La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha acordado el archivo de las diligencias de investigación abiertas en relación al presunto caso de corrupción ZAKUT porque ya lo está investigando la Fiscalía Europea.
Se trata de un presunto caso de malversación y prevaricación tras la adjudicación de 1 millón de euros de fondos europeos a la asociación pro-israelí ZAKUT por parte del INFO. Las subvenciones de fondos FEDER se adjudicaron en un tiempo récord.
El Fiscal Superior, José Luis Díaz Manzanera, recuerda en su escrito que los Fiscales europeos delegados son competentes en el conjunto del territorio nacional para investigar y ejercer la acción penal ante el órgano de enjuiciamiento competente en primera instancia y vía de recurso contra los autores y demás partícipes de los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la
Unión Europea de conformidad con los artículos 4,,22, 23 y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, con independencia de la concreta calificación jurídica que se otorgué a los mismos.
Mazón interpuso denuncia en enero
El abogado José Luis Mazón, al frente de Preeminencia del Derecho, interpuso una denuncia el pasado 24 de enero contra el jefe del Ejecutivo regional por un presunto delito de malversación de fondo público y «contra los funcionarios responsables que concedieron las subvenciones a la aceleradora israelí Zakut».
El pasado 11 de marzo, RRNews informó de que la Fiscalía Europea había admitido a trámite la denuncia presentada por el abogado José Luis Mazón y había abierto diligencias de investigación.
La Fiscalía Europea requirió al denunciante, el abogado José Luis Mazón, para que aportase cuanta documentación o información adicional poseyera en relación con el fraude denunciado.
Al tratarse de fondos europeos, Mazón decidió denunciar también ante la Fiscalía Europea «porque sinceramente, no me fío de la Fiscalía Anticorrupción española» ante la que también interpuso denuncia por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos contra el presidente López Miras.
El abogado se muestra convencido de que destinar bienes de uso público a una entidad de carácter privado sin control es indicio suficiente para ser investigado.
