La deuda no sale gratis. Y la Región de Murcia empieza a comprobarlo con una factura cada vez más difícil de esconder entre discursos sobre crecimiento económico, bajadas de impuestos o agravios del Gobierno central.
En 2022, la Comunidad Autónoma destinó 94 millones de euros al pago de intereses de su deuda. En 2025 fueron ya 278 millones. Y, si se cumplen los supuestos utilizados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en 2029 la cifra alcanzará los 477 millones de euros anuales.
Más de 1,3 millones de euros cada día únicamente para pagar intereses.
No para construir hospitales. No para contratar profesores. No para reducir listas de espera, mejorar carreteras o reforzar servicios sociales. Para pagar el precio de deber dinero.
El incremento sería del 407% en apenas siete años.
La cifra aparece en el último informe de Fedea sobre el coste futuro de la deuda autonómica, publicado el 12 de agosto. Y conviene hacer una precisión importante: Fedea advierte expresamente de que sus cálculos no constituyen una predicción, sino una proyección realizada bajo determinados supuestos sobre déficit, crecimiento económico, tipos de interés y refinanciación de los vencimientos.
Pero el punto de partida no es una hipótesis.
La Región de Murcia debía 11.396 millones de euros en 2022. En 2023 eran 12.139 millones. En 2024, 13.513 millones. Y en 2025 la deuda alcanzaba ya los 14.019 millones.
Es decir, en solo tres años el endeudamiento aumentó en 2.623 millones de euros.
Fedea calcula que podría llegar a 14.622 millones en 2026 y mantenerse por encima de los 14.600 millones hasta 2029. En ese escenario, Murcia terminaría el periodo con 3.208 millones más de deuda nominal que en 2022.
La trampa del porcentaje sobre el PIB
El Gobierno regional puede encontrar un dato al que agarrarse: la deuda medida como porcentaje del PIB tendería a reducirse.
La Región de Murcia pasó del 30,5% del PIB en 2022 al 31,8% en 2024 y al 31,2% en 2025. Según la simulación de Fedea, podría descender hasta el 27% en 2029.
Pero hay una diferencia esencial entre reducir la deuda y conseguir que la deuda pese menos porque crece la economía.
Fedea explica que buena parte de la mejora prevista de la ratio deuda/PIB descansa precisamente en un crecimiento nominal del PIB superior al 4% y en el cumplimiento de determinados objetivos fiscales. La propia fundación califica esos supuestos de optimistas.
Mientras tanto, la cantidad que la Región de Murcia debe en euros apenas se mueve a la baja.
Y el dinero dedicado a pagar intereses continúa aumentando.
Ese es el auténtico problema que dejan al descubierto las cifras: la deuda puede parecer más pequeña en porcentaje y, al mismo tiempo, costar cada vez más dinero a los murcianos.
De 94 a 477 millones
La evolución del gasto financiero resulta especialmente reveladora.
En 2022: 94 millones.
En 2023: 175 millones.
En 2024: 237 millones.
En 2025: 278 millones.
Fedea proyecta 303 millones en 2026, 345 millones en 2027, 403 millones en 2028 y 477 millones en 2029.
La causa no es únicamente que exista mucha deuda. Durante años las administraciones pudieron financiarse a tipos extraordinariamente bajos. Conforme esa deuda vence y debe refinanciarse, los nuevos préstamos incorporan unos costes financieros mayores.
Fedea resume el problema en dos factores: el elevado volumen de endeudamiento y el aumento de los tipos a los que se refinancia.
La consecuencia es sencilla: una porción creciente del presupuesto regional queda comprometida antes incluso de empezar a decidir en qué gastarlo.
La infrafinanciación existe, pero no explica todo
El Gobierno de Fernando López Miras lleva años responsabilizando al sistema de financiación autonómica de buena parte de la deuda murciana.
Y sería incorrecto negar ese problema.
Fedea sitúa expresamente a la Región de Murcia entre las comunidades infrafinanciadas y ha defendido que el sistema de financiación necesita corregir las diferencias existentes entre territorios.
Pero reconocer la infrafinanciación no convierte automáticamente toda la deuda acumulada en responsabilidad del Gobierno central. La Región de Murcia arrastra también un problema persistente de déficit.
Fedea ya señalaba en anteriores trabajos a la Región, junto con la Comunidad Valenciana, entre las autonomías con elevados déficits estructurales y graves dificultades para reducir su endeudamiento.
Y la AIReF tampoco comparte el optimismo presupuestario del Ejecutivo murciano. En su informe sobre los presupuestos de 2026, la Autoridad Fiscal estimaba que la Región de Murcia terminaría el año con un déficit del 1,3% del PIB, frente al 0,1% contemplado por la propia Comunidad Autónoma.
La distancia no es menor. Porque la deuda no aparece sola. Es la acumulación de años en los que los gastos superan a los ingresos, corregida después por otros ajustes financieros.
Por eso resulta demasiado cómodo convertir la infrafinanciación en una explicación universal.
El Gobierno regional tiene razones para reclamar una reforma del modelo. Pero después de 30 años gobernando también tiene la obligación de explicar qué parte del agujero corresponde al sistema y qué parte corresponde a sus propias decisiones presupuestarias.
La factura de las decisiones aplazadas
Durante estos años, el Ejecutivo de López Miras ha construido buena parte de su discurso económico alrededor del dinamismo empresarial, el crecimiento y una política fiscal presentada como favorable a familias y empresas.
Pero hay otra contabilidad menos agradecida. La de los números que no caben en un eslogan. 14.019 millones de deuda en 2025. Una ratio superior al 31% del PIB. 278 millones gastados en intereses en un solo año. Y una proyección que eleva esa factura hasta los 477 millones anuales en 2029.
Hay una decisión política que hace todavía más difícil separar la situación financiera de Murcia de la gestión del propio Gobierno regional: Fernando López Miras continúa apostando por bajar impuestos.
No es una interpretación. Es una línea política defendida abiertamente por el presidente.
En enero de 2026, López Miras volvió a reivindicar su estrategia de moderación fiscal. Según los datos difundidos por el propio Ejecutivo regional, las rebajas y beneficios fiscales permitieron a los contribuyentes ahorrar 402 millones de euros en 2024. El presidente sostiene que bajar impuestos estimula la economía y termina favoreciendo también la recaudación.
La Región ha continuado por ese camino. Entre las últimas medidas tributarias figura, por ejemplo, la reducción del tipo general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para la compra de inmuebles, que pasó del 8% al 7,75%.
La discusión, por tanto, no es si López Miras baja impuestos. Los baja.
La pregunta es si Murcia puede permitirse mantener esa estrategia fiscal mientras sigue acumulando deuda y cada año tiene que reservar más dinero para pagar sus intereses.
Porque las dos fotografías conviven.
Por un lado, el Gobierno regional presume de aliviar la carga tributaria.
Por otro, la Comunidad acumulaba 14.019 millones de euros de deuda en 2025 y Fedea calcula que el pago anual de intereses, que era de apenas 94 millones en 2022, podría acercarse a 477 millones en 2029.
Es decir: mientras San Esteban renuncia deliberadamente a una parte de sus ingresos mediante rebajas y beneficios fiscales, una cantidad creciente de recursos públicos tiene que destinarse simplemente a pagar el coste de la deuda acumulada.
Eso no significa que los 402 millones de beneficios fiscales anunciados por el Gobierno puedan identificarse directamente con 402 millones más de déficit o de deuda. Hacer esa equivalencia sería incorrecto. Una bajada fiscal puede modificar la actividad económica y la recaudación, y determinar su impacto neto exige un análisis específico.
Pero sí existe una cuestión política difícil de esquivar:
¿Es prudente seguir reduciendo impuestos cuando una comunidad con más de 14.000 millones de deuda no consigue equilibrar sus cuentas?
La respuesta del Gobierno regional es que sí.
Y su argumento es conocido: menos impuestos favorecen el consumo, la inversión y el crecimiento y, por esa vía, pueden aumentar la recaudación. López Miras ha utilizado precisamente el crecimiento de los ingresos tributarios para defender su modelo.
El problema aparece cuando se observa la otra mitad de la cuenta.
La AIReF continúa proyectando déficit para Murcia y Fedea advierte del fuerte aumento del coste financiero de la deuda. La Comunidad no está pagando deuda de forma significativa en términos nominales y los intereses absorben cada vez más recursos.
Así que el debate ya no puede limitarse al atractivo político de anunciar una nueva deducción.
Hay que preguntar cuánto cuesta esa política fiscal, quién se beneficia de cada rebaja, cuánto deja de ingresar realmente la Administración y si resulta compatible con una comunidad que continúa gastando por encima de sus recursos.
Durante años, el Gobierno de Murcia ha encontrado en la infrafinanciación autonómica una explicación —real y acreditada— para una parte muy importante de sus problemas presupuestarios.
Pero la infrafinanciación no decide las rebajas tributarias autonómicas.
Eso lo hace el Gobierno regional.
Y precisamente por eso las cifras de Fedea obligan a plantear una pregunta incómoda: si Murcia considera que recibe menos recursos de los que necesita para financiar correctamente sus servicios públicos, ¿tiene sentido reducir al mismo tiempo los ingresos sobre los que sí tiene capacidad de decisión?
Esa es una elección política.
Y las elecciones políticas también se reflejan en la deuda.
Los tipos de interés los marca el mercado y el modelo de financiación autonómica se decide en buena medida fuera de San Esteban. Pero el presupuesto regional, las prioridades de gasto y la política fiscal también son responsabilidad del Gobierno de Murcia.
Y ahí es donde el informe de Fedea resulta incómodo.
Porque la deuda permite trasladar parte del coste de las decisiones presentes al futuro. Durante un tiempo apenas se nota. El dinero llega, las facturas se pagan y los intereses son asumibles.
Hasta que dejan de serlo. La Región de Murcia está entrando en esa fase.
Si la simulación de Fedea se aproxima a la realidad, dentro de apenas tres años la Comunidad podría estar dedicando casi 500 millones de euros anuales simplemente a remunerar su deuda.
No hará falta entonces discutir demasiado sobre quién heredó el problema, quién diseñó el sistema de financiación o quién tenía razón en cada batalla política.
La factura estará en los presupuestos. Y la pagarán los murcianos.