Un estudio constata cómo la publicidad institucional deteriora la democracia y altera la pluralidad mediática. Cuando los gobiernos utilizan recursos públicos para influir en la cobertura mediática y limitar la diversidad de opiniones, se socavan los principios democráticos de transparencia, rendición de cuentas y libertad de expresión.
La investigación realizada por profesores de las universidades Autónoma de Barcelona, Carlos III de
Madrid y Castilla-La Mancha ha constatado «la falta de transparencia» del proceso de planificación y contratación de la publicidad institucional por parte de las diferentes administraciones y su impacto sobre el pluralismo. «La cantidad de dinero que ingresan los medios afines al poder político es muy desproporcionada”.
¿Qué está pasando en la Región de Murcia?
Recientemente publicamos en RRNews que el Gobierno regional de López Miras adjudicó semanas antes de las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, 500.000 euros en contratos a cuatro grandes medios de comunicación (La Verdad, Cope, Onda Cero y SER Radio Murcia) en concepto de «campañas de publicidad y marketing» a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM). Se desconoce la letra pequeña de los contratos que hemos solicitado a través del portal de transparencia.
Sabemos, por tanto, que el Gobierno de López Miras está utilizando el ITREM y el INFO para regar de dinero público los principales medios de comunicación. Así es más fácil controlar el relato, colar titulares y lograr entrevistas amables en cadenas de televisión nacionales como Antena 3 y Telecinco en horarios de máxima audiencia.
A las cantidades ingentes de dinero repartidas a través del ITREM y del INFO, hay que sumar las campañas publicitarias que realizan por separado todas y cada una de las consejerías del Gobierno Regional. Patrocino de eventos organizados por los diferentes medios y campañas de difusión publicitaria con motivo de la vacunación contra la gripe, el Día de la Región o la difusión de Plan Infomur y Copla por poner solo algunos ejemplos. Hay muchos más y de lo más variado. La consejería más activa y que más dinero gasta en publicidad es la de Marcos Ortuño.
El Gobierno de López Miras paga hasta el Anuario del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia y Revista ‘Siete Tardes’ con 5.445 euros en 2023.
En RRNews hemos podido comprobar cómo las cantidades de dinero se incrementaron de manera notable en 2023, año electoral, respecto al año anterior. ¿Casualidad? En 2022 destinó 349.617 euros y en 2023 la cantidad se elevó hasta los 489.465 euros por parte de la consejerías. El aumento del gasto en publicidad fue del 71,4%.
Los periódicos La Verdad y La Opinión y Radio Murcia (SER) son los medios de comunicación regionales que más dinero reciben seguidos por Radio Cope, el periódico La Razón y OK Diario, de Eduardo Inda, que en 2023 recibió del Gobierno de López Miras 30.371 euros en campañas de publicidad. OK Diario ha llegado a ser condenado por los tribunales por publicar informaciones falsas y negarse, incluso, a publicar luego las correspondientes rectificaciones según recogen diferentes medios de comunicación. «El Supremo condenó a ‘Okdiario’ por hacer «afirmaciones inveraces» sobre los titiriteros a los que se acusó de ser de ETA» informó el diario digital Público.
A las cantidades anteriores hay que sumar el dinero repartido a los diferentes medios privados a través de la agencias de comunicación. En 2022, recibieron 142.639 euros en campañas a través de agencias y en 2023, año de elecciones, la cantidad se incrementó hasta los 247.261 euros. Aumentó un 57% el gasto en publicidad en medios privados por parte del Ejecutivo a través de agencias.
El Gobierno de López Miras incumple la Ley de Publicidad Institucional
Se desconoce la efectividad de las campañas de publicidad que contrata porque el Gobierno regional está incumpliendo la Ley 13/2018, de 29 de noviembre, de Comunicación y Publicidad Institucional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
No está elaborando los informes de evaluación anual de las campañas de comunicación y publicidad institucional con detalle de los indicadores de efectividad de las campañas contratadas. Estos indicadores son necesarios para poder valorar adecuadamente a qué medios y en qué formatos invertir el dinero público destinado a la publicidad institucional.
Es necesario saber quién cobra y cuánto cobra
La transferencia de fondos públicos a medios privados (en especial, la publicidad institucional), según el estudio antes citado, «repercute en la calidad de nuestra democracia al condicionar, sobre todo en momentos de crisis, la pluralidad de voces que se pueden escuchar en el panorama mediático”.
Por ese motivo, proponen los investigadores reformas legislativas y un mecanismo de subvenciones que evite que el flujo de dinero público hacia el ecosistema de medios privados sea una forma encubierta de financiar a los medios de comunicación.
No hay transparencia en los procedimientos de planificación y contratación pese a las numerosas advertencias de organismos como el Tribunal Constitucional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o el Tribunal de Cuentas. Todos ellos exigen que la planificación obedezca “a criterios objetivables» de forma que se eviten «los acuerdos abusivos» entre las grandes agencias de medios y que «se hagan evaluaciones a posteriori sobre la eficacia de las campañas».
Los responsables del estudio consideran que es necesario saber quién cobra y cuánto cobra. La ciudadanía debería saber con facilidad qué cantidad de fondos públicos recibe cada medio de comunicación privado de las diferentes administraciones para conocer así su grado de independencia o de dependencia. «Es esencial una total transparencia en cuanto a la propiedad de los medios, en el Registro Mercantil, pero también en sus propias webs”.
Los investigadores también consideran esencial que la ciudadanía conozca cuánto representa en la cuenta de resultados de cada medio de comunicación privado la suma de dinero público recibida en concepto de publicidad institucional.
Es patente que los políticos españoles utilizan el dinero público para influir en los medios de comunicación. Algo con lo que pretende poner coto Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación: La Comisión propone normas para proteger el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación en la UE.
La Ley establece requisitos para la asignación de publicidad institucional a los prestadores de servicios de comunicación y a las plataformas en línea, con objeto de garantizar la transparencia y la no discriminación.
El Gobierno murciano es el mejor cliente de los medios de comunicación
Las cifras, las pocas que hemos podido conocer dada la opacidad existente, evidencian que el Gobierno regional se ha convertido en el cliente más importante de muchos medios de comunicación privados, algunos de ellos con importantes pérdidas acumuladas que lavan sus cuentas de resultados con el dinero público de la publicidad institucional, sin importarles la contaminación del espacio público que eso conlleva.
El control político de los medios de comunicación mediante la publicidad institucional plantea serias preocupaciones en términos de libertad de prensa y democracia.
