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Familias de víctimas del incendio Atalayas recurren decisión judicial por no investigar al Ayuntamiento de Murcia por prevaricación

Las familias de dos de las tres víctimas consideran que "determinados funcionarios y responsables municipales, de forma consciente y respondiendo a un plan preconcebido, no han hecho lo que tenían que hacer, que era aplicar correctamente la ley". Denuncian la existencia de una trama.

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Luchan para que se haga justicia, para que la muerte de sus hijos e hijas no salga gratis. Luchan para que los responsables paguen.

Las familias de dos de las trece víctimas del incendio de las discotecas de Atalayas recurrirán en apelación la decisión de la titular del juzgado de instrucción número 3 de Murcia de no abrir una pieza separada para investigar la negligente actuación del Ayuntamiento de Murcia «pese a que hay indicios evidentes de la existencia de una trama organizada que permitió que esos locales estuviesen abiertos sin licencia durante años y con graves incumplimientos de las medidas de seguridad».

Las familias consideran que el Juzgado no está a la altura del delito investigado

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha desestimado el recurso de la representación procesal de familiares de dos de los fallecidos en el incendio acaecido el pasado 1 de octubre en la zona de Atalayas, en Murcia, contra el auto de 16 de noviembre que denegaba la apertura de una pieza separada que investigara la actuación del Ayuntamiento de Murcia por si existió un delito de prevaricación administrativa por omisión.

«No estamos de acuerdo con su señoría con que el fallecimiento de 13 personas sea una cuestión meramente administrativa, habiendo un decreto de cese de una actividad que resultó ilícitamente incumplido y habiendo gravísimas irregularidades en materia de seguridad y prevención contra incendios» asegura el abogado José Manuel Muñoz.

Las familias de dos de las trece víctimas señalan que el auto dictado por la juez olvida que que estamos ante una discoteca que está funcionando sin licencia durante más de una década y que va en
contra del Plan General de Ordenación Urbana, «lo cual indica que es una actividad de riesgo (por eso se exige licencia), que nunca debió de autorizarse, al menos en la configuración con la que se hizo, y
nunca iba a conseguir la legalización por ir contra el Plan General, por lo que no entiende los múltiples expedientes de legalización que se han hecho, si la actividad no es legalizable por contraria al
planeamiento».

Las familias consideran que «determinados funcionarios y responsables municipales, de forma consciente y respondiendo a un plan preconcebido, no han hecho lo que tenían que hacer, que era
aplicar correctamente la ley».

La forma de actuar de «la trama»

El abogado, José Manuel Muñoz, ha explicado que la forma de actuar de la trama ha sido variada «desde crear directrices de funcionamiento que amparasen las actuaciones, dictar procedimientos sancionadores que no sancionaban lo que tenían que sancionar, emitir informes sobre cuestiones e incumplimientos subsanables, pero omitiendo lo realmente relevante, promover y admitir de forma continua procedimientos de legalización como medio para solventar denuncias. Y todo para que todo siguiera igual, etc… consiguiendo con ello que la actividad funcionara siempre y sin que se le impusiera ninguna sanción relevante».

No se entiende, por otra parte, que la juez desconozca Ley 4/2009, de 14 de mayo que solo permite un solo expediente de legalización que debe de ser resuelto y que iniciar continuos procedimientos de legalización para evitar el cese de la actividad constituye una actividad delictiva y como tal debe de ser investigada. Tampoco entienden las familias recurrentes que la juez no aprecie el «fraude» que supone abrir un nuevo expediente de legalización sobre el mismo proyecto que se ordenó cerrar.

Y les sorprende igualmente que la juez no aprecie la prevaricación del decreto de cese dictado puesto
ofrece una opción que la ley no contempla, consistente en ofrecer de nuevo la posibilidad de iniciar un procedimiento de legalización.

«El auto de la juez no está a la altura del delito cometido»

Desde el 2017 ha existido un continuado riesgo para la salud de las personas con el beneplácito de la administración municipal que teniendo los instrumentos para evitarlo, no lo hizo.

«El auto no está a la altura del delito cometido pues nunca una trama delictiva puede ser un ilícito administrativo, y menos si hay 13 fallecidos que fueron metidos en un horno sin salidas de emergencia»
como dice Jairo, el padre de una de las víctimas.

Las familias siguen adelante con su querella

Las familias de dos de las víctimas siguen adelante con su querella contra los concejales Navarro Corchón y Andrés Guerrero y contra tres funcionarios municipales concretos al amparo de la pieza separada que ya abrió la juez tras la denuncia del abogado José Luis Mazón. Lo hizo mediante auto de 6 de noviembre de 2023 que incoó diligencias previas número 2407/2023.

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