La Audiencia Provincial ha señalado para el 9 de julio la vista de conformidad del caso La Sal de corrupción para reconocimiento de hechos. Si el acusado, el expresidente Ramón Luis Valcárcel, no reconoce los hechos que le imputan, es lo previsible, el tribunal fijará una nueva vista para arranque de juicio oral. Dada la apretada agenda de la Audiencia Provincial, Ramón Luis Valcárcel no se sentará en el banquillo hasta 2025 como poco dada la lentitud de la justicia.
Acusado de prevaricación, malversación y fraude continuado
La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia ordenó el 30 de marzo de 2023 la apertura de juicio oral contra Ramón Luis Valcárcel, expresidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras.
El fiscal pide once años y medio de cárcel y veinte de inhabilitación para el exjefe del Ejecutivo Regional, al que considera máximo responsables de los contratos con cláusulas «leoninas» que fueron suscritos por el Ente Público del Agua (EPA) para garantizar un suministro de caudales ficticios a los 26 municipios de la Región que firmaron convenios para recibir el agua desalada, dado que el volumen comprometido duplicaba la capacidad de producción de la planta y no había red de suministro. Penas que la acusación popular eleva a 15 años de prisión por los delitos de fraude y malversación y 15 de inhabilitación, además de una multa al séxtuple del dinero defraudado. Ambas acusaciones solicitaban, además, una indemnización por el importe del perjuicio causado.
Por su parte, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), como actor civil, también solicitó la apertura de juicio oral y exigió la responsabilidad civil derivada del delito que concretó en 74 millones de euros. Tanto el Ministerio Fiscal como la CARM fijaron dicha cantidad como el perjuicio total en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora.
Es decir, “la diferencia económica existente entre los parámetros económicos que hubiera seguido el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de contratación o concesión administrativa y los cauces por los que discurrió con la fórmula de compra de acciones de una empresa privada cargada con un eventual pasivo patrimonial de 600 millones de euros”.
En el caso La Sal están imputados un total de 17 personas físicas y 7 mercantiles como responsables civiles subsidiarias: el ex consejero de Agricultura y Agua y presidente del Ente, Antonio Cerdá, en lo que la resolución denomina “parte pública”; y los administradores o representantes de la mercantil Hidromanagemet y de la empresa Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua), o “parte privada”. Y las mercantiles Hydromanagement, Tedagua, Cobra Instalaciones y Servicios SA, Moncobra SA, Cobra Gestión de Infraestructuras SLU, Hidronostrum SA y Desaladora de Escombreras (estas dos últimas a través de ESAMUR) como posibles responsables civiles subsidiarios.
Perjuicio de 74 millones de euros
La juez fijó el pago de una fianza de 74 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en su caso, pudieran imponerse que fue recurrida por Ramón Luis Valcárcel. La fianza está pendiente de un recurso que ha de resolver la Audiencia Provincial.
Ramón Luis Valcárcel, que cumplirá 70 años el próximo mes de noviembre, quiere que declaren 82 testigos en el juicio de la desaladora entre exalcaldes, antiguos altos cargos y promotores de la planta desaladora que seguimos pagando anualmente los murcianos y tendrá un coste final de 710 millones para el erario público.
En el escrito de defensa que el exjefe del Ejecutivo regional remitió a la magistrada solicitó la libre absolución y señaló «la nulidad de pleno derecho del procedimiento» al considerar que se han visto vulnerados sus derechos constitucionales «como consecuencia de la incorporación de las diligencias practicadas» en la causa principal, en las que dice que no fue parte. Años después de iniciarse la investigación por el caso desaladora se abrió la pieza separada de Valcárcel.
