La comunidad de propietarios de la urbanización Torre Golf Resort ha demandado al Ayuntamiento de Torre Pacheco por la concesión de la licencia de actividad a la mercantil Transportes y Gestión de Residuos RODAR S.L. para la instalación de una planta de compostaje de residuos orgánicos vegetales y animales descompuestos situada en el paraje Los Navarros de Torre Pacheco, a solo 800 metros de un gran complejo de viviendas donde viven 9.000 personas.
La macrobalsa, del tamaño de cinco piscinas olímpicas, anexa a la planta autorizada por el Consistorio de Torre Pacheco está siendo utilizada para el almacenamiento de residuos industriales altamente contaminantes y su gerente, Alberto Granero, está siendo investigado por la justicia como integrante de una trama organizada de eliminación ilegal de residuos a gran escala en la Región de Murcia.
Olores nauseabundos y dejación municipal
Los vecinos están viviendo un auténtico calvario al comprobar cómo sus numerosas reclamaciones están siendo ignoradas por los responsables del Ayuntamiento de Torre Pacheco que ha de protegerles.
En sus escritos, los afectados hacen referencia especial a las molestias y perjuicios originados por los olores (fétidos, insoportables, nauseabundos, putrefactos, etc.) emanados por la actividad de la planta de compostaje, que «está generando un considerable impacto sobre la salud de las personas del entorno«. Así lo recoge un informe pericial de enero de 2024 aportado al juzgado.
Los demandantes afirman que «el Ayuntamiento de Torre Pacheco, incomprensible y temerariamente, persiste en consentir el desarrollo de la dañosa actividad autorizada pese a que han sido formuladas 120 reclamaciones de residentes del resort y de vecinos de Roldán, por episodios de emanaciones atmosféricas contaminantes que podrían ser constituidas de un delito medioambiental y contra la salud pública».
El primer gran episodio de emanación de olores se produjo en diciembre de 2022 y el Ayuntamiento de Torre Pacheco no incoó expediente sancionador a la mercantil RODAR S.L. hasta enero de 2023, un año más tarde.
Concentraciones elevadas de grasas, aceites e hidrocarburos
Según un informe pericial aportado al juzgado, las analíticas de las muestras de la balsa de lixiviados tomadas en junio de 2022 por el SEPRONA de la Guardia Civil arrojaron concentraciones de 810 mg/l de ACEITES y GRASAS y 526 mg/l de HIDROCARBUROS. Solo 14 meses después, en agosto de 2023, las analíticas realizadas por técnicos del Ayuntamiento de Torre Pacheco demostraron que las concentraciones se habían multiplicado por 100: 832.070mg/l de aceites y grasas y 57763 mg/l de hidrocarburos.
«Estas altas concentraciones de aceites y grasas y la presencia de hidrocarburos detectados en los análisis, constituyen una prueba irrefutable de que, como afirma la Guardia Civill, la balsa se está
utilizando por Transportes y Gestión de Residuos Rodar, S.L. para el almacenamiento ilegal de aguas residuales, particularmente de aguas residuales industriales, que son altamente contaminantes y que ponen en evidencia la gravedad del problema medioambiental originado por la falta de control del ayuntamiento demandado, antes y después del otorgamiento de la licencia municipal de actividad».
«Estos residuos altamente contaminantes, almacenados en la balsa de recogida de lixiviados lixiviados, suponen un elevado riesgo de contaminación del acuífero cuaternario del Campo de Cartagena que se encuentra interconectado con el Mar Menor, bien porque se produzcan desbordamientos en caso de inundaciones, como las ocurridas reiteradamente en los últimos años en la cuenca vertiente al Mar Menor, o bien porque tengan lugar filtraciones al terreno en caso de fallo o rotura de la impermeabilización de la balsa» advierte el informe pericial.
Acusan al Ayuntamiento de Torre Pacheco de anteponer los intereses de la empresa a los de la población
«El Ayuntamiento demandado, pese a la rotunda oposición vecinal manifestada durante la tramitación del expediente, autorizó indebidamente una instalación de las características de la promovida por Transportes y Gestión de Residuos Rodar, S.L. en un terreno rústico colindante a un importante núcleo poblacional, basando torpemente la concesión de la licencia en unas previsiones de impacto ambiental absolutamente irreales, incoherentes e incompatibles con la propia naturaleza
intrínseca de la actividad autorizada, de almacenaje y tratamiento de productos orgánicos vegetales y animales descompuestos y, por tanto, de alta incidencia ambiental» reza la demanda.
Y añaden «con tan equivocada decisión, el Ayuntamiento de Torre Pacheco despreció totalmente los riesgos evidentes sobre los perniciosos efectos de los compuestos orgánicos volátiles sobre la salud de las personas, consustanciales a una actividad de las citadas características, y temerariamente otorgó preferencia a los particulares intereses económicos de una empresa con un notorio desprestigio reputacional…».
Además, el Ayuntamiento de Torre Pacheco, por su falta de control sobre el proyecto presentado por la empresa solicitante de la licencia, no sólo autorizó indebidamente la implantación de una balsa absolutamente sobredimensionada de 3.165 m3 de volumen, sino que, además, por la continuada falta de vigilancia y control de la Administración demandada durante la fase de ejecución de las obras, la empresa promotora acabó construyendo y poniendo ilegalmente en actividad una balsa de
11.162 m3, es decir, una balsa de un tamaño equiparable a más de 5 piscinas olímpicas.
El volumen de la balsa autorizado por la Consejería de Fomento se limitaba a una “capacidad para 720 m3″. La empresa RODAR tenía licencia para ocupar solamente dos parcelas, pero ocuparon cuatro parcelas y la empresa solo ha sido sancionada con una multa de 10.000 euros.
Los vecinos resaltan en su demanda contra el Ayuntamiento de Torre Pacheco que a la empresa RODAR nunca le interesó desarrollar una actividad de generación de compostaje sino que su real intención, desde el inicio del expediente, fue simular que la planta estaba destinada a la actividad de producción de compostaje, para, tras la obtención de todos los permisos, utilizar las instalaciones y particularmente la balsa para verter ilegalmente sustancias altamente contaminantes. Y que por ese motivo cuadruplicó su volumen.
Trama organizada de eliminación ilegal de residuos
Prácticas, presuntamente constitutivas de graves delitos, que están siendo investigadas actualmente por el Juzgado de Instrucción Número Siete de Murcia como venimos informando en RRNews. Los imputados empezarán a declarar el próximo 29 de febrero ante el juez.
El gerente de las mercantiles RODAR y Retoño, Alberto Granero, es el principal investigado de una «trama organizada» de eliminación ilegal de residuos a gran escala en la Región de Murcia. La Guardia Civil habla en sus atestados de «grupo organizado» y de supuestos delitos contra el medio ambiente, estafa y falsedad documental.
Consideran que el Ayuntamiento de Torre Pacheco comete un presunto delito de prevaricación por omisión
Los demandantes consideran que el Ayuntamiento de Torre Pacheco ha vulnerado una parte del articulado de las Normas Subsidiarias de Torre-Pacheco, que actualmente se encuentran vigentes, al no realizar las labores de inspección, comprobación y vigilancia, que son de su exclusiva competencia, permitiendo que el promotor de la actuación incumpla algunos de los condicionantes que se establecían en el proyecto y en la resolución de concesión de licencia de actividad.
Ni la emanación de olores ni los vertidos de residuos industriales no autorizados ni las infracciones urbanísticas ni la apertura de dos expedientes sancionadores por parte del Ayuntamiento de Torre Pacheco han servido para nada dado que la actividad de la mercantil RODAR permanece y su licencia de actividad no ha sido revocada como piden los vecinos en su demanda.
Para los demandantes está claro que el Ayuntamiento de Torre Pacheco está incurriendo en un delito de prevaricación por omisión porque «los responsables del Consistorio pachequero saben perfectamente que en unas instalaciones que ellos han autorizado se están cometiendo presuntos delitos y se están vertiendo sustancias altamente contaminantes como los hidrocarburos y los aceites industriales».
La consejería de Díaz de Revenga concedió autorización por «razones de interés público»
Se da la circunstancia de que la empresa RODAR promotora de la supuesta planta de compostaje logró inexplicablemente que la Consejería de Fomento, entonces dirigida por José Ramón Díez de Revenga, le diera autorización para implantarse en terreno rústico (uso excepcional por razones de interés público) alegando que se trataba de una actividad cuya implantación no era viable en suelo urbano o urbanizable desarrollado, debido a que podían producirse ruidos y olores molestos a posibles vecinos.
El entonces consejero de Fomento, Díez de Revenga, no puede alegar desconocimiento. Sabía perfectamente que la urbanización La Torre Golf está muy cerca puesto que fue uno de los ingenieros condenados en su día junto a la empresa Polaris por haber firmado el proyecto de urbanización del citado resort con graves defectos constructivos. Fueron condenados a pagar una indemnización de 1 millón de euros a los compradores de las viviendas que finalmente abonaron las compañías de seguros.
Además, el consejero Díez de Revenga debía saber que el Ayuntamiento de Murcia, en cuyos terrenos solicitó primeramente la mercantil RODAR instalar su planta de compostaje, la había denegado al estar situada a menos de 2000 metros de un núcleo poblacional y por su elevado impacto ambiental.
«Esa denegación llegó a la Consejería de Fomento ya que fue la primera solicitud de la empresa RODAR que tramitó la CARM. Conocían perfectamente el tema. Y pese a ello autorizaron la construcción de la planta en terrenos de Torre Pacheco que están aún más cerca de una población de 9000 personas» señala el abogado de la comunidad de propietarios, José Montoya, que insiste en una pregunta para la que no obtiene respuesta: ¿Por qué el departamento de Díez de Revenga concedió a la mercantil Rodar autorización para implantarse en terreno rústico de Torre Pacheco por razones de interés público sabiendo de su impacto ambiental y de la cercanía de una población con 9000 personas?
