El titular del Juzgado número 4 de Murcia aprecia indicios de delito y admite a trámite la querella criminal presentada por las familias de dos víctimas contra dos concejales, Antonio Navarro Corchón y Andrés Guerrero, y contra tres funcionarios municipales por presunta prevaricación por omisión con resultado de muerte.
Así trataron de explicar los inexplicable los concejales Navarro Corchón y Andrés Guerrero:
El auto del juez considera que «los hechos a que se refieren las actuaciones pudieran revestir los hechos los caracteres de delito de prevaricación por imprudencia y, en atención al contenido de las actuaciones recibidas y la pena prevista y que pudiera recaer en una eventual fase decisoria, es procedente incoar diligencias previstas para averiguar y hace constar la perpetración de la infracción penal…»
La admisión a trámite de la querella supone un alivio para las familias que están totalmente convencidas de que sus familiares fallecieron porque la Administración no ejercicio correctamente su función de hacer cumplir norma4va, tolerando que la discoteca funcionara de forma irregular sin tener en cuenta el peligro que el cumplimiento de la normativa implicaba.
El titular del Juzgado Número 4, como era de prever, tras admitir a trámite la querella ha decidido inhibirse en favor del Juzgado Número 3 que ya está investigando las 13 muertes del incendio de las discotecas de Atalayas, aunque su titular, inexplicablemente, se ha mostrado reticente y contraria a investigar la responsabilidad de los responsables del Ayuntamiento de Murcia.
Los querellantes confían en que el Juzgado de Instrucción 3 acoja dentro de las diligencias, la investigación de los concejales y funcionarios objeto de la querella, pues de no hacerlo y rechazar la inhibición, será el Juzgado de Instrucción 4 el que tenga que investigar los hechos o bien podrá plantear una cuestión de competencia ante la Audiencia Provincial, para que sea esta la que determine el Juzgado que debe de instruir la querella admitida.
Las familias piden justicia
El objetivo de la querella criminal es determinar la responsabilidad del Ayuntamiento de Murcia en la tragedia, que se cobró la vida de 13 personas el pasado 1 de octubre de 2023.
Las familias consideran que el Ayuntamiento de Murcia incumplió su deber de velar por la seguridad de los ciudadanos al no ejecutar la orden de cierre de la sala Teatre, donde se originó el incendio. Además, denuncian la falta de medidas de seguridad en las discotecas, como la inexistencia de un plan de evacuación coordinado o la ausencia de salidas de emergencia.
Las familias, que luchan para que se haga justicia y para que la muerte de sus hijos e hijas no salga gratis, se muestran convencidas de que las pruebas que han podido recabar apuntan a la existencia de una trama organizada en el Ayuntamiento de Murcia que permitió que esos locales estuviesen abiertos sin licencia durante años y con graves incumplimientos de las medidas de seguridad. «De forma consciente y respondiendo a un plan preconcebido, funcionarios y responsables municipales no hicieron lo que tenían que hacer, que era aplicar correctamente la ley».
La querella criminal, de 154 folios, se interpone contra el concejal del PP, Antonio Navarro Corchón, contra el concejal del PSOE, Andrés Guerrero, contra el Inspector Técnico de Obras y Actividades, Miguel Ángel Vivancos, contra el Jefe de Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades, Jesús Carmelo Tornero Montoro y contra el Jefe de Servicio de Protección Civil y Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Murcia, Francisco Javier Griñán Escribano.
La trama
El abogado de las dos familias, José Manuel Muñoz, ha explicado que la forma de actuar de la trama ha sido variada «desde crear directrices de funcionamiento que amparasen las actuaciones, dictar procedimientos sancionadores que no sancionaban lo que tenían que sancionar, emitir informes sobre cuestiones e incumplimientos subsanables, pero omitiendo lo realmente relevante, promover y admitir de forma continua procedimientos de legalización como medio para solventar denuncias. Y todo para que todo siguiera igual… consiguiendo con ello que la actividad funcionara siempre y sin que se le impusiera ninguna sanción relevante».
El Ayuntamiento de Murcia remitió al juzgado un expediente manipulado
Los querellantes han podido comprobar que el Ayuntamiento de Murcia no remitió a la juez toda la documentación relativa al caso y que faltan, al menos, cuatro expedientes importantes.
«La consecuencia de ello es que el expediente aportado no se corresponde con el original, sino que contiene los documentos que el que los ha elaborado, en este caso, el funcionario Carmelo Tornero, quiere. Por ello, la documentación aportada, además de incompleta, con lagunas importantes, ha sido objeto de manipulación» advierten.
Ahora solo falta saber qué hará la titular del Juzgado de Instrucción número 3 que ha rechazado la apertura de una pieza separada para investigar la responsabilidad penal del Ayuntamiento de Murcia al considerar “respecto de los funcionarios -indeterminados- del Ayuntamiento de Murcia, no existen esas mínimas sospechas que justifique la apertura de la pieza separada interesada por presunto delito de prevaricación administrativa, habiendo hasta la fecha más que conjeturas de que la no ejecución de la orden de cese contribuyó al resultado mortal”.
