9.714 personas han fallecido en lista de espera de la dependencia desde que gobierna López Miras

El tiempo medio para resolver un expediente de dependencia en la Región de Murcia asciende a 514 días, superando ampliamente el plazo legal de seis meses (180 días)​
Imagen CARM

La Región de Murcia destaca en el reciente informe sobre el XVIII Aniversario de la Ley de Dependencia como una de las comunidades autónomas que peor gestiona la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2006. Según el Observatorio Estatal para la Dependencia, Murcia presenta problemas graves de financiación, retrasos en la tramitación y recortes que afectan directamente a los usuarios.

El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha declarado a RRNews que el presidente López Miras debería sentir vergüenza y pavor por lo que significa que desde que gobierna la Región, 9.714 personas han fallecido en lista de espera de la dependencia. Son personas que han sufrido por no tener la prestación a la que tenían derecho y que les habría evitado mucho sufrimiento».

Entre los datos más relevantes del informe, se señala que:

Retrasos en la tramitación: Murcia es una de las cuatro comunidades autónomas donde el tiempo medio para resolver un expediente de dependencia supera el año, alcanzando más los 514 días, casi dos años.

Reducción de financiación estatal: La Región de Murcia perdió 2,3 millones de euros en financiación estatal en 2023 debido a haber certificado un gasto inferior a la media de años anteriores (2020-2021), lo que afecta a la prestación de servicios​.

Personas fallecidas en lista de espera. Desde 2017, 5.118 personas en la Región de Murcia fallecieron esperando la resolución de grado de dependencia y otras 4.596 personas fallecieron en el «limbo de la dependencia», es decir, con el derecho reconocido pero sin recibir prestación alguna

Personas en lista de espera: A finales de 2024, Murcia tendrá una parte significativa de su población dependiente en situación de «limbo de la dependencia», es decir, personas con derecho reconocido pero sin recibir atención​.

Desigualdad territorial: El informe evidencia las diferencias entre comunidades, situando a Murcia por debajo de la media nacional en gasto medio por persona dependiente. Mientras regiones como La Rioja y Castilla-La Mancha lideran la inversión, Murcia enfrenta un contexto de recursos insuficientes y servicios de baja intensidad.

Limitaciones en la atención domiciliaria. A pesar de los avances, un alto porcentaje de personas dependientes atendidas en sus domicilios en Murcia no cuenta con teleasistencia, un servicio fundamental que debería garantizarse.

Deficiente gestión

La Región de Murcia sigue arrastrando unos números preocupantes en la aplicación de la Ley de Dependencia. Los 514 días de espera para resolver un expediente, el recorte de 2,3 millones de euros en financiación estatal y las miles de personas fallecidas sin recibir la atención que tenían reconocida son el reflejo de una deficiente gestión por parte del Ejecutivo murciano.

Mientras otras comunidades logran avances, Murcia queda relegada por la lentitud administrativa, la falta de inversión y la insuficiencia de servicios. Las familias murcianas no pueden seguir pagando las consecuencias de una gestión que, año tras año, las deja atrás. La Ley de Dependencia nació para garantizar derechos y dignidad, pero en la Región de Murcia estos principios se diluyen en listas de espera interminables y promesas incumplidas.

La Región de Murcia ha registrado un total de 135.011 prestaciones y 109.542 beneficiarios desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia​.

El 14 de diciembre de 2006 se aprobaba la Ley 19/2006 de Atención a la dependencia y de promoción de la autonomía personal. 18 años después, a pesar del avance que ha supuesto esta Ley, una de las políticas de Estado de mayor consenso, su potencial sigue sin desarrollar.

Los procedimientos burocráticos, las ridículas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un Sistema Low Cost poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia. A lo que hay que añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo.

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