La poderosa empresa Agrícola Perichán no pagará por una infracción ambiental por la que fue denunciada en mayo de 2020 después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ haya estimado su recurso contra la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente debido a un «error» en las mediciones del terreno afectado.
La empresa Agrícola Perichán recurrió vía contencioso administrativo la multa de 10.400 euros y restauración del terreno afectado impuesta por la Dirección General de Medio Natural por la comisión de una infracción consistente en la «roturación de terreno forestal y eliminación de un cabezo, con el consiguiente deterioro y alteración paisajística» en el paraje Cañada de los Tiranos. Todo ello en virtud de las denuncias formuladas por los agentes el 22 de mayo de 2020, aunque la roturación del terreno se cometió en 2019.
La instructora del expediente en la Consejería calificó de «grave» la infracción y valoró el coste de restauración de los terrenos en 31.762,84 euros.
Pero, como recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso RRNews, la empresa agrícola alegó que la Administración regional había cometido un error al determinar la superficie afectada y, por tanto, el coste de la restauración.
La Administración abrió expediente sancionador por la roturación de 5,2 hectáreas de terrenos forestal cuando el agente forestal hizo constar en su denuncia 27.240 m2 de terreno (2,7 hectáreas) y la eliminación de un cabezo de 925 m2 con lo que el coste de la restauración ascendería a 8.789,67 euros y la infracción debería haber sido calificada como leve.
¿Por qué la Administración regional no subsanó el error durante el trámite administrativo de la sanción? Esa es la pregunta no aclarada.
Concluye la sentencia: «La demanda debe ser estimada resultando procedente declarar la nulidad de los actos recurridos al haberse reconocido por la propia Administración, aunque en la vía judicial, que había incurrido en error en la determinación de la superficie afectada, y, en consecuencia, en la fijación de la sanción y en el cálculo del coste de reposición de los terrenos.
Los errores expuestos son de la suficiente entidad para poner en entredicho la presunción de certeza de la que gozan las denuncias de los Agentes y la suficiencia de la prueba de cargo obrante en el expediente. Y lo más relevante, son errores que afectan a elementos esenciales de la infracción y de la sanción, que no pueden ser modificados como se pretende, en la vía judicial y precisamente tras la contestación a la demanda.
La sanción debe ser propuesta por el instructor del expediente e impuesta por el órgano sancionador tras la valoración de las circunstancias concurrentes. No puede la Administración esperar a la contestación a la demanda para hacer una modificación sustancial de los hechos imputados y
proponer la sanción que considera adecuada a los mismos, convirtiendo a esta Sala en la autoridad sancionadora. Efectivamente, esta Sala tiene facultades revisoras de lo actuado por la Administración, pero no está llamada a sustituirla, al igual que no puede sustanciarse el expediente administrativo en el seno del procedimiento judicial».
El TSJ condena en costas a la parte demandada, la Administración regional, que deberá pagar 2000 euros.
La CARM lleva concedidos 14 millones en subvenciones a Perichán pese a sus numerosas tropelías ambientales y expedientes sancionadores
Pese a las numerosas tropelías ambientales cometidas por la empresa Agrícola Perichán, algunas muy graves, en terrenos de Águilas, Mazarrón y Lorca, el Gobierno regional de López Miras le ha concedido subvenciones que suman casi 14 millones de euros desde 2019, la mayor parte son ayudas europeas y todas concedidas por la Consejería de Agricultura. Son datos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Según la información oficial a la que ha tenido acceso RRNews, solo en los últimos ocho años, la empresa Agrícola Perichán ha sido objeto de nueve expedientes sancionadores, con resolución firme, por parte de la Dirección General de Medio Ambiente y de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática.
La empresa Perichán, por ejemplo, fue denunciada el 28 de agosto de 2023 por roturación y acumulación de combustibles en un monte de Mazarrón durante la época de peligro de incendios. La empresa fue sancionada por la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática al pago de una multa de 81.315 euros que ha sido pagada.
El pasado mes de noviembre, la asociación ecologista ANSE denunció ante la consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, y el Ayuntamiento de Mazarrón que la empresa agrícola Perichán había llevado a cabo un vertedero ilegal y una nueva roturación sobre una superficie aproximada de 2 hectáreas, en el Espacio Protegido Sierra de las Moreras, que ha conllevado la eliminación completa de la cubierta vegetal del área afectada y la generación de un gran vertedero de restos procedentes de la agricultura.
Perichán es proveedor de importantes cadenas de supermercados
La sociedad agraria de transformación agrícola PERICHÁN se constituyó en 1997 como centro de manipulación y comercialización de productos hortofrutícolas.
Son proveedores de importantes cadenas de supermercados como Mercadona, Alcampo, El Corte Inglés o Lidl, con un volumen superior a 100.000 toneladas anuales. Actualmente distribuye y sitúa todos sus productos en Madrid, Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad Real), Extremadura, Castilla León, la cornisa Cantábrica, País Vasco y Galicia, alcanzando también a Portugal.
Cuenta con una superficie cultivable de 515 hectáreas, de las cuales 100 hectáreas son de invernaderos de malla, 360 de plástico y 55 de frutales.
Las cadenas de supermercados que dicen estar comprometidos con la protección del medio ambiente en sus memorias de sostenibilidad no financiera está claro que no revisan el compromiso ambiental de sus proveedores de productos.
