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Precaridad en el transporte sanitario

La Asamblea Regional impide que se escuchen los testimonios de pacientes afectados por el deficiente transporte sanitario

"Se están riendo de nosotros en nuestra cara. No están tratando como animales o peor" relata un paciente. El grupo socialista pide una auditoría externa que examine el cumplimiento del contrato de las ambulancias.

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La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, ha impedido que se escuchen los testimonios de pacientes directamente afectados por el deficiente transporte sanitario no urgente que ofrece la empresa del grupo Generala que ganó el contrato de más de 300 millones de euros.

La diputada del PSOE, Marisol Sánchez, defendía una moción del grupo socialista que, entre otras cosas, instaba al Consejo de Gobierno a evaluar, mediante una auditoría externa, el estricto cumplimiento del pliego de condiciones técnica del contrato de las ambulancias ante la evidente falta de personal.

La moción también pedía al Gobierno regional que medie en el conflicto laboral que los trabajadores mantienen con la empresa adjudicataria desde hace más de un año y que les ha ocasionado una pérdida de poder adquisitivo del 10% dado que los salarios permanecen congelados.

Marisol Sánchez ha aprovechado su turno de palabra para compartir el testimonio grabado de un paciente, Francisco Abenza Gómez, que debió permanecer desde las 12.00 del mediodía que fue atendido en el Hospital Morales Meseguer hasta las 17.00 de la tarde que lo recogió la ambulancia para llevarlo a su casa. «La ambulancia iba con ocho personas y estuvo dando vueltas durante un par de horas. No se lo deseo a nadie porque iba gente mayor…Se están riendo de nosotros en nuestra cara. No están tratando como animales o peor».

La diputada socialista también ha expuesto el caso de Brumi Sánchez Fernández, paciente con cáncer de mama que debe acudir al hospital Virgen de la Arrixaca para recibir tratamiento de quimioterapia.

Brumi Sánchez vive en la pedanía lorquina de La Paca. La recogieron a las 7.20 de la mañana. Llegó al hospital a las 9.00 de la mañana aunque el tratamiento no lo tenía programado hasta las 11.30. Y cuando la recogió la ambulancia para llevarla a su casa, le dijeron que antes de ir a La Paca, en Lorca, debían pasar por Águilas. Su marido se plantó, se negó a ello, y entonces la dejaron en una gasolinera en Lorca donde debió esperar a que fuese otra ambulancia y hacer transbordo para poder llegar finalmente a su casa a las 20.00 horas de la noche».

«No quiero recordar aquel día porque lo pasé muy mal. Estaba muy débil por una anemia. Era la última sesión de quimioterapia. Mi marido les dijo que yo no estaba para estar dando tantas vueltas por Águilas y que necesita ir a casa lo antes posible a descansar. No podía ni moverme. Entonces me dejaron en la gasolinera Euorpa de Lorca donde hice transbordo a otra ambulancia que me llevó a mi casa» relata a RRNews Brumi.

El contrato indica que los pacientes no deberán llegar al centro sanitario donde reciben el tratamiento más de media hora antes de la hora fijada ni diez minutos después y que no deberá transcurrir más de una hora para la recogida por parte de la ambulancia.

La moción socialista ha sido finalmente retirada porque el grupo parlamentario VOX ha presentado una enmienda a la totalidad mediante la que pedía que la auditoría no fuese realizada por un organismo externo e independiente sino por el organismo competente, en este caso, el Servicio Murciano de Salud, a lo que el PSOE se ha negado.

¿Dónde están las auditorias internas del SMS a las que aludió López Miras?

El pasado 14 de marzo, el presidente López Miras aludió a la existencia de una auditoría interna del SMS según la cual «la empresa está cumpliendo los estándares establecidos en el contrato». El grupo parlamentario socialista ha solicitado copia de esa auditoría. «Si ya existe una auditoría, por qué VOX pide otra» se pregunta la diputada Marisol Sánchez.

Los trabajadores llevan un año denunciando incumplimientos del contrato

Los trabajadores del transporte sanitario de la Región de Murcia llevan un año protestando por los «graves incumplimientos» del contrato de 304 millones que el Gobierno regional adjudicó a una empresa del grupo la Generala a pesar de no tener experiencia en el sector y ni siquiera contar con las ambulancias necesarias cuando ya había logrado la adjudicación del contrato. La decisión del Ejecutivo murciano llevó a la quiebra a varias empresas familiares de ambulancias.

Los trabajadores del servicio de ambulancias sopesan seriamente ir a la huelga porque la empresa se niega a negociar.

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