El Mar Menor reclama justicia como víctima directa que es de años de contaminación. Y lo hace en nombre propio, ejerciendo su legítimo derecho a defenderse, harto de ser el sumidero de vertidos del Campo de Cartagena.
El Mar Menor, representado por el Ayuntamiento de los Alcázares, ha presentado escrito de acusación contra la empresa hortofrutícola Explotaciones Plantaciones y Riegos Agrícolas del Campo de Cartagena S.L. (EXPRACAR SL) del grupo empresarial Roca, con sede en Pozo Estrecho, investigada en una de las muchas causas en las que se ha dividido el caso Topillo.
Es la primera vez en Europa que un ecosistema acusa en nombre propio en un procedimiento judicial
En un escrito dirigido al Juzgado de lo Penal número 4 de Cartagena, el Mar Menor, a través del Ayuntamiento de los Alcázares que forma parte del Comité de Guardianes de la laguna, solicita la apertura de juicio oral y pide la imposición de una pena de multa de 888.803,68 euros y suspensión de la actividad mercantil EXPRACAR SL por tres años por delitos contra el medio ambiente que «han perjudicado gravemente el equilibrio de los sistema naturales presentes en el Mar Menor y su Cuenca, han producido un riesgo de deterioro catastrófico, y han dañado gravemente los elementos que han servido para calificar los espacios naturales protegidos referidos al Mar Menor como acreditan informes científicos y periciales».
No obstante, el Mar Menor, dotado de personalidad jurídica propia, señala que si bien la valoración de los daños generados y contenida en autos es correcta, considera que no es completa sino parcial porque se limita a los daños infligidos a la calidad del agua y otros elementos del dominio público hidráulico, no incluye todos los daños producidos a los recursos naturales como son las especies silvestres de fauna y flora, hábitats protegidos y, en definitiva, todo un ecosistema lagunar y sus recursos naturales asociados y los servicios que tales recursos naturales venían prestando».
Por este motivo, el Ayuntamiento de Los Alcázares, en nombre del Mar Menor, pide que ante la indubitada producción de un daño medioambiental significativo, y para la cuantificación del mismo y de su posterior preceptiva reparación, se aplique en sede jurisdiccional penal de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental. Y, de paso, recuerda en su escrito de acusación que el propio artículo 339 del Código Penal, establece que “los Jueces o Tribunales ordenarán la adopción, a cargo del autor del hecho, de las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado”.
Causó un daño «sustancial» sobre los recursos naturales
Según el escrito de acusación presentado por el Ayuntamiento de los Alcázares en nombre del Mar Menor, entre los años 2014 y 2018 la empresa EXPRACAR SL extrajo 545.454 m3 de agua de dos pozos ubicados en la finca sita en Diseminado Los Urreas, núm. 9, de Torre Pacheco para posteriormente desalarla empeñando para ello cuatro máquinas desaladoras, ubicadas en plantas de Beatos, Benzal y Pozo Miranda. Esa actividad generó un rechazo de salmuera con nitratos 136.363 m3 que ser vertió al salmueroducto que vertía en la rambla de Miranda que desemboca en el Mar Menor, entre los Alcázares y Los Urrutias. El equivalente a casi 55 piscinas olímpicas de vertidos a la laguna.
Conforme al informe pericial realizado por ecotoxicólogo Luis Burillo, el vertido realizado por la empresa imputada causó un daño sustancial sobre los sistema naturales. «Y este vertido, conjuntamente con el resto de vertidos analizados en la pericia, se identifica como una de las causas principales del deterioro irreversible y catastrófico en la calidad del medio natural acreditada en el caso del Mar Menor» dice el escrito de acusación que concreta el perjuicio económico individualizado correspondiente a esta empresa en la suma de entre 444.401,84 y 615.189,56 euros.
«El fallecimiento del administrador único no impide la responsabilidad de la persona jurídica»
El Mar Menor, a través del Ayuntamiento de Los Alcázares, subraya en su escrito de acusación que «todas las decisiones se adoptaron en el seno de la empresa EXPRACAR SL, si bien por un administrador anterior en nombre y en beneficio de EXPRACAR SL» y añade que «el fallecimiento de la persona física que llevó a cabo actos propios de un determinado delito y que mantuvo el control de la empresa, ya que se actuó por su cuenta y beneficio, no impide la responsabilidad de la persona jurídica» conforme a la sentencia del Supremo 742/2018, de 7 de febrero de 2019.
La Fiscalía pide el sobreseimiento
Sin embargo, el fiscal de Cartagena, José Manuel Marcos, ha pedido el sobreseimiento de la causa contra la empresa EXPRACAR SL debido al fallecimiento del administrador único de la empresa, Francisco Roca Meroño, a finales de 2020.
Según el informe del fiscal al que ha tenido acceso RRNews en relación a los dos principales investigados en la causa, José Roca Inglés y Mariano Roca Meroño (sobrino e hijo del fallecido respectivamente) «no existen indicios bastantes y consistentes para determinar que por parte de éstos se tuviera conocimiento de las actuaciones que podrían encajar en las conductas delictivas investigadas» y añade «aunque pudieran tener conocimiento, en virtud del cargo que ostentaban, lo relevante es si fueron las personas encargadas de la toma de decisión en lo relativo al funcionamiento de las desaladoras y toma de agua de los pozos en las fincas pertenecientes a la mercantil EXPRACAR».
La Fiscalía añade que «son varias las personas que aparecen como responsables de la mercantil, bien como apoderadas, bien como administradores. Sin embargo, de las diligencias practicadas no se desprende que los investigados conocieran o participaran en las decisiones relativas al funcionamiento de las desaladoras».
Tanto José Roca Inglés como Mariano Roca Aparicio declararon ante el juez no saber de la existencia de las desaladoras y que fue el fallecido, Francisco Roca Mereño, el que hasta prácticamente el último día de su vida, llevó las fincas y el tema del riego. Tanto uno como otro declararon tener otros cometidos en la empresa.
El fiscal destaca en su informe que en ninguno de los documentos de Confederación Hidrográfica del Segura aportados por la defensa relativos a los pozos y los sondeos aparecen los nombres de los dos investigados. Tampoco aparecen sus nombres en las facturas de productos químicos a HIDROTEC «por lo que no puede descartarse en absoluto la tesis de que desconocieran o, al menos, no tuvieran el dominio en la toma de decisión respecto del funcionamiento de las desaladoras, pozos, sondeos y compra de los desincrustantes».
La Fiscalía, por tanto, pide el sobreseimiento provisional de las actuaciones, aunque interesa que se dé traslado de la resolución judicial de archivo a la Confederación Hidrográfica del Segura a fin de la continuación, en su caso, del expediente sancionador.
El primer guardián del Mar Menor que presenta escrito de acusación
El Ayuntamiento de Los Alcázares, como integrante del Comité de Guardianes del Mar Menor según la Ley 19/2022, de 30 se septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, decidió personarse en la causa judicial después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, en aplicación de los artículos 3 y 6 de la citada ley, invitase a personarse en el procedimiento judicial tanto al Comité de Guardianes como al Comité de Representantes. «¿Cómo es posible que yo tenga abiertos tres procedimientos penales en los que el Mar Menor es el perjudicado y yo no sepa nada del Mar Menor, que no lo haya oído, que no haya escuchado su opinión» confesó el juez. No consta que más jueces hayan decidido dar audiencia al Mar Menor como víctima directa de los vertidos contaminantes.
La Fiscalía, de momento, ha pedido el archivo de cuatro causas del Topillo
De las 34 causas del caso Topillo repartidas de manera individual en juzgados de San Javier y Cartagena, hay ocho que ya han sido calificadas y en cuatro de ellas la Fiscalía ha pedido el archivo. Quedan 22 en trámite. Según fuentes de la Fiscalía, en los casos en los que ha pedido el sobreseimiento ha sido principalmente «porque el perito ha entendido que las extracciones y vertido realizadas, con independencia de las sanciones administrativas, no reúnen características que permitan calificar del perjuicio como sustancial desde el punto de vista técnico. En otro caso ha sido por el fallecimiento del administrador único de la empresa».
Sobre la personación del Mar Menor en las causas como acusación particular, la Fiscalía va a pedir que se haga bajo una sola representación, es decir, un solo abogado «porque en caso contrario el tema se hace inabordable» dicen.
El Mar Menor como víctima que es solamente está personado en dos causas. Solo el titular del juzgado de instrucción número 4 de Cartagena ha decidido aplicar la Ley 19/2022, de 30 se septiembre y escuchar lo que el Mar Menor tiene que decir a través de sus guardianes y representantes.
El caso Topillo arrancó por una denuncia de Fiscalía en 2017
Tras la sopa verde del Mar Menor dada a conocer por la organización ecologista ANSE a mediados de 2016, la Fiscalía abrió diligencias de investigación que culminaron con la interposición de una dura querella por parte del Ministerio Público, en diciembre de 2017, contra 24 titulares de grandes explotaciones y de sociedades agrícolas radicadas en el entorno del Mar Menor y contra 13 antiguos altos responsables de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), por permitir, en definitiva, que durante año el Mar Menor se convirtiese en un vertedero de residuos de la actividad agrícola «haciendo caso omiso de todos los informes internos, advertencias y estudios científicos pese a que la degradación del Mar Menor alcanzaba límites desastrosos y calamitosos» subrayó el Fiscal Jefe Díaz Manzanera.
De los 13 antiguos altos responsables de la Consejería y de la CHS a los que la Fiscalía señaló inicialmente, solo acabó presentado escrito de acusación contra dos: el exconsejero AntonioCerdá y el excomisario de Aguas del organismo de cuenca, Manuel Aldeguer. Ambos serán enjuiciados por prevaricación ambiental y por omisión de las inspecciones obligatorias.
En febrero de 2022, el magistrado titular del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia abrió juicio oral por delitos contra el medio ambiente contra Cerdá y Aldeguer y contra empresarios, administradores o encargados de 37 empresas agrícolas, por vertidos contaminantes al Mar Menor procedentes del uso de desalobradoras ilegales en el campo de Cartagena.
Pero no serán juzgados al mismo tiempo ni en la misma sala porque en enero de 2023, la Sección 3 de la Audiencia Provincial de Murcia acordó dividir en dos piezas separadas el procedimiento principal conocido como caso Topillo estimando así parcialmente el recurso de apelación interpuesto por uno de los investigados y una mercantil. Por un lado los políticos y por otro las empresas.
Y como la segunda pieza del caso Topillo ya había sido dividida a su vez por la falta de conexidad de los vertidos investigados, nos encontramos con que en este momento hay 3 topillos en el juzgado de Murcia y 34 topillos repartidos por juzgados de San Javier y Cartagena atendiendo al domicilio fiscal de las empresas investigadas lo que está dificultando la acción de las acusaciones populares y de la acusación particular que ahora sí puede ejercer el Mar Menor en nombre propio a través de sus guardianes y representantes. Baste decir que Greenpeace solo está personada en 11 procedimientos del Topillo, en 9 como acusación popular y en 2 como acusación particular representando al Mar Menor.
