Podemos Región de Murcia ha anunciado que llevará ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas las contrataciones realizadas sin licitación por el Servicio Murciano de Salud. La formación sostiene que durante 15 años se recurrió a encargos directos que habrían favorecido a determinadas empresas, entre ellas Logimed, una de las mercantiles investigadas en el denominado caso de las prótesis caducadas.
La diputada regional María Marín ha presentado la iniciativa desde la sede de Podemos en Madrid y ha calificado lo ocurrido como un supuesto “expolio de dinero público”. Según la dirigente de la formación morada, el SMS habría utilizado contratos sin concurso público para consolidar una posición de monopolio en favor de determinadas empresas.
Las acusaciones de Podemos se producen después de que trascendieran nuevos correos electrónicos incorporados a la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF. De acuerdo con la versión difundida por la formación, esos mensajes apuntarían a que responsables de la Consejería de Salud conocían las irregularidades detectadas en los procedimientos de contratación y acordaron no responder a los requerimientos del Tribunal de Cuentas.
Podemos señala directamente al actual consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, que anteriormente ocupó el puesto de secretario general técnico de la Consejería de Salud. Marín sostiene que García Montoro conocía las advertencias sobre las contrataciones y que habría participado en lo que la diputada denomina un “pacto de silencio” dentro de la cúpula del Servicio Murciano de Salud.
Podemos acusa a López Miras de faltar a la verdad
María Marín también ha acusado al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, de haber faltado a la verdad durante la última sesión de control al Gobierno autonómico. Según la diputada, López Miras negó que existieran cargos políticos implicados en la investigación.
“La UDEF ya menciona a García Montoro”, ha afirmado Marín, quien considera que las diligencias ponen bajo sospecha la gestión desarrollada por los gobiernos regionales del Partido Popular durante los últimos 15 años.
Podemos extiende así la responsabilidad política a los ejecutivos presididos por Ramón Luis Valcárcel, Pedro Antonio Sánchez y Fernando López Miras. La formación sostiene que las irregularidades no serían hechos aislados, sino el resultado de una forma continuada de contratar dentro del Servicio Murciano de Salud.
La expresión utilizada por Marín es especialmente contundente: “Todos están metidos hasta el cuello en esta operación de saqueo al SMS”.
Reclama responsabilidades patrimoniales
La portavoz de Podemos ha exigido que las personas responsables del presunto fraude respondan incluso con su patrimonio personal si finalmente se acredita que causaron un perjuicio económico a las arcas públicas.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas es competente para intervenir en procedimientos relacionados con posibles responsabilidades contables cuando se aprecia un menoscabo de fondos públicos. La iniciativa anunciada por Podemos pretende que este órgano examine las contrataciones realizadas por el SMS y determine si existieron daños económicos susceptibles de ser reclamados a quienes participaron en las decisiones.
Marín también ha situado el foco sobre la actual consejera de Salud, Isabel Ayala, que ocupó puestos de máxima responsabilidad en el Servicio Murciano de Salud desde 2023. La diputada considera que Ayala deberá ofrecer explicaciones en la Asamblea Regional sobre las actuaciones investigadas y, en particular, sobre las presuntas intervenciones vasculares realizadas con prótesis caducadas.
Podemos vincula de este modo dos líneas diferentes del caso: por un lado, la posible utilización de productos sanitarios fuera de su periodo de validez; por otro, el sistema de contratación y suministro mediante encargos directos sin licitación.
La comparecencia de la consejera deberá servir, según la formación, para aclarar qué conocimiento tenía la dirección del SMS, qué controles se aplicaban sobre las prótesis y qué medidas fueron adoptadas tras conocerse las primeras irregularidades.
Años de descontrol
La denominada trama de las prótesis no se limita a la posible implantación de material sanitario caducado. La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, describe un sistema presuntamente organizado para obtener beneficios económicos a costa del Servicio Murciano de Salud mediante la compra, facturación e implantación de prótesis vasculares y otro material sanitario.
La operación policial se saldó inicialmente con once personas detenidas, entre ellas personal sanitario, empleados públicos y representantes comerciales. El perjuicio económico investigado ronda los 6,9 millones de euros, a los que se añadirían cerca de 1,5 millones correspondientes a un IVA presuntamente repercutido de manera indebida.
Entre las prácticas investigadas aparecen productos facturados con incrementos de precio extraordinarios -en algunos casos superiores al 1.000%- , material no homologado, artículos cobrados que presuntamente no se correspondían con los utilizados y la posible implantación de prótesis caducadas. La UDEF constató al menos un caso de una prótesis fuera de su periodo de validez entre los primeros expedientes analizados.
Las pesquisas abarcan 492 intervenciones realizadas a 378 pacientes entre mayo de 2018 y noviembre de 2025. El alcance definitivo todavía no se conoce, porque cuando trascendieron los primeros datos policiales solo se había examinado una parte de las operaciones bajo sospecha.
La investigación también ha alcanzado los procedimientos de contratación del Servicio Murciano de Salud. Los agentes localizaron correos en los que responsables de compras habrían remitido a un comercial de una empresa investigada el borrador de un concurso público para que propusiera modificaciones. Según la información conocida, los cambios afectaban incluso a la configuración de los lotes, lo que apuntaría a una posible intervención privada en la preparación de una licitación pública.
Podemos sostiene, además, que el SMS recurrió durante cerca de quince años a contrataciones sin licitación que habrían beneficiado a empresas como Logimed.
¿Qué ha hecho el Gobierno regional?
El Ejecutivo de Fernando López Miras sostiene que fue el propio Servicio Murciano de Salud el que detectó las anomalías. Según la versión oficial, la Administración abrió inspecciones y auditorías internas, apartó de sus funciones a algunos de los implicados y remitió la documentación a la Fiscalía.
La Consejería de Salud también ha anunciado la revisión de los expedientes clínicos y la colaboración con la Policía y la autoridad judicial. El Gobierno afirma que trabajará para recuperar el dinero presuntamente defraudado y asegura que, hasta el momento, no se han detectado daños clínicos derivados de las prótesis investigadas.
El problema es que algunas de las primeras afirmaciones del Ejecutivo quedaron desmentidas o, al menos, seriamente cuestionadas por el avance de las diligencias. El Gobierno aseguró inicialmente que no se habían implantado prótesis caducadas. Días después trascendió que la UDEF había localizado al menos una. También ha insistido en que no hay responsables políticos implicados, pese a que los nuevos correos apuntan al conocimiento que determinados altos cargos podían tener sobre las advertencias relacionadas con la contratación.
Lejos de depurar responsabilidades, López Miras nombró consejera de Salud a Isabel Ayala, que había dirigido el Servicio Murciano de Salud desde 2023, durante una parte del periodo investigado. El presidente la ha defendido alegando que fue ella quien impulsó las inspecciones y puso los hechos en conocimiento de la Justicia.
No consta, hasta ahora, que López Miras haya pedido perdón a los pacientes, que haya asumido responsabilidad política alguna o que haya reconocido fallos en su deber de vigilancia sobre el mayor organismo de la Administración regional. Tampoco ha anunciado una investigación política independiente que permita determinar por qué las irregularidades pudieron mantenerse durante años sin ser neutralizadas por los controles ordinarios.
La responsabilidad política no exige haber participado personalmente en un delito. También comprende la obligación de supervisar, prevenir y reaccionar ante los fallos graves producidos dentro de la Administración que se gobierna. Es lo que se conoce como responsabilidad in vigilando: la responsabilidad derivada de no haber ejercido adecuadamente las funciones de vigilancia y control.
López Miras preside la Región desde 2017. Una parte sustancial del periodo investigado transcurrió bajo sus gobiernos. Sin embargo, su respuesta pública ha consistido en defender la actuación del SMS, negar responsabilidades políticas y presentar el caso como un fraude descubierto y denunciado eficazmente por la propia Administración.
Del escándalo sanitario al ataque personal
Cuando María Marín le pidió en la Asamblea Regional que dimitiera, pidiera perdón y asumiera responsabilidades, López Miras no respondió explicando qué controles fallaron, quién debía vigilar las contrataciones o por qué las irregularidades se prolongaron durante años.
El presidente optó por el ataque personal. “Usted saliva y se excita pensando en que en el fraude de las prótesis haya políticos del PP”, espetó a la diputada de Podemos.
Marín calificó esas palabras de machistas y misóginas y planteó una pregunta difícil de esquivar: “¿Respondería así a un hombre?”.
Las expresiones utilizadas por López Miras desplazaron el debate desde la gestión de millones de euros públicos y la seguridad de cientos de pacientes hacia una descalificación de carácter sexual contra la diputada que ejercía el control parlamentario. No fue una respuesta política contundente ni una explicación institucional. Fue una forma de desacreditar personalmente a quien preguntaba.
Mientras la UDEF investiga sobreprecios, prótesis caducadas, concursos presuntamente manipulados y millones de euros defraudados, el presidente regional no ha ofrecido una disculpa pública ni ha asumido responsabilidades por los fallos de vigilancia producidos bajo sus gobiernos.