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FAMILIAS DE VÍCTIMAS EN INCENDIO DE ATALAYAS PIDEN REFUERZO JUDICIAL

Recurren denegación apertura pieza separada

Las familias de las víctimas del incendio de Atalayas luchan para que se depuren responsabilidades «caiga quien caiga»

Sostienen los recurrentes que los sucesivos expedientes de legalización han sido un instrumento empleado para mantener las situaciones de irregularidad.

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Las familias de dos de las trece víctimas del incendio de las discotecas de Atalayas quieren que se depuren todas las responsabilidades «caiga quien caiga» y, por tal motivo, han interpuesto recurso de apelación contra el Auto de 6 de marzo de 2024 dictado por el Juzgado de Instrucción 3 denegando la apertura de una pieza separada para investigar la actuación y la participación del Ayuntamiento de Murcia en los hechos que acabaron en tragedia el 1 de octubre de 2023.

Entienden que el auto recurrido no realiza un análisis objetivo e independiente de los hechos acaecidos pues la juez se guía por la versión de los hechos realizada por el Ayuntamiento en su informe del área de Urbanismo.

Los informes del Ayuntamiento de Murcia son informes de parte

El abogado de las familias, José Manuel Muñoz, subraya que «no se puede olvidar y el Juzgado tampoco debería, que los referidos Informes del Ayuntamiento, son Informes de parte, realizados aparentemente con la finalidad de facilitar la comprensión de los hechos, por lo enrevesado que puede suponer la existencia de tantos expedientes administrativos, pero que, en realidad están hechos para justificar la actuación del Ayuntamiento y eximir de responsabilidad a los funcionarios y responsables políticos implicados«.

Consideran los recurrentes que es insostenible pensar que de los informes técnicos obrantes en el expediente no se evidencian irregularidades que afectasen a la seguridad y la salud de las personas, puesto que hay continuas denuncias de la Policía Local que evidencian gravísimas irregularidades. Además, los propios informes mencionan gravísimas irregularidades en materia de prevención de incendios, puertas de emergencia bloqueadas con candados, falta de revisión del suministro de luz o de bombeo de agua contra incendios.

Sin salidas de emergencia, con recorrido de evacuación ilegal

La discoteca Fonda Milagros carecía de salidas de emergencia seguras, disponía de una sola escalera cuando por aforo debía de tener dos y con un recorrido de evacuación ilegal pues superaba la distancia mínima hasta llegar a un lugar seguro.

«Las condiciones en las que se encontraba la Fonda Milagros fueron intencionadamente ocultadas por determinados sujetos, todo ello acorde a su plan de actuación, puesto que, de tenerlas en cuenta, Fonda Milagros no podría haber existido tal y como la conocimos».

La discoteca ha funcionado dividida en dos desde el año 2013, Teatre y otra -La Mansión, Fonda Milagros- sin que durante todo ese tiempo haya sido considerada legalmente su existencia, a pesar de las múltiples denuncias que la Mansión y La Fonda Milagros han sido objeto.

De hecho, el último informe del Servicio de Prevención de incendios seguía omitiendo su existencia, pues se dirige exclusivamente a Teatre cuando le dice que hay que hacer nuevos cálculos de aforo, después de que la Policía Local les haya indicado en múltiples denuncias que existe Fonda Milagros, sin licencia, sin salida de emergencia y con exceso de aforo. Mientras las discotecas seguían funcionando sin tener establecido su aforo.

¿Qué Ayuntamiento permite que una discoteca funcione sin determinación de aforo?

La no regulación de todas estas cuestiones especialmente relevantes, en contra de lo que dice el auto recurrido, sí que suponen una dejación de funciones a sabiendas de su ilegalidad.

El abogado de las familias no entiende que la juez dé por válida que no se ejecutó el Decreto de cese de actividad de 10 de enero de 2022 al incluir una cláusula que permitía continuar con la actividad si se presentaba la instalación de legalización.

«No tiene en cuenta su señoría que incluir esa cláusula en el Decreto constituye un acto de prevaricación administrativa, puesto que la opción de continuar con la actividad va en contra de lo establecido en el artículo 141 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, que establece que, ante la desestimación de una solicitud de legalización, lo que hay que hacer es dictar el cese, y solo el cese, nunca ofrecer la opción de presentar otra legalización«.

Las familias que recurren la denegación de apertura de una pieza separada para investigar al Ayuntamiento de Murcia consideran que la juez no alcanzar a entender la instrumentalización que s eha hecho de los procedimientos de legalización, pues considera loables actuaciones realizadas ante los incumplimientos en que incurrían los locales.

¿Cómo es posible que habiendo tantos procedimientos de legalización no se haya legalizado en ningún de ellos la actividad?

«La respuesta es clara, ya que el objetivo no era la legalización sino continuar con la actividad evitando cualquier obstáculo que se planteara. La situación resulta tan esperpéntica que, ante la resolución desestimatoria de un procedimiento de legalización, cuando se va a ejecutar el Decreto de cese, nuevamente se alude a un nuevo procedimiento de legalización, y para más inri, acompañando la misma
documentación que ya había sido presentada en los anteriores. Esto es claramente una actuación fraudulenta» subraya el abogado.

Se han incoado 20 expedientes administrativos y las familias quieren determinar mediante una investigación los sujetos actuantes, el objetivo de tales actuaciones y el alcance de las mismas puesto que ninguna de ellas consiguió el objetivo de legalizar y poner en condiciones acordes a la normativa a las discotecas Teatre y Fonda.

«No es suficiente decir que ha habido muchas actuaciones, hay que analizar el objetivo de las mismas y el resultado conseguido» concluyen y de ahí el recurso contra la denegación de apertura de una pieza separada para investigar al Ayuntamiento de Murcia.

Querella criminal en paralelo

No obstante, las familias han interpuesto una querella criminal contra dos concejales y tres funcionarios municipales por presunta prevaricación por omisión con resultado de muerte al amparo de la pieza separa que la juez ya abrió la juez tras la denuncia del abogado, José Luis Mazón, mediante auto de 6 de noviembre de 2023 que incoó diligencias previas número 2407/2023 como viene informando RRNewws. Las familias han descubierto que el Ayuntamiento remitió al juzgado un expediente manipulado.


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