El titular del juzgado de instrucción número 7 de Lorca, una vez concluidas las diligencias de investigación sin presencia en ninguna de ellas de la Fiscalía, ha emplazado a las partes personadas en la causa para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación contra la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, la arquitecta municipal, Ana Isabel Domenech y el empresario ganadero Juan Jiménez García por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
Juan Jiménez García, dueño de una finca dedicada a la explotación porcina ubicada en el paraje El Campico de Puerto Lumbreras con capacidad para 1.888 cerdas reproductoras, realizó entre 2019 y el segundo semestre de 2020 importantes obras de demolición y ampliación sin licencia ni autorización para ello:
La reforma de la balsa de purines se realizó ocupando zona de protección de cauce de dominio público hidráulico careciendo de autorización para ello por parte de la CHS, así como construcción de embalses para agua también sin autorización, con el consiguiente impacto ambiental propio de dichas construcciones.
La macrogranja, autorizada previamente por la CARM, no dispone de licencia urbanística que sustente las edificaciones existentes en la parcela, no dispone de Declaración Ambiental Integrada, no dispone de licencia de actividad y no dispone de recursos hídricos lícitos que permitan el suministro de agua ya que la CHS emitió informe desfavorable.
Pero Juan Jiménez García es un importante ganadero de la zona. Su empresa se llama Jisap y en su página web aseguran que son una «ganadería moderna» preocupada por la sostenibilidad ambiental.
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras tardó dos años en inspeccionar
A pesar de la envergadura de las obras realizadas por el empresario ganadero Juan Jiménez, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras no adoptó medida alguna ni se inició expediente alguno, hasta el 20 de diciembre de 2021 que realizó una visita técnica la Arquitecto municipal, también imputada, cuando los hechos habían sido denunciados en julio de 2020 por la organización Ecologistas en Acción.
«Los responsables municipales no se percataron de las obras realizadas hasta prácticamente su finalización y además tardaron varios meses en realizar actuaciones desde que tuvieron conocimiento de ellas y lo hicieron una vez incoadas actuaciones penales en noviembre de 2021» dice el juez en el auto al que ha tenido acceso RRNews.
«Además, la falta de inspección y control debido y del retraso en la actuación, una vez abierto el expediente, con motivo nuevamente en una clara dejación de funciones, dio lugar a la caducidad del expediente» sostiene el juez.
«La empresa ganadera realizó obras de demolición y construcción sin autorización alguna con el correspondiente impacto ambiental, esta infracción se vio facilitada por la falta de inspección y control que debería haber realizado el Ayuntamiento y de lo que es responsable la Alcaldesa» dice el auto judicial.
Tras la denuncia de Ecologistas en Acción y la iniciación de actuaciones se abrió un expediente sancionador que, sin embargo, caducó «por actuación omisiva de la Alcaldesa de Puerto Lumbreras» que «no tomó las medidas necesarias para que no se produjera la caducidad del expediente».
Y luego se abrió un segundo expediente en el que la Arquitecto municipal, también imputada, realizó «una nueva valoración de la obra ilegal sin justificación suficiente para ello y de la que resultó muy favorecida económicamente la empresa infractora».
El juez da diez días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
Ecologistas en Acción asegura que la alcaldesa de Puerto Lumbreras está al servicio de los intereses de la macrogranja porcina
Desde Ecologistas en Acción, representado sen la causa por el abogado, José Manuel Muñoz, se preguntan cómo es posible que la CARM esté permitiendo la actividad de esa macrogranja porcina sin haber comprobado nada. «Tampoco hay informe favorable de la CHS, invade zona de rambla, no se sabe nada de la gestión de los purines. Se trata de animales que van a matadero, cómo se controla todo eso si es ilegal. Es como si dijéramos que están funcionando en B» denuncian.
