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Familias de dos víctimas del incendio de Atalayas denuncian que el Ayuntamiento remitió al juzgado un expediente manipulado

Las familias de dos de las trece víctimas formalizan su querella criminal contra dos concejales y tres funcionarios del Ayuntamiento de Murcia por presunta prevaricación con resultado de muerte por imprudencia grave.

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Los familiares de dos de las trece víctimas del incendio de las discotecas de Atalayas han formalizado hoy su querella criminal contra dos concejales y tres funcionarios del Ayuntamiento de Murcia a los que consideran autores de un delito de prevaricación con resultado de muerte por imprudencia grave.

Las familias, que luchan para que se haga justicia y para que la muerte de sus hijos e hijas no salga gratis, se muestran convencidas de que las pruebas que han podido recabar apuntan a la existencia de una trama organizada en el Ayuntamiento de Murcia que permitió que esos locales estuviesen abiertos sin licencia durante años y con graves incumplimientos de las medidas de seguridad. «De forma consciente y respondiendo a un plan preconcebido, funcionarios y responsables municipales no hicieron lo que tenían que hacer, que era aplicar correctamente la ley».

La querella criminal, de 154 folios, se interpone contra el concejal del PP, Antonio Navarro Corchón, contra el concejal del PSOE, Andrés Guerreno, contra el Inspector Técnico de Obras y Actividades, Miguel Ángel Vivancos, contra el Jefe de Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades, Jesús Carmelo Tornero Montoro y contra el Jefe de Servicio de Protección Civil y Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Murcia, Francisco Javier Griñán Escribano.

En la querella criminal, las familias piden a la juez que los cinco sean citados a declarar en calidad de investigados.

Por otra parte solicitan que tome declaración en calidad de testigos a nueve personas entre la que se encuentran: la Jefa de Sección de Disciplina de Actividades, M.F.A; la Técnico de la Administración General, N.V.F; el Jefe de Servicio Técnico de Obras y Actividades, J.C.M.L; la Ingeniera Técnico Industrial del Servicio de Actividades, M.D.J.M; la Jefa de Sección de Disciplina de Actividades, A.P.L.; la Jefa de Servicio de Sección de Actividades, C.R.A; el exconcejal de Urbanismo, J.A.B ; la anterior Jefe del Servicio Administrativo de Actividades, actual Subdirectora de Coordinación Administrativa, E.R.M y el ingeniero asesor técnico de Teatre que presentó los proyectos de legalización y mantuvo relación con los funcionarios y cargos implicados, C.J.F.B.

Remitieron al juzgado un expediente manipulado

Los querellantes solicitan igualmente que se persone el Juzgado en la Concejalía de Urbanismo al área del Servicio de Licencia para recabar la copia de seguridad del sistema informático del Ayuntamiento de Murcia, en concreto, una copia íntegra de los sistemas de BACK-UP del Ayuntamiento de Murcia. «También deberían requerirse todos los datos, metadatos del programa informático».

Igualmente, los firmantes de la querella criminal piden a la juez que dirija un requerimiento al Ayuntamiento de Murcia para que aporte al Juzgado “foliada” toda la documentación obrante en el enlace de expedientes voluminosos. «Debe aportar al Juzgado los expedientes completos y originales existentes en el programa informático y no un expediente preconstituido para la ocasión por Jesús Carmelo Tornero. Deben aportar los expedientes obrantes en los programas Reyex y Gexflow».

Los querellantes han podido comprobar que el Ayuntamiento de Murcia no remitió a la juez toda la documentación relativa al caso y que faltan, al menos, cuatro expedientes importantes.

«La consecuencia de ello es que el expediente aportado no se corresponde con el original, sino que contiene los documentos que el que los ha elaborado, en este caso, el Sr. Carmelo Tornero, quiere. Por ello, la documentación aportada, además de incompleta, con lagunas importantes, ha sido objeto de manipulación. Lo procedente hubiera sido el envío de todos los expedientes con toda la documentación que los componen y no una selección preparada y preconstituida expresamente para su aportación al Juzgado, tal y como ha acontecido. Se trata de una documentación cribada y fruto de la arbitrariedad del funcionario que la ha elaborado»

También solicitan al juzgado que proceda a investigar el patrimonio de los investigados.

Iniciar continuos procedimientos de legalización para evitar el cese de la actividad constituye una actividad delictiva y como tal debe de ser investigada.

El abogado de las dos familias, José Manuel Muñoz, ha explicado que la forma de actuar de la trama ha sido variada «desde crear directrices de funcionamiento que amparasen las actuaciones, dictar procedimientos sancionadores que no sancionaban lo que tenían que sancionar, emitir informes sobre cuestiones e incumplimientos subsanables, pero omitiendo lo realmente relevante, promover y admitir de forma continua procedimientos de legalización como medio para solventar denuncias. Y todo para que todo siguiera igual… consiguiendo con ello que la actividad funcionara siempre y sin que se le impusiera ninguna sanción relevante».

Las familias presentan la querella criminal al amparo de la pieza separada que ya abrió la juez tras la denuncia del abogado José Luis Mazón. Lo hizo mediante auto de 6 de noviembre de 2023 que incoó diligencias previas número 2407/2023.

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