La pedanía de Doña Inés, en el municipio de Lorca, es el lugar escogido por la empresa Biometano Doña Inés S.L. para construir una planta de biometano y biofertilizantes que transformará un entorno rural en un espacio industrial que, sin duda, afectará el paisaje de la zona debido a las chimeneas y tanques de almacenamiento que prevé construir la planta.
El 12 de agosto de 2024 la empresa presentó la solicitud de autorización ambiental integrada para el Proyecto de Producción de Biometano y Biofertilizante a partir de residuos orgánicos, en Polígono 2, Parcela 76, Cl. Gonzal de Lorca.
Biometano Doña Inés, S.L., anteriormente conocida como Q-Energy Labrus S.L. y Labrus Renewable Energy S.L., es una sociedad limitada unipersonal constituida el 25 de octubre de 2022, con un capital social de 3.000 euros. Al frente de la misma figura José Ramón Fernández Hernansaiz.
La planta, cuya puesta en marcha está prevista para 2025, tendrá la capacidad de tratar hasta 316.160 toneladas anuales de residuos y creará 67 puestos de trabajo de los que 25 serán directos.
¿Qué residuos tratará?
El proyecto, sobre una parcela de 69.545 m2, prevé generar 11,6 millones de metros cúbicos de biometano, que será inyectado a la red gasista para su uso como energía renovable a partir del tratamiento de los siguientes residuos:
- Residuos orgánicos no peligrosos: Incluyen desechos biodegradables procedentes de la agricultura, ganadería e industria alimentaria.
- Subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH): Estos residuos incluyen tejidos animales, estiércol, purines y restos de mataderos, entre otros.
- Residuos sólidos y líquidos: Incluyen purines, residuos de frutas y hortalizas, suero lácteo, aceites y grasas comestibles, entre otros materiales biodegradables.
- Residuos de la industria agroalimentaria: Tales como restos de producción de alimentos y subproductos de industrias cárnicas y lácteas.
- Residuos líquidos acuosos: Que serán tratados para obtener agua regenerada utilizada en fertirrigación.
Los residuos más problemáticos en el proyecto de la planta de biometano en Doña Inés son, según la Evaluación de Impacto Ambiental, los subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH) ya que son altamente biodegradables y generan olores intensos si no se manejan adecuadamente. Además, presentan un alto riesgo sanitario debido a la posible presencia de patógenos. Su manipulación y tratamiento requiere de áreas cerradas con sistemas de bioseguridad.
Los purines y el estiércol también son residuos problemáticos debido a los altos niveles de amoniaco, lo que puede generar emisiones gaseosas dañinas como óxidos de nitrógeno y amoniaco. Por otra parte, su alta carga orgánica puede contaminar aguas y suelos si se producen derrames o filtraciones.
En cuanto a los restos de mataderos y tejidos animales, estos son altamente susceptibles a la descomposición rápida, lo que agrava los olores y riesgos sanitarios. Requieren tratamientos específicos de pasteurización y digestión para evitar contaminación cruzada.
Ubicación de la planta
La planta estará situada en un área rural a 1,31 km de Doña Inés, una pedanía con 110 habitantes; a 4,45 km de Coy, que cuenta con 321 habitantes; a 13 km de Avilés, con una población de 283 habitantes y a 5,26 km de La Paca, la mayor de estas pedanías con 1.135 habitantes.
La empresa ha elegido ese emplazamiento por su proximidad a un punto de conexión con la red gasista, así asegura la viabilidad del proyecto, y por su cercanía a productores de residuos, principalmente agrarios y ganaderos.
83 camiones diarios
El acceso a la planta se realizará a través de la carretera de servicio a RM-711 o a través de la MU-504 hasta la autovía A7. Se estima que la planta gestionará un tráfico de 74 camiones diarios para la recepción de residuos relacionados con los procesos de digestión anaerobia y aerobia. Adicionalmente, se necesitarán 9 camiones diarios para la expedición de fertilizantes sólidos. Esto implica un total aproximado de 83 camiones diarios operando en las inmediaciones de la planta.
Impacto económico y ambiental
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al que ha tenido acceso RRNEWS detalla una serie de impactos ambientales que marcarán la implantación y funcionamiento de esta instalación. Aunque la planta contará con una instalación fotovoltaica para autoconsumo, se prevé un elevado consumo de agua y energía, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo.
Entre los impactos que recoge la EIA están las emisiones de olores y gases. Uno de los aspectos más sensibles es la generación de olores provenientes de la manipulación de residuos orgánicos y animales (SANDACH). Aunque se contempla el uso de biofiltros y áreas cerradas, los residentes locales podrían sufrir molestias recurrentes. Luego están las emisiones de gases como metano y dióxido de carbono, que podrían liberarse durante los procesos de digestión anaerobia.
Por otra parte, el riesgo de filtraciones o vertidos accidentales desde los tanques de almacenamiento y tratamiento de aguas residuales podría afectar los acuíferos y suelos circundantes. Luego está el incremento del ruido derivado de las operaciones de maquinaria y el tránsito de camiones (hasta 83 viajes diarios) que podría alterar la tranquilidad de las poblaciones vecinas, como Doña Inés y La Paca.
La planta de biometano en Doña Inés contará con una antorcha de seguridad, diseñada para quemar de manera controlada el biogás o biometano sobrante o fuera de especificación. Esta estructura se utiliza principalmente en situaciones de emergencia, como paradas no programadas o incidentes que impidan la inyección del gas en la red gasista.
La antorcha tiene una potencia máxima calorífica de 8.000 kW y una capacidad para quemar hasta 1.300 Nm³/h de biogás, asegurando una combustión completa para evitar emisiones no controladas a la atmósfera. Según la documentación aportada por la empresa, el diseño incluye una llama semioculta, lo que minimiza su impacto visual y asegura que cumpla con normativas de seguridad industrial y ambiental.
La CARM tramita 20 plantas de biogás en la Región
En la Región de Murcia hay proyectadas una veintena de plantas de biogás. Pese al rechazo social que suscitan, el Gobierno regional de López Miras se niega a establecer una moratoria mientras no haya una normativa regional que regule las distancias de esas plantas a núcleos urbanos. El Ejecutivo murciano tampoco quiere realizar una consulta pública para que opinen los ciudadanos de las localidades afectadas.