Un grupo de ciudadanos de la Región de Murcia ha presentado ante la Asamblea Regional una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca reformar la Ley 6/2015 de vivienda y lucha contra la ocupación. La propuesta tiene como objetivo reforzar el derecho a la vivienda y eliminar las disposiciones relacionadas con la «lucha contra la ocupación», al considerarla contraria a los derechos humanos y a dictámenes de organismos internacionales.
La ILP llega en un momento crítico, en el que los precios del alquiler y de compra de vivienda han alcanzado niveles insostenibles para gran parte de la población. Murcia está entre las regiones de la OCDE donde más cuesta proporcionalmente la vivienda. Según ese informe, Murcia es la segunda comunidad donde las familias tienen que destinar una mayor parte de sus ingresos a la vivienda. Según un informe de la OCDE en la Región de Murcia se destina un 30,2% de los ingresos cuando la media nacional es del 26,3%.
A pesar de que el Estatuto de Autonomía y la Constitución otorgan competencias exclusivas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) en materia de vivienda, los promotores de la iniciativa denuncian que la legislación vigente es inaplicable. La Ley 6/2015, aunque reformada en 2016 y modificada nuevamente en 2020, sigue dependiendo de reglamentos que nunca se han desarrollado, dejando sin efecto práctico numerosos artículos.
La propuesta se presenta como respuesta a lo que consideran inacción continuada del Gobierno regional, que no ha desarrollado reglamentariamente más del 50% de los artículos de la legislación vigente.
Principales propuestas de la ILP
La ILP introduce modificaciones clave para garantizar el acceso a la vivienda, atendiendo a los sectores más vulnerables.
Los promotores plantean que la ley 6/2015 pase a denominarse “Ley 6/2015 por el Derecho a la Vivienda de las murcianas y murcianos”. Se elimina la referencia a la “lucha contra la ocupación” en toda la legislación, así como los artículos que penalizan la ocupación de viviendas por personas en situación de vulnerabilidad.
La propuesta también plantea la recuperación del artículo 33 de la ley original, restableciendo así el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, un mecanismo que garantiza transparencia e igualdad en la adjudicación de viviendas públicas. Además, se propone la creación de un Registro Único Regional que conectará con los registros municipales.
Se prohíbe la venta o privatización de cualquier vivienda que forme parte del Parque Público, ya sea regional o municipal. Esta medida busca evitar que viviendas de protección oficial pasen al mercado libre, asegurando su disponibilidad para personas con mayores dificultades de acceso.
También se recupera el derecho de adquisición preferente y de retracto de la Comunidad Autónoma en la venta de viviendas de promoción pública. Esta medida permitirá a la Administración comprar viviendas protegidas en caso de venta para mantenerlas dentro del Parque Público.
La ILP establece un mecanismo voluntario de obtención de viviendas desocupadas, propiedad de particulares, para ponerlas en alquiler social. Los propietarios recibirán garantías de cobro de rentas y mantenimiento a cambio de ceder sus inmuebles a la administración.
Se contempla una disposición transitoria que otorga a los demandantes de vivienda pública un derecho a indemnización si los reglamentos necesarios no se publican en los plazos previstos. La compensación será de 300 euros por cada mes de retraso.
También se establece que no se podrá ejecutar ningún desalojo sin ofrecer previamente una alternativa habitacional a las familias afectadas, en línea con los dictámenes del del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU.
Contexto de la iniciativa
El documento presentado subraya que, pese a la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) en materia de vivienda, la falta de voluntad política ha paralizado la aplicación de leyes existentes. Además, denuncia que la reforma de 2020, aprobada mediante decretos durante la pandemia, eliminó avances sociales y redujo la protección a los ciudadanos frente a desahucios y pérdida de vivienda.
La Comisión Promotora argumenta que la actual falta de reglamentación, junto con los elevados precios de alquiler y la ausencia de un Parque Público suficiente, impide el acceso a la vivienda a amplios sectores de la población. Según datos del INE citados en la ILP, más de 100.000 viviendas permanecen vacías en la región mientras muchas familias no pueden acceder a una vivienda digna.
“La vivienda no es un lujo ni un privilegio, es un derecho que debe ser protegido. En esta Región, miles de familias enfrentan cada día el drama de no poder acceder a un hogar en condiciones. Necesitamos que llegue el debate a la Asamblea para que el Gobierno Regional se implique y tome medidas reales, y por eso estamos aquí, llamando a la ciudadanía a unirse” dice John David Babyack, uno de los impulsores de la iniciativa.