Ya no son solo dos las familias que quieren que se haga justicia «caiga quien caiga». Más acusaciones particulares han recurrido el Auto de 6 de marzo de 2024 dictado por la titular del Juzgado de Instrucción 3 denegando la apertura de una pieza separada para investigar la actuación y la participación del Ayuntamiento de Murcia en los hechos que acabaron en tragedia el 1 de octubre de 2023.
Según ha podido saber RRNews, once familiares de trece de las víctimas del incendio de las discotecas de Atalayas han interpuesto recurso al apreciar indicios racionales de criminalidad que permitirían apreciar la comisión de un presunto delito de prevaricación y elaboración de informes elaborados «ad hoc» por los distintos servicios dependientes del Ayuntamiento de Murcia.
Las familias han descubierto, entre otras cosas, que el Ayuntamiento remitió al juzgado un expediente manipulado.
«A pesar de que los funcionarios contaban con toda la información sobre ambos locales, pudiendo acceder a los diversos expedientes que se habían tramitado, y que el personal cuenta con un marcado perfil técnico, que les habilita para pronunciarse sobre la existencia de riesgo grave para las personas, nunca se hizo efectivo el cese de la actividad. Puede afirmarse que existen indicios de algún tipo
de interés en que los expedientes administrativos quedaran inconclusos y sin ejecutar las órdenes de cese de actividad» dice un de los recursos de apelación.
Querella criminal en paralelo
Las familias de dos víctimas han interpuesto una querella criminal contra dos concejales, Antonio Navarro Corchón y Andrés Guerrero, y contra tres funcionarios municipales por presunta prevaricación por omisión con resultado de muerte al amparo de la pieza separa que la juez ya abrió la juez tras la denuncia del abogado, José Luis Mazón, mediante auto de 6 de noviembre de 2023 que incoó diligencias previas número 2407/2023 que incorporó a la causa general como viene informando RRNewws.
Inexplicablemente, la juez ha obviado la existencia de esa pieza separada y ha mandado la querella criminal a reparto.
El objetivo es determinar la responsabilidad del Ayuntamiento de Murcia en la tragedia, que se cobró la vida de 13 personas el pasado 1 de octubre de 2023.
Las familias consideran que el Ayuntamiento de Murcia incumplió su deber de velar por la seguridad de los ciudadanos al no ejecutar la orden de cierre de la sala Teatre, donde se originó el incendio. Además, denuncian la falta de medidas de seguridad en las discotecas, como la inexistencia de un plan de evacuación coordinado o la ausencia de salidas de emergencia.
