absoluta y quince años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, además de una indemnización de 70 millones de euros para compensar el perjuicio económico causado. La acusación popular ha expresado su adhesión a este escrito.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), como actor civil, exige una compensación de 74.194.332 euros, que considera el monto de la diferencia de coste entre las modalidades de adquisición de la planta.
El auto establece que los acusados deberán presentar una fianza de 70 millones de euros para asegurar el resarcimiento de posibles responsabilidades civiles. En caso de incumplimiento, se procederá al embargo de sus bienes. La responsabilidad civil también estará vinculada al desarrollo del caso “La Sal II”, en el que se juzgará al expresidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel.
El caso será juzgado por la Audiencia Provincial de Murcia, y contra esta resolución no cabe recurso.
Prohibición de disponer de la plana desaladora
La magistrada mantiene de forma preventiva la prohibición de disponer de la Planta Desaladora de Escombreras. Y, además, abre una pieza separada de responsabilidad civil para resolver sobre la medida cautelar solicitada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a la que se adhiere el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, de que las cuotas del contrato de arrendamiento que Desaladora de Escombreras tiene que abonar a Hydromanagement (dinero procedente de transferencias de ESAMUR y a cargo de los presupuestos públicos de la CARM), se depositen en la cuenta judicial de consignaciones, sirviendo el depósito judicial como garantía de caución.
Valcárcel no irá ajuicio hasta 2025
La Audiencia Provincial señaló para el 9 de julio la vista de conformidad del caso La Sal de corrupción para reconocimiento de hechos. Si el acusado, el expresidente Ramón Luis Valcárcel, no reconoce los hechos que le imputan, es lo previsible, el tribunal fijará una nueva vista para arranque de juicio oral. Dada la apretada agenda de la Audiencia Provincial, Ramón Luis Valcárcel no se sentará en el banquillo hasta 2025 como poco dada la lentitud de la justicia.
