Huermur va a analizar de forma exhaustiva el estudio de riesgo sísmico del municipio de Murcia y todos sus anexos en cuanto el Ayuntamiento entregue la documentación completa. La asociación quiere comprobar si los desarrollos urbanísticos aprobados en los últimos años, las actuaciones autorizadas y la planificación municipal tuvieron en cuenta las conclusiones científicas de un informe encargado por el propio Consistorio, pagado con dinero público y que permaneció sin hacerse público durante más de cinco años.
La entidad conservacionista considera que el contenido íntegro de ese estudio puede ser determinante para conocer la peligrosidad sísmica real del municipio, la vulnerabilidad de la población y las posibles implicaciones para la ordenación del territorio. Por eso sostiene que la entrega del informe no es un simple trámite administrativo, sino un paso clave para saber si Murcia ha planificado su crecimiento urbano con toda la información técnica disponible sobre un riesgo que afecta directamente a la seguridad de sus vecinos.
Huermur quiere revisar, en concreto, si los desarrollos urbanísticos, las actuaciones autorizadas y las decisiones municipales adoptadas durante estos años se ajustan a las conclusiones del estudio elaborado por la Universidad de Almería. La asociación recuerda que el Ayuntamiento tenía conocimiento de esa documentación desde hacía años y considera esencial comprobar qué advertencias, diagnósticos o recomendaciones contenía el informe sobre la peligrosidad sísmica del municipio.
El estudio fue entregado al Ayuntamiento de Murcia el 5 de febrero de 2020 y, según Huermur, tuvo un coste de 118.580 euros. A pesar de tratarse de un documento financiado con fondos públicos, la asociación denuncia que el Consistorio impidió durante años el acceso a su contenido completo alegando que seguía “en elaboración”. Ese argumento ha sido rechazado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Murcia, que ha dado la razón al presidente de Huermur, Sergio Pacheco.
La sentencia anula el decreto del concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, que denegó el acceso al estudio, y reconoce el derecho de Pacheco a recibir una copia digital completa del documento y de todos sus anexos. Para Huermur, el fallo judicial supone un duro reproche a la actuación municipal y confirma que el Ayuntamiento no podía bloquear el acceso a una información de evidente interés público.
La resolución judicial subraya precisamente la relevancia del informe, al tratarse de una documentación relacionada con el riesgo sísmico, el urbanismo, la ordenación del territorio y la seguridad de la población. El juez considera que el Ayuntamiento realizó una “restricción injustificada y desproporcionada del derecho de acceso a la información pública”, una expresión que Huermur interpreta como un varapalo a la opacidad mantenida por el Consistorio durante estos años.
El magistrado también rechaza otro de los argumentos utilizados por el Ayuntamiento: que la difusión del estudio pudiera afectar a la seguridad pública. La sentencia concluye que el Consistorio no acreditó suficientemente ese supuesto perjuicio y recuerda que, si el documento incluyera algún dato especialmente sensible o de carácter personal, la ley permite protegerlo sin necesidad de ocultar el resto de la documentación.
Huermur critica además que el Ayuntamiento no solo negara inicialmente el acceso al estudio, sino que mantuviera esa negativa incluso durante el procedimiento judicial. La asociación reprocha que se hayan empleado recursos públicos y tiempo de funcionarios en defender ante los tribunales la ocultación de una documentación que, según la justicia, debía ser accesible para la ciudadanía.
Fin a cinco años de opacidad
El presidente de Huermur, Sergio Pacheco, ha afirmado que la sentencia “pone fin a cinco años de opacidad institucional sobre un estudio que afecta directamente a la seguridad de los murcianos y al futuro urbanístico del municipio”. Según Pacheco, el Ayuntamiento “no solo ocultó una documentación pagada con dinero público, sino que defendió esa decisión ante los tribunales hasta el último momento”.
La asociación pide ahora a la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, que exija responsabilidades al concejal de Emergencias y que el Ayuntamiento se comprometa a no volver a denegar el acceso a información pública de esta relevancia. Huermur sostiene que la ciudadanía no debería verse obligada a acudir a los tribunales para obtener documentos públicos que afectan a cuestiones tan sensibles como la seguridad, el urbanismo y la planificación territorial.
Para la entidad, la entrega íntegra del estudio puede marcar un antes y un después en el debate urbanístico de Murcia. Huermur considera que solo con el informe completo sobre la mesa será posible saber si el planeamiento vigente tuvo en cuenta la peligrosidad sísmica existente, la vulnerabilidad de las construcciones, el comportamiento de los suelos ante un terremoto y la organización municipal ante una posible emergencia.
La asociación defiende que la seguridad de la población y la correcta ordenación del territorio deben apoyarse en el conocimiento científico y en la máxima transparencia. Y advierte de que ocultar durante años un estudio de esta naturaleza impide a la ciudadanía conocer información fundamental sobre el lugar en el que vive, sobre cómo se ha planificado su municipio y sobre qué riesgos deben ser tenidos en cuenta en el futuro.