El próximo 20 de mayo puede convertirse en una fecha histórica para la justicia ambiental española. Por primera vez desde que el Mar Menor obtuvo personalidad jurídica propia mediante la Ley 19/2022, la laguna comparecerá en un juicio oral como sujeto con derechos propios en un procedimiento penal por delitos medioambientales.
El caso juzgará presuntos vertidos ilegales procedentes de explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y afecta a las mercantiles Ecosarete S.L. -anteriormente Agrícola Sarete S.L.– y Datelio S.L., acusadas de utilizar desalobradoras sin autorización y de generar vertidos de salmuera con altas concentraciones de nitratos que terminaron afectando al ecosistema del Mar Menor.
La acusación particular está ejercida, entre otros, por la asociación AMARME, Ecologistas en Acción, Seo BirdLife y Pacto por el Mar Menor, sostiene que las actividades investigadas fueron “una causa principal del deterioro irreversible y catastrófico del Mar Menor”.
Por otra parte, los ayuntamientos de Cartagena y Los Alcázares también han presentado escritos propios de acusación en los que reclaman condenas penales, indemnizaciones y medidas de restauración ambiental.
El juicio supone mucho más que un proceso penal contra dos empresas. Será la primera vez que se ponga a prueba en un tribunal el alcance real de la histórica ley que reconoce al Mar Menor derechos propios a la protección, conservación y restauración.
La vista oral ha despertado además una enorme expectación fuera de España. Diversos medios de comunicación y periodistas especializados en medio ambiente y justicia climática de varios países europeos han mostrado interés en desplazarse hasta Cartagena para seguir un proceso considerado pionero a nivel internacional. El juicio será observado con atención en ámbitos jurídicos y ecologistas europeos porque puede sentar un precedente sobre cómo los ecosistemas con personalidad jurídica pueden actuar ante los tribunales.
Desalobradoras ilegales y vertidos de salmuera
Según el escrito de acusación de AMARME, las empresas explotaban una finca agrícola de unas 16 hectáreas denominada “Mar de Cristal”, donde funcionaban desalobradoras sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura.
La asociación sostiene que entre 2015 y 2017 se desaló un volumen total de 649.384 metros cúbicos de agua procedente de pozo, generándose 162.345 metros cúbicos de rechazo salino. Equivale aproximadamente a 65 piscinas olímpicas llenas de salmuera contaminada.
Ese rechazo presentaba concentraciones de nitratos de 168 miligramos por litro y elevada conductividad, características propias de las salmueras agrícolas asociadas a la intensificación del regadío en el Campo de Cartagena.
AMARME, a cuyo escrito de acusación ha tenido acceso RRNEWS, añade que Ecosarete adquirió más de 4.200 kilos de productos desincrustantes utilizados en procesos de desalación, un dato que, según la acusación, acredita el funcionamiento continuado de las instalaciones investigadas.
La asociación sostiene además que las empresas actuaron “con plena consciencia” de que tanto la utilización de las desalobradoras como los vertidos requerían autorización administrativa previa.
“Riesgo de deterioro catastrófico”
AMARME sostiene que los informes científicos y periciales incorporados al procedimiento acreditan que las conductas investigadas “han perjudicado gravemente el equilibrio de los sistemas naturales presentes en el Mar Menor y su cuenca”, produciendo “un riesgo de deterioro catastrófico”.
La acusación considera que los hechos encajan en delitos agravados contra el medio ambiente previstos en los artículos 325.2, 327 y 330 del Código Penal, especialmente por la afección a un espacio natural protegido y por la magnitud del daño ecológico generado.
El Ayuntamiento de Cartagena coincide, por su parte, en que los vertidos “cargados de salmuera y nutrientes” provocaron “un daño y un grave riesgo a la calidad de las aguas” y fueron “una causa principal del deterioro irreversible y catastrófico del Mar Menor”.
Por su parte, el Ayuntamiento de Los Alcázares sostiene también que las actividades investigadas “han perjudicado gravemente el equilibrio de los sistemas naturales presentes en el Mar Menor y su cuenca”.
Multas superiores al millón de euros
AMARME solicita para Ecosarete S.L. y Datelio S.L. multas que suman 1.012.274,88 euros y la suspensión de actividad durante tres años.
Además, reclama la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil y que se exija fianza a las empresas acusadas para garantizar el pago de futuras indemnizaciones y medidas de restauración ambiental.
La asociación también solicita que el tribunal acuerde una pericial específica conforme a la Ley de Responsabilidad Medioambiental para cuantificar el daño ecológico real causado al Mar Menor y determinar las actuaciones necesarias para restaurar el equilibrio ambiental alterado.
En esa línea, varias acusaciones consideran que la valoración económica existente en la causa es insuficiente y no refleja la totalidad de los daños ambientales provocados al ecosistema lagunar.
El Mar Menor, como víctima jurídica
Uno de los aspectos más relevantes del procedimiento es que el Mar Menor comparecerá en la práctica como sujeto lesionado por los daños ambientales.
El Ayuntamiento de Cartagena solicita expresamente que las empresas indemnicen “a la entidad Mar Menor, a la que se le reconoce personalidad jurídica en la Ley 19/2022”.
Esto supone un cambio radical respecto al enfoque tradicional de los delitos ecológicos en España. Hasta ahora, los ecosistemas eran considerados bienes a proteger por parte de las administraciones. Con la nueva ley, el Mar Menor pasa a ser reconocido jurídicamente como titular de derechos propios.
La norma, aprobada tras una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 600.000 firmas, convirtió al Mar Menor en el primer ecosistema europeo con personalidad jurídica propia.
El juicio del próximo 20 de mayo será el primer gran examen judicial de esa figura legal.
Científicos, Guardia Civil y peritos
Entre los testigos y peritos propuestos figuran agentes del SEPRONA, ingenieros agrónomos y especialistas en toxicología ambiental.
El Ayuntamiento de Cartagena solicita además la comparecencia del toxicólogo Luis Burillo Borrego, autor de informes sobre contaminación y riesgo ambiental en el Mar Menor.
El procedimiento incorpora distintos informes técnicos y científicos que relacionan las actividades investigadas con el deterioro ecológico de la laguna, en un contexto marcado durante años por la entrada masiva de nutrientes, los episodios de anoxia y las mortandades masivas de fauna.
El 20 de mayo no solo se juzgará a dos empresas agrícolas. También comenzará a resolverse una cuestión inédita en la justicia española: si un ecosistema con derechos propios puede acudir a los tribunales penales para exigir reparación por los daños sufridos.