Sin indagar, sin realizar ni una sola diligencia de investigación, con errores manifiestos y sin motivar, el juzgado ha archivado la denuncia presentada en diciembre de 2022 por tres vocales del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia contra el presidente López Miras por presunta prevaricación y nombramiento ilegal para cargo público, al permitir que Juana Pérez se autoproclamase presidenta en funciones de la citada institución.
Entre los errores, la juez manifiesta por ejemplo la existencia de aforados en la denuncia, habiéndose eliminado desde febrero de 2021 el aforamiento de diputados y miembros del Gobierno murciano.
Piden la revocación del archivo
Uno de los denunciantes, el diputado socialista en el Congreso de los Diputados, Francisco Lucas, ha recurrido el archivo ante la Audiencia Provincial al considerarlo «precipitado» puesto que no se ha realizado ni una sola diligencia de investigación. Tampoco se motiva la denegación de las diligencias solicitadas por los denunciantes y sostiene que el auto está repleto de «argumentos absolutamente parciales y subjetivos».
«La efectividad del derecho a la tutela judicial coincidirá en estos casos con la suficiencia de la indagación judicial. Dependerá, pues, no solo de que la decisión de sobreseimiento esté motivada y jurídicamente fundada, sino también de que la investigación de lo denunciado haya sido suficiente y efectiva, ya que la tutela que se solicita consiste inicialmente en que se indague sobre lo acaecido» dice el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
«En el caso que nos ocupa, entendemos que al proceder de este modo el juzgado a quo, habiendo decidido archivar las actuaciones sin antes haber despejado la sospecha fundada sobre los hechos y su relevancia penal, siendo estos susceptibles de una indagación más profunda, incumplió su deber de investigar sobre los hechos desde la específica atención a las circunstancias del caso«.
También advierte en el recurso ante la Audiencia Provincial que se estará vulnerando el derecho de tutela judicial efectiva cuando no se abra o clausure la instrucción existiendo sospechas razonables de la posible comisión de un delito y revelándose tales sospechas como susceptibles de ser despejadas mediante la investigación.
Lucas pide la revocación del auto recurrido y la apertura de las diligencias pertinentes empezando por tomar declaración como investigada, Juana Pérez, actual presidenta interina del Consejo de Transparencia, así como la resto de denunciados.
Se solicita, además, que se oficie a la Asamblea Regional de Murcia a fin de que aporte a las actuaciones el escrito dirigido al entonces presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, por el que se le solicitaba la designación de un presidente titular del Consejo de Transparencia.
Denuncia por prevaricación
El 30 de diciembre de 2022, Mario Pérez Cervera, José Luis Sánchez Fagundez y Francisco Lucas, todos miembros del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, interpusieron denuncia contra el presidente López Miras, el entonces presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, y otras cinco personas por considerar que cometieron un delito de prevaricación durante el proceso de nombramiento, en diciembre de 2022, de Juana Pérez Martínez como presidenta de la institución.
Los tumbos de una denuncia sin investigar
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar Fernández rechazó la denuncia sin prisa. Tardó trece meses en darse cuenta de que su marido trabaja para la Comunidad Autónoma y, por tanto, consideraba que debía abstenerse y no investigar la denuncia presentada contra el presidente López Miras ¿Qué hizo? En febrero de 2023 presentó exposición razonada de abstención ante la Audiencia Provincial de conformidad con lo previsto en el art. 221.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial lo que paralizó de inmediato el proceso.
En mayo de 2023, la Audiencia Provincial resolvió a favor de la juez al entender relevante la circunstancia personal invocada por relaciones profesionales de su marido con la CARM, concurriendo “objetivamente” causa de pérdida de imparcialidad. Eso adujo la Audiencia Provincial, aunque no han trascendido más datos sobre el conflicto de intereses esgrimido.
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, que inicialmente apreció indicios de delito, no se apartó definitivamente del procedimiento judicial que debía investigar la actuación del presidente López Miras hasta el 26 de septiembre de 2023. Casi dos años después de la denuncia.
Lo hizo mediante un auto en el que también solicitó al Decanato de los Juzgados de Murcia el nombramiento del juez sustituto que es quien finalmente ha decretado el archivo de la denuncia que ya ha sido recurrido.
Nombramiento en contra de la ley
Los denunciantes impugnaron todo el proceso por el que Juana Pérez, que era vocal del CTRM en representación de las asociaciones de consumidores, fue nombrada presidenta interina. Sostienen que se hizo en contra de la Ley y ni López Miras ni Alberto Castillo hicieron nada para impedirlo a pesar de que fueron advertidos de lo que estaba ocurriendo.
En dos ocasiones advirtieron a López Miras de la ilegalidad
En dos ocasiones, los vocales firmantes de la denuncia solicitaron mediante burofax a López Miras que impidiese que Juana Pérez usurpase atribuciones que corresponden al Consejo de Gobierno, pero no hizo caso y Juana Pérez se autoproclamó presidenta del CTRM en diciembre de 2022 tras un pleno convocado José David Hernández, entonces consejero del CTRM por designación del Ejecutivo regional.
José David Hernández, actual Secretario General de la Consejería de Transparencia, Participación y Cooperación, «era entonces director general de la CARM y, por tanto, subordinado del presidente autonómico»; y fue el encargado de convocar el pleno que eligió a Juana Pérez por seis votos de los once que componen el organismo.
Los denunciantes no saben si José David Hernández actuó siguiendo órdenes directas o indirectas de López Miras, lo que sí saben es que el presidente estaba al tanto de lo que está sucediendo y no hizo nada para frenarlo.
La legislación vigente estipula claramente que es el Consejo de Gobierno el que nombra al presidente del Consejo de Transparencia previa designación de la Asamblea Regional a partir de los candidatos que presentan los diferentes grupos parlamentarios.
Es más, la propia Juana Pérez reconoció que su nombramiento como presidenta en funciones del Consejo de Transparencia había sido anómalo. Y en un escrito dirigido al presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, pidió que transmitiera al conjunto de diputados regionales «la imperiosa necesidad de asumir las responsabilidades que legalmente les corresponden y designen, en el menor plazo de tiempo posible, un presidente titular del Consejo de Transparencia».
