Ecologistas en Acción, Pacto por el Mar Menor y Alianza Mar Menor (AMARME) no se rinden. Siguen luchando, esta vez, contra la Audiencia Provincial de Murcia en su defensa del Mar Menor y de que sea reconocido por los los tribunales de justicia como víctima de una contaminación que no cesa, que se mantiene casi ocho años después de la sopa verde.
Las citadas organizaciones ecologistas y sociales se preparan para llegar al Tribunal Constitucional al entender que la Audiencia Provincial ha interpretado erróneamente el artículo 6 de la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, que reconoce personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor.
Ecologistas en Acción, Pacto por el Mar Menor y AMARME también consideran que los magistrados de la Audiencia Provincial han vulnerado el artículo 24.1 de la Constitución Española que dice que «todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, puede producirse indefensión».
«Al amparo del art 852 LECrim, por infracción del art. 24.1 de la CE, al ser el Mar Menor titular del bien jurídico protegido por la norma penal y sujeto pasivo del delito es titular del derecho a la tutela judicial efectiva en su manifestación como “ius ut procedatur” o derecho a que se incoe el
proceso penal» alegan como motivo.
Pero para poder llegar al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, las ONGs deben agotar todas las vías; y por ese motivo han decidido interponer en primer lugar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el auto de la Audiencia Provincial que revocó la personación de las citadas ONG y ayuntamientos ribereños como perjudicados del «caso Topillo» en representación del Mar Menor.
La Audiencia Provincial entendió que “sólo es posible el ejercicio de su acción a través de la acción popular” y no como acusación particular; y consideró en su auto que, según la Ley de personalidad de jurídica de la laguna y su cuenca, la llamada procedente sería al Comité de Representantes “si es que hubiese sido reglamentariamente constituido».
Sin embargo, las ONGs entienden que no es necesario que esté reglamentariamente constituido el Comité de Representantes, que el Mar Menor es víctima directa y que, en aplicación de la Ley, cualquier persona física o jurídica puede representarle y defenderle en los tribunales de justicia.
La Audiencia Provincial, que ya dijo que contra su resolución no cabía recurso ordinario, puede que responda a Ecologistas en Acción, Pacto por el Mar Menor y AMARME que su auto no es recurrible ante el Supremo. O puede que finalmente dé traslado al Supremo del recurso de casación que, a su vez, podría admitirlo o no.
Las organizaciones sociales y ecologistas ya trabajan con sus abogados en el recurso de casación y, por si acaso, preparan el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Un tribunal que también deberá pronunciarse sobre el recurso interpuesto por VOX contra la Ley de Personalidad Jurídica. El partido de extrema derecha considera que la ILP “es una ley comunista que atenta contra la libertad de empresa, la propiedad privada y contra nuestro campo”.
El camino que aún queda por recorrer en tribunales es largo y lleno obstáculos, pero las citadas organizaciones ecologistas y sociales no cejan en su empeño por hacer que el Mar Menor sea reconocido por los jueces como víctima y, por tanto, con derecho a defenderse como acusación particular.
La Audiencia estimó el recurso de la empresa EXPRACAR
La Audiencia Provincial estimó el recurso presentado por la empresa Expracar, perteneciente al grupo al Grupo Roca, que está siendo investigada en una de las muchas causas en las que se ha dividido el caso Topillo.
Según el escrito de acusación presentado en su día por el Ayuntamiento de los Alcázares en nombre del Mar Menor, entre los años 2014 y 2018 la empresa EXPRACAR SL extrajo 545.454 m3 de agua de dos pozos ubicados en la finca sita en Diseminado Los Urreas, núm. 9, de Torre Pacheco para posteriormente desalarla empeñando para ello cuatro máquinas desaladoras, ubicadas en plantas de Beatos, Benzal y Pozo Miranda. Esa actividad generó un rechazo de salmuera con nitratos 136.363 m3 que ser vertió al salmueroducto que vertía en la rambla de Miranda que desemboca en el Mar Menor, entre los Alcázares y Los Urrutias. El equivalente a casi 55 piscinas olímpicas de vertidos a la laguna.
Siguen entrando nitratos y fosfatos al Mar Menor
El Mar Menor recibió 3.580 toneladas de nitratos y 19,7 de fosfatos en 2022, según el Ministerio de Transición Ecológica.
Mientras tanto, el Gobierno regional sigue gastando millones de euros en la retirada de biomasa que producen los nutrientes que entran en la laguna. Entre 2017 y 2023 ha gastado cerca de 20 millones de euros en la retirada de 44.997 toneladas de ova y anuncia el gasto de otros 8 millones de euros este año 2024.
Según asegura el Gobierno murciano, esto ha permitido la extracción directa de 455,93 toneladas de nitrógeno y cerca de 17,03 toneladas de fósforo del ecosistema, aunque desde el IEO, por ejemplo, consideran que se trata más de una medida cosmética que de una medida eficiente para evitar la eutrofización de la laguna.
