El proyecto para construir una planta de biometano en el paraje del Raiguero Bajo, en Totana, ha sufrido un serio revés después de que un informe técnico-jurídico municipal aceptara una parte relevante de las alegaciones presentadas contra la instalación.
La decisión supone un obstáculo significativo para una planta promovida por Naturmet Totana con capacidad para tratar 72.125 toneladas anuales de residuos orgánicos, entre ellos purines, lodos y subproductos de origen animal.
El proyecto se encuentra ahora condicionado por una larga relación de reparos urbanísticos, territoriales, ambientales y viarios que la empresa tendrá que resolver antes de poder avanzar. La autorización definitiva corresponde a la Comunidad Autónoma, por lo que el informe del Ayuntamiento no supone todavía el rechazo formal de la instalación, pero sí debilita de manera sustancial la propuesta presentada.
El freno se produce en una comunidad en la que el Gobierno de Fernando López Miras ha situado el biometano entre sus apuestas energéticas e industriales. El Ejecutivo regional sostiene que la Región de Murcia tiene capacidad para albergar hasta 40 plantas y ha respaldado públicamente proyectos para implantar nuevas instalaciones en distintos municipios pese al clamor vecinal en contra de este tipo de plantas.
Una planta industrial en suelo rural
Uno de los principales problemas detectados por los técnicos municipales es la falta de justificación suficiente para instalar la planta en suelo no urbanizable.
El informe considera que una actividad industrial de transformación de residuos no puede ubicarse en el medio rural únicamente por conveniencia empresarial. La promotora debe acreditar que existen razones físicas, técnicas o logísticas que hagan imprescindible ese emplazamiento concreto.
El documento señala que la declaración de interés público exige demostrar una necesidad real para el municipio y un beneficio para el conjunto de la población. No considera suficiente apelar de forma genérica al peso de la ganadería y a la producción de purines en la comarca del Guadalentín.
Este argumento resulta especialmente relevante porque Totana ya tiene en desarrollo otra planta de biogás en el polígono industrial El Salar. Esa instalación dispondría de capacidad para tratar 558.000 toneladas anuales, frente a las 72.125 toneladas previstas en el Raiguero Bajo.
Para los servicios municipales, la existencia de una alternativa de mucha mayor capacidad en suelo industrial permite cuestionar si la nueva planta es realmente necesaria y, sobre todo, si existe alguna razón que obligue a ocupar el medio rural.
El informe reclama a Naturmet Totana una justificación más sólida sobre la inviabilidad técnica o económica de construir en un área industrial y sobre la idoneidad ambiental del emplazamiento elegido. También acepta parcialmente que la generación de entre nueve y doce empleos no basta por sí sola para acreditar el interés público de la actuación.
El supuesto aval favorable no era definitivo
El Ayuntamiento también corrige la interpretación realizada por la promotora sobre el informe de compatibilidad urbanística.
Naturmet Totana había presentado ese documento ante otras administraciones como un pronunciamiento favorable. Sin embargo, el informe técnico-jurídico municipal aclara que contenía numerosas reservas y condicionantes y que no equivalía ni a una licencia urbanística ni a una autorización excepcional de interés público.
Los técnicos dejan constancia de que presentar ese informe como un aval “favorable”, pleno e incondicionado, es responsabilidad exclusiva de la empresa, no refleja la posición del Ayuntamiento y no condiciona la resolución final.
Una vivienda a menos de cien metros
Otro de los elementos incorporados al expediente es la existencia de una vivienda familiar a menos de cien metros de la planta proyectada.
El informe reconoce que esta proximidad obliga a extremar la cautela ante los posibles efectos del ruido, los olores, el tráfico pesado y la aparición de insectos o roedores. No propone denegar la planta únicamente por esta circunstancia, pero sí someterla a medidas correctoras especialmente exigentes.
Entre ellas figuran la descarga, el almacenamiento y el pretratamiento de los residuos en naves completamente cerradas; la utilización de sistemas de presión negativa y filtros para evitar emisiones odoríferas; la instalación de pantallas acústicas y barreras vegetales; la cubrición de las balsas y depósitos, y un control periódico de plagas.
El Ayuntamiento también acepta íntegramente la oposición de los propietarios al uso de un camino privado para el paso de los camiones. La promotora deberá demostrar que dispone legalmente de los accesos o presentar un trazado alternativo por caminos públicos o terrenos sobre los que tenga derechos.
Caminos insuficientes y una vía pecuaria
Las alegaciones han puesto además el foco sobre el estado de los accesos previstos para vehículos pesados.
Los caminos rurales existentes no tendrían, según el expediente, la anchura ni el firme necesarios para soportar de forma continuada el tránsito de camiones de gran tonelaje. Las posibles obras de ampliación, pavimentación y refuerzo tendrían que ser asumidas por la promotora.
Parte del acceso afecta también a la Vereda Real de la Pinilla, una vía pecuaria cuya utilización requiere autorización autonómica. Mientras no exista ese permiso y no se garantice la viabilidad de los accesos, el funcionamiento de la planta no puede considerarse asegurado.
El proyecto sigue abierto, pero pierde fuerza
La planta de biometano del Raiguero Bajo no ha sido definitivamente denegada. La declaración excepcional de interés público corresponde al Gobierno regional, que deberá valorar el expediente y resolver si permite o no su implantación.
La CARM podría apartarse del criterio del Ayuntamiento, pero tendría que justificar de forma especialmente sólida por qué concede la declaración excepcional de interés público pese a las objeciones sobre la necesidad de la instalación, su ubicación en suelo rural, los accesos y la existencia de una alternativa en suelo industrial. En estas condiciones, la aprobación del proyecto se presenta jurídicamente difícil.
El informe municipal ha aceptado algunos de los argumentos centrales planteados en las alegaciones preparadas por el equipo jurídico del abogado Sergio Pacheco: la falta de acreditación de la necesidad territorial, la existencia de una alternativa en suelo industrial, la insuficiente justificación del emplazamiento rural, los problemas de acceso y la proximidad de una vivienda.
El proyecto queda así frenado y obligado a superar obstáculos que afectan no solo a aspectos secundarios, sino a su propia localización y a la justificación del interés público.
El caso abre además un debate de mayor alcance: cómo compatibilizar la apuesta del Gobierno de López Miras por extender el biometano con la elección de los emplazamientos, la capacidad de los municipios para absorber estas instalaciones y la protección de quienes viven junto a ellas.