Dada la emergencia histórica con la que ha sobrevenido el presente proceso electoral -desahucio de Mari Carmen, protestas masivas por el derecho a la vivienda y toma de las plazas en las principales ciudades del país-, razón no les falta a aquellos que han vaticinado, como el siempre lúcido ministro Bustinduy, que las elecciones del 29N serán “un referéndum por la vivienda”.
No es mala cosa que la cuestión de la vivienda se ponga en el centro del debate político. Pero, en el capitalismo, la vivienda es una mercancía que tiene capacidad de hablar… e incluso de voto. Si las mercancías pudieran hablar, dice Karl Marx en un pasaje de El Capital que he citado con gusto a menudo, lo harían de la siguiente manera:
“Puede ser que a los hombres les interese nuestro valor de uso. No nos incumbe en cuanto tal. Lo que nos concierne en cuanto cosas es nuestro valor. Nuestro propio movimiento como cosas mercantiles lo demuestra. Únicamente nos vinculamos entre nosotras en cuanto valores de cambio” (Marx, 1984/1867: 101).
La vivienda es fundamentalmente una mercancía (la Constitución española afirma que es un derecho, pero lo cierto es que no le da ni la más mínima fuerza jurídica como para ser exigido). Entonces, el pasaje de Marx se podría traducir así:
“No me habléis del derecho a la vivienda, no es una cuestión que me incumba en cuanto mercancía, es un problema de vosotros, los humanos, que estáis convencidos de que las viviendas valen por su utilidad como hogar, pero lo cierto es que no es así, en el capitalismo esa no es la prioridad. En cuanto mercancía solamente me interesa que las viviendas tengan valor de cambio, pues sólo así es posible el intercambio para acrecentar el valor del dinero”.
La vivienda, en cuanto mercancía, habla y votará el próximo 29N.
España conquistó la democracia con la ilusión de que el valor de uso de la vivienda, por el cual la población aspira a un hogar, no supone ningún conflicto con su valor de cambio, esto es, aquel que priorizan los que explotan el sistema habitacional para obtener un beneficio mediante el intercambio. Es decir, la ilusión era que el mercado iba a llevar a la práctica el derecho a la vivienda que en la Constitución tenía (y sigue teniendo) un mero carácter nominal.
Esta tensión entre democracia y mercado era bien conocida en los países de nuestro entorno. Pero a diferencia de España que, tras la segunda guerra mundial, nos instalamos durante décadas en una dictadura, el espíritu del antifascismo que permeó a las democracias en países como Inglaterra, Francia o Italia, posibilitó una voluntad de poder favorable a las clases populares que se beneficiaron de ambiciosos programas de vivienda pública.
El advenimiento del neoliberalismo a partir de la década de los 80 truncó esa política que había puesto el interés del pueblo en el centro del tablero. El giro neoliberal coincidió con la llegada de la democracia a España, y por ello aquí la voluntad de poder socialdemócrata fue pronto sustituida por un social-liberalismo que vino a confiar que la cuestión de la vivienda sería resuelta por el mercado y la propiedad privada.
La carestía de la vivienda, la espiral de encarecimiento de los alquileres, los desahucios de familias por impago de hipotecas o alquileres y la persistencia de la vivienda en mal estado en los barrios desafiliados, fueron signos inequívocos de la falaz solución que el mercado traería.
En mis lejanos tiempos de estudiante de sociología en la Universidad Complutense de Madrid, en 1991, un querido profesor, Josechu Vicente-Mazariegos, impartía una conferencia en la que advertía de “la crucial tensión política de nuestro tiempo entre democracia y mercado”. Y así nos decía a sus estudiantes que estos dos principios ordenadores cualitativamente diferentes, atienden las necesidades y demandas ciudadanas de vivienda y espacio vital con direcciones divergentes:
“Por un lado, la democracia pretende responder a la necesidad de espacio vital de la ciudadanía como universal derecho, debiendo garantizar prioritariamente el acceso a él en forma de vivienda, de zonas ajardinadas, de servicios y equipamientos básicos y dentro todo ello de un contexto medioambiental equilibrado. Por otro, el mercado, elude estos derechos al conectar estas necesidades primordiales de los ciudadanos con el circuito del lucro, del máximo beneficio, como si de un bien de consumo caprichoso se tratara, dificultando el acceso de una parte de los ciudadanos a aquello que, decíamos, el orden democrático tendría que ordenar como necesidad primera, y consagrando en el espacio el principio de propiedad privada como primer derecho democrático sin limitación de deberes. Aquí observamos la primera limitación de la democracia neoliberal: la privatización como derecho previo a la necesidad colectiva primordial de refugio (Vicente-Mazariegos, 1991).
Décadas después desde que estas palabras fueran dichas, no hay ni una palabra que la realidad haya desmentido. La forma mercancía sigue imponiendo su palabra, su voto e incluso ejerciendo la violencia de los desahucios. Y, es precisamente en esta violencia donde se revela la naturaleza del poder de la oligarquía española.
Pienso que en el cabreo que recorre la sociedad española desde el desahucio de Mari Carmen se está expresando mucho más que una denuncia de la cuestión de la vivienda. Pues, en el desahucio de Mari Carmen, se condensa la historia de cómo las élites de poder y oligarquías en España siguen fundamentando su capacidad de acumulación en el maltrato y exclusión de las clases populares.
Es digno de elogio y síntoma inequívoco de una inteligencia generacional que los jóvenes vuelvan a ocupar las plazas y hayan conseguido poner en el centro del debate político cuestiones en las que nos jugamos el futuro de lo que será la democracia en este país. Le han dado un sopapo a tanto “experto tertuliano” que lleva años viviendo del relato de la supuesta “desafección” de los jóvenes. Bienvenidos sean a la plaza pública. Y el 29N a votar contra aquellos que nos imponen la palabra de la mercancía y su violencia.