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Las «casualidades» del contrato de las ambulancias que el PP impidió investigar

“Es muy grave que se esté abandonando durante tres o cuatro horas a pacientes oncológicos o de hemodiálisis. Incluso se deja a pacientes sin atender porque no hay efectivos suficientes" denuncian los trabajadores.

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Los trabajadores del transporte sanitario de la Región de Murcia llevan un año protestando por los «graves incumplimientos» del contrato de 304 millones que el Gobierno regional adjudicó a una empresa del grupo la Generala a pesar de no tener experiencia en el sector y ni siquiera contar con las ambulancias necesarias cuando ya había logrado la adjudicación del contrato. La decisión del Ejecutivo murciano llevó a la quiebra a varias empresas familiares de ambulancias.

El comité de empresa denuncia que el Gobierno de López Miras consiente que cada día haya, al menos, 171 trabajadores de ambulancias menos de los que debería por contrato y que en algunas zonas de la Región solo cuenten con una o ninguna ambulancia los fines de semana. También denuncian que muchos pacientes tengan que esperar durante horas, quedándose algunos sin ser atendidos.

«¡Lo caras que son las campañas electorales!»

La diputada socialista, Mariosol Sánchez, ha expuesto en la Asamblea Regional la larga serie de «casualidades» que rodearon la convocatoria y adjudicación del millonario contrato a la poderosa empresa La Generala para rematar recordando «lo caras que son las campañas electorales».

«Es una situación laboral privada»

Sobre este asunto ha sido interpelado el consejero de Salud, Juan José Pedreño, que se lava las manos. «Es una situación laboral privada» ha dicho en alusión a las protestas de los trabajadores y asegura que los informes de los técnicos del SMS concluyen que «se están cumpliendo los pliegos del contrato».

Sin embargo, los trabajadores del transporte sanitario denuncian que la empresa responsable del servicio no solo está dilatando la negociación del convenio y disminuyendo el poder adquisitivo de los trabajadores, está incumpliendo el pliego de condiciones técnicas. “Es muy grave que se esté abandonando durante tres o cuatro horas a pacientes oncológicos o de hemodiálisis. Incluso se deja a pacientes sin atender porque no hay efectivos suficientes» denuncian.

«Tratan a los pacientes como si fuesen ganado. Modifican horarios para agruparlos. Los recogen en grupos a las 7.00 u 8.00 de la mañana y los devuelven a sus casas pasadas las 15.00 horas de la tarde tras un tour por buena tarde de la Región, con rutas larguísimas. Es inadmisible. Han convertido un servicio que debe ser personalizado en un servicio discrecional. Hablamos en la mayor parte de los casos de personas ancianas. Y muchos no reclaman porque no quieren problemas» denuncian.

El PP no permitió que se investigase en la Asamblea

El grupo parlamentario socialista ha pedido copia de los informes técnicos a los que alude el consejero Pedreño y copia de las actas de las comisiones de seguimiento del contrato de las ambulancias. Un macrocontrato millonario con más sombras que luces que motivó la petición de una comisión de investigación en la Asamblea que el PP impidió en 2020 con el inestimable apoyo de los diputados de Cs y del diputado de VOX, Pascual Salvador.

Vélez denuncia el calvario de los pacientes y López Miras enumera que solo hubo 133 reclamaciones

En la sesión de control al gobierno, el portavoz del grupo parlamentario socialista, José Vélez, ha denunciado que la empresa del grupo La Generala se está ahorrando cada año 6 millones de euros incumpliendo el contrato y ha preguntado al presidente López Miras si le parece razonable el calvario que están sufriendo muchos pacientes gravemente enfermos que deberían llegar al centro sanitario, como mucho, media hora antes, no más.

Y en una región sin apenas cultura de la reclamación, el presidente López Miras ha defendido la gestión de la empresa señalando que el año pasado realizó 741.835 servicios de traslado y, sin embargo, solo se registraron 133 reclamaciones de pacientes.

López Miras ha acusado a Vélez de carecer de dignidad y tener el rostro de hormigón tras acusarle éste de «priorizar los intereses económicos a la salud de las personas».

Los trabajadores de la empresa, que se concentraron a las puertas del Parlamento murciano, dicen «que los datos que da López Miras son muy fríos y ocultan la realidad del servicio en una región con miedo a reclamar y más tratándose de usuarios de edad avanzada y enfermos».

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