La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar Fernández, ha tardado trece meses en darse cuenta de que su marido trabaja para la Comunidad Autónoma y, por tanto, considera que debe abstenerse y no investigar la denuncia presentada en diciembre de 2022 por tres vocales del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia contra el presidente López Miras por presunta prevaricación y nombramiento ilegal para cargo público, al permitir el nombramiento de Juana Pérez como presidenta de la citada institución.
El pasado 8 de febrero de 2023, la juez comunicó a la Audiencia Provincial que los hechos denunciados «pudieran presentar características de delito de prevaricación y nombramiento ilegal para cargo público» y antes de entrar en el fondo del asunto presentó exposición razonada de abstención de conformidad con lo previsto en el art. 221.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Consecuentemente el proceso judicial se paralizó de inmediato.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial no se pronunció sobre la causa de abstención hasta el pasado 9 de mayo y lo hizo aceptándola. La Sala estimó que concurre la causa de abstención establecida en el artículo 219.10a de la LOPJ por interés indirecto en la causa al ser relevante la circunstancia personal invocada, por relaciones profesionales de su marido, concurriendo “objetivamente” causa de pérdida de imparcialidad». No han trascendido más datos sobre el conflicto de intereses. Es secreto.
Y añade la Audiencia Provincial en su auto «aunque con carácter subjetivo la Magistrada está plenamente capacitada para decidir imparcialmente y ello con la finalidad de evitar sombra de sospecha alguna sobre su imparcialidad, estimándose justificada la abstención de que se trata para la instrucción de la causa, por lo que así procede acordarlo, debiendo proceder el abstenido en la forma prevista en el apartado 4 del artículo 221 de la LOPJ» dice el auto al que ha tenido acceso RRNews.
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia no se apartó definitivamente del procedimiento judicial que ha de investigar al presidente López Miras hasta el 26 de septiembre. Casi dos años después de la denuncia. Lo hizo mediante un auto en el que también solicitó al Decanato de los Juzgados de Murcia el nombramiento del juez sustituto. La denuncia ha recaído finalmente en el Juzgado de Instrucción número 6 que hasta la fecha no ha ordenado ninguna diligencia de investigación. Los denunciantes temen que la causa prescriba.
Denuncia por prevaricación
El 30 de diciembre de 2022, Mario Pérez Cervera, José Luis Sánchez Fagundez y Francisco Lucas, todos miembros del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, interpusieron denuncia contra el presidente López Miras, el entonces presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, y otras cinco personas por considerar que cometieron un delito de prevaricación durante el proceso de nombramiento, en diciembre de 2022, de Juana Pérez Martínez como presidenta de la institución.
Cinco meses antes había dimitido como presidente del CTRM, Julián Pérez Templado, por motivos personales. Y solo un mes antes, también había presentado su dimisión el presidente suplente, Santiago Manuel Álvarez Carreño, tras constatar el «boicot» al que el Gobierno de López Miras estaba sometiendo al Consejo de Transparencia. Nada nuevo. José Molina Molina, primer presidente del CTRM de la Región de Murcia, denunció en numerosas ocasiones el «torpedeo» y la «obstrucción» a su labor por parte del Gobierno regional.
Los denunciantes impugnaron todo el proceso por el que Juana Pérez, que era vocal del CTRM en representación de las asociaciones de consumidores, fue nombrada presidenta interina. Sostienen que se hizo en contra de la Ley y ni López Miras ni Alberto Castillo hicieron nada para impedirlo a pesar de que fueron advertidos de lo que estaba ocurriendo.
En dos ocasiones, los vocales firmantes de la denuncia solicitaron mediante burofax a López Miras que impidiese que Juana Pérez usurpase atribuciones que corresponden al Consejo de Gobierno, pero no hizo caso y Juana Pérez se autoproclamó presidenta del CTRM en diciembre de 2022 tras un pleno convocado José David Hernández, entonces consejero del CTRM por designación del Ejecutivo regional.
José David Hernández, actual Secretario General de la Consejería de Transparencia, Participación y Cooperación, «era entonces director general de la CARM y, por tanto, subordinado del presidente autonómico»; y fue el encargado de convocar el pleno que eligió a Juana Pérez por seis votos de los once que componen el organismo.
Los denunciantes no saben si José David Hernández actuó siguiendo órdenes directas o indirectas de López Miras, lo que sí saben es que el presidente estaba al tanto de lo que está sucediendo y no hizo nada para frenarlo.
La legislación vigente estipula claramente que es el Consejo de Gobierno el que nombra al presidente del Consejo de Transparencia previa designación de la Asamblea Regional a partir de los candidatos que presentan los diferentes grupos parlamentarios.
Es más, la propia Juana Pérez reconoció que su nombramiento como presidenta en funciones del Consejo de Transparencia había sido anómalo. Y en un escrito dirigido al presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, pidió que transmitiera al conjunto de diputados regionales «la imperiosa necesidad de asumir las responsabilidades que legalmente les corresponden y designen, en el menor plazo de tiempo posible, un presidente titular del Consejo de Transparencia». Pero el PP lleva meses impidiendo en Junta de Portavoces la elección de un nuevo presidente para el Consejo de Transparencia.
El Consejo de Transparencia permanece paralizado
Julián Pérez Templado formalizó su renuncia como presidente del CTRM el 8 de junio 2022. El Consejo de Gobierno no tomó razón de la renuncia hasta el 3 de noviembre de 2022, casi 5 meses después que se publicó en el BORM. Y el 20 de diciembre, el Gobierno regional aupó a Juana Pérez como presidenta interina del CTRM. Y desde entonces el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia está paralizado.
Solo hay que asomarse a su página web. El último pleno del Consejo de Transparencia se celebró el 7 de abril de 2022. No consta que haya resuelto ni una sola de las 164 reclamaciones que se presentaron en 2022. Y no se sabe cuántas se han presentado a lo largo del año 2023. Hace meses que no se actualiza la web.
El Consejo de Transparencia, una institución incómoda
En varias ocasiones el Gobierno regional ha recurrido a los tribunales de justicia para evitar cumplir resoluciones del Consejo de Transparencia. La Consejería de Política Social, entonces en manos de la consejera tránsfuga Isabel franco, presentó un recurso contencioso administrativo para evitar la entrega de información a un ciudadano sobre obras acometidas en centros de menores de la región. Por otra parte, el propio Consejo de Transparencia denunció públicamente que el SMS no quería dar datos de las listas de espera sanitarias.
Pero los firmantes de la denuncia que permanece atascada en los juzgados desde hace casi dos años, opinan que el Consejo de Transparencia se volvió una institución definitivamente incómoda para el Gobierno de López Miras después de que el Pleno del CTRM aprobase por mayoría instar al Ejecutivo murciano a dar el listado de los altos cargos que se vacunaron contra el coronavirus indebidamente.
El entonces presidente del CTRM, Julián Pérez Templado, recordó al Gobierno Regional que si se negaba a dar la información requerida, debía interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Consejo de Transparencia para que la justicia decidiese.
No consta que el Ejecutivo murciano facilitase la información. Siempre alegó protección de datos personales. E impidió que se constituyese en la Asamblea Regional una comisión de investigación sobre el caso vacunas pese a que se traspasaron todas las líneas rojas y el consejero de Salud, Manuel Villegas, tuvo que presentar su dimisión ante el escándalo en plena pandemia de coronavirus.
Casualmente, el primer presidente del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, José Molina Molina, que falleció víctima de la Covid, dedicó su último artículo al caso de las vacunas. Desde la habitación 605 del hospital Morales Meseguer tituló «La corrupción asalta los protocolos: dimitir no es suficiente» donde subrayó que «cuando las Leyes están para que las cumplan los demás se vive en un estado clarísimo de corrupción encubierta». Molina insistió hasta su último aliento en la idea de que «sin transparencia no hay democracia».
PP y VOX quieren reformar la Ley de Transparencia
PP y VOX pretenden reformar la Ley de Transparencia regional. Es uno de los puntos del acuerdo de gobierno entre ambas formaciones para dotar al presidente del Consejo de la Transparencia de las atribuciones de «Defensor del Pueblo de la Región de Murcia». Y la elección de la persona encargada de presidir este órgano corresponderá a VOX, tal y como sellaron en su acuerdo de gobernabilidad.
El nombramiento del presidente requiere, según recoge la actual Ley regional de la Transparencia en su artículo 38, una mayoría de dos tercios de la Asamblea en una primera votación o mayoría absoluta en una segunda elección.
Aún no se sabe qué profundidad tendrá la reforma de la Ley de Transparencia de la Región de Murcia que pretenden PP y VOX. Todo apunta a que el objetivo es restar independencia y poder al organismo que debe velar por le derecho a saber de la ciudadanía como pretende el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Allí el PP de Díaz Ayuso propone que el presidente del Consejo de Transparencia sea nombrado por el Ejecutivo para un periodo de cuatro años, prorrogable por cuatro años más.
Nuevo varapalo judicial al Gobierno Regional
El pasado 16 de noviembre de 2023, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Murcia, ha dictado la sentencia 234/2022, contra la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda de 13 de diciembre de 2021 mediante la que se convocó la provisión de puestos de trabajo por concurso de méritos y turno en relación al puesto de Jefe/a Negociado en el Consejo de la Transparencia, y en donde la Administración pretendía que estuviera reservado solo a personal funcionario o laboral fijo de la Administración regional.
El Consejo de Transparencia había solicitado la nulidad de la resolución al entender que el Gobierno regional no puede designar a los trabajadores de un órgano de control de la propia Administración autonómica. Y el juzgado ha sentenciado que, efectivamente, «la selección de personal del Consejo por parte de una de las Administraciones sujeta a control constituye una intromisión en su autonomía e independencia».
La oposición denuncia el desmantelamiento del Consejo de Transparencia
Con motivo del debate de presupuestos en la Asamblea Regional, tanto el diputado socialista, Juan Andrés Torres, como el diputado de Podemos, Víctor Egío, recriminaron al consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, que el Ejecutivo del que forma parte había conseguido reducir el Consejo de Transparencia a la mínima expresión puesto que no tiene ni personal. Y Ortuño vino a decir que se equivocaban de puerta porque se trata de un «órgano independiente del Ejecutivo» y que el área de participación ciudadana recae ahora en la consejería de Interior que dirige José Ángel Antelo de VOX.
El organismo independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, encargado básicamente de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y garantizar el derecho de acceso a la información pública está literalmente desmantelado.
