Durante dos tardes, fuera del horario laboral y en horas intempestivas, han estado destruyendo documentos en las instalaciones de Protección Civil hasta llenar ocho bolsas que acumularon en el patio.
Se da la circunstancia de que en esas instalaciones está el despacho del Jefe de Servicio de Protección Civil y Prevención de Incendios contra el que las familias de dos víctimas del incendio de la discotecas de Atalayas han presentado una querella criminal que ha sido admitida a trámite al apreciar el juez indicios de delito.
Alertados por fuentes internas de Protección Civil de la destrucción de documentación que podría ser comprometedora, el representante legal de dos de las familias se personó en el lugar de los hechos y pudo comprobar que la puerta posterior de acceso al recinto estuvo estuvo abierta hasta altas horas de la madrugada y que terminó cerrando la Policía Local.
Tanto las familias como sus asesores legales tienen fundadas sospechas de que la destrucción de documentos pudiera estar unida al hecho de la reciente admisión por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia de una querella dirigida –entre otros funcionarios– contra el Jefe del Servicio de Protección Civil y Prevención de Incendios, «con la hipotética finalidad de destruir documentación probatoria que pudiera resultarle comprometida».
El Ayuntamiento remitió al juzgado un expediente manipulado
Esta acusación lleva semanas denunciando que el Ayuntamiento de Murcia remitió al juzgado un expediente manipulado e incompleto al que le faltaban documentos importantes. Extremo del que viene informando RRNews en exclusiva desde el primer momento.
La documentación remitida por el equipo de Ballesta a la Juez que investiga la muerte de 13 personas no abarca a la totalidad de la misma sino que se ha aportado una documentación preconstituida para la ocasión, con importantes carencias.
Las familias que firman la querella hablan de trama organizada en el Ayuntamiento de Murcia que permitió que las discotecas Teatre y Fonda permaneciesen abiertas sin licencia durante años y contra incumplimientos de las medidas de seguridad.
