El movimiento social Yay@flautas de Murcia ha presentado una denuncia ante los juzgados de instrucción de Murcia en la que solicita que se investigue el desalojo de los menores residentes en el centro de acogida “Rosa Peñas” situado en la pedanía murciana de Santa Cruz, y vincula directamente esa actuación al acuerdo presupuestario alcanzado entre PP y VOX en la Región de Murcia.
La denuncia, firmada por Anastasio Sánchez en representación del colectivo, sostiene que la decisión de vaciar el centro responde al pacto político entre ambas formaciones y plantea la posible existencia de delitos de prevaricación, abandono de menores, discriminación, racismo y vulneración de derechos fundamentales.
El escrito judicial llega después de que la Fiscalía de Murcia archivara unas diligencias previas abiertas tras una denuncia anterior presentada por el mismo colectivo. Según el documento, la Fiscalía abrió el expediente 136/25 y archivó las diligencias de investigación el 16 de febrero de 2026 al no apreciar delito. Ahora, los denunciantes acuden directamente a los juzgados apoyándose en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El pacto PP-VOX que sitúa el origen del conflicto
La denuncia señala como punto de partida el acuerdo político alcanzado en mayo de 2025 entre el Partido Popular y VOX para aprobar los presupuestos regionales. Según el documento aportado por Yay@flautas, uno de los apartados del pacto recogía expresamente el compromiso de “cerrar y dar un nuevo uso sociosanitario al Centro de Menores de Santa Cruz, antes del inicio del curso escolar 2025/2026”.
Para los denunciantes, ese punto del acuerdo político tuvo una “incidencia directa” sobre menores tutelados por la Comunidad Autónoma y supuso el origen de todas las actuaciones posteriores.
El escrito sostiene que en ese acuerdo “no consta previsión alguna sobre el destino, reubicación, protección o tutela efectiva de los menores” que residían en el centro, muchos de ellos menores extranjeros no acompañados.
La denuncia también reprocha al Gobierno regional haber revocado previamente una orden financiada con fondos europeos destinada a adquirir viviendas para la acogida e inserción social de menores migrantes. Los denunciantes atribuyen esa decisión al presidente autonómico, Fernando López Miras, y a la consejera de Política Social, Familia e Igualdad, Conchita Ruiz Caballero.
El traslado de los menores
Uno de los aspectos centrales de la denuncia es el destino de los menores que residían en el centro Rosa Peñas.
El documento incorpora parte de la información remitida por la Consejería de Política Social a la Fiscalía de Murcia, en la que el Gobierno regional aseguraba que no se produjo un cierre del centro, sino un traslado progresivo de los menores a otros recursos residenciales.
Según esa información recogida en la denuncia, 58 menores residían en el centro. Once fueron trasladados al centro “El Aljibe I”, en Santomera; 46 menores fueron derivados posteriormente al albergue “El Valle”; y más adelante se planificaron nuevos traslados a centros situados en Santomera, Sangonera la Verde y Zarandona.
El escrito asegura que se desconoce la situación actual de muchos de esos menores y cuestiona que las medidas adoptadas respondan realmente al modelo de acogida “Moderniza-Acción” al que aludió la Consejería.
La denuncia critica duramente la explicación ofrecida por el Ejecutivo autonómico y afirma que los niños “no generaron ningún problema” y estaban integrándose social y educativamente en Santa Cruz y otras localidades cercanas.
Información falsa por parte de la Asamblea
La denuncia acusa a la Asamblea Regional de Murcia de haber trasladado a la Fiscalía una información que, según los denunciantes, no se correspondería con la realidad parlamentaria.
El escrito recoge que, dentro de las diligencias archivadas por la Fiscalía, la Asamblea Regional informó de que “no existía en la Cámara antecedente alguno relativo al acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Vox sobre el cierre y nuevo uso sociosanitario del Centro de Menores de Santa Cruz”.
Sin embargo, el colectivo denunciante sostiene que esa afirmación es falsa o engañosa porque, según asegura, el acuerdo PP-VOX sí fue objeto de debate político en distintas sesiones parlamentarias.
Acusaciones de fomentar el odio contra menores migrantes
El documento dedica varias páginas a recopilar declaraciones públicas y noticias relacionadas con dirigentes de VOX y su discurso sobre inmigración y menores extranjeros no acompañados.
Los denunciantes sostienen que dirigentes del partido han difundido “falsedades promoviendo el odio hacia los niños inmigrantes residentes en centros de acogida”.
La denuncia incluye referencias a publicaciones y vídeos de distintos medios y redes sociales relacionados con declaraciones de Santiago Abascal y otros dirigentes de VOX sobre los llamados “MENAS”.
Además, el escrito afirma que los menores fueron convertidos en “moneda de cambio político” y sostiene que sus derechos habrían sido “pisoteados” pese a tratarse de menores especialmente vulnerables bajo tutela de la administración autonómica.
Las preguntas que plantea la denuncia
Uno de los bloques más extensos del documento enumera una batería de preguntas dirigidas al Gobierno regional sobre la situación real de los menores trasladados.
Entre otras cuestiones, los denunciantes preguntan dónde se encuentra cada niño, si siguen escolarizados, qué trato reciben, si disponen de transporte para acudir a centros educativos, si pueden salir libremente de los centros o si se les ha proporcionado asistencia jurídica.
También preguntan expresamente “por qué se les ha separado por nacionalidad y color”.
La denuncia insiste en que muchos de esos menores estaban plenamente escolarizados e integrados socialmente y advierte de que el traslado habría supuesto “desarraigo social y educativo”, interrupción de procesos de integración y riesgo de desprotección.
El texto llega a describir a esos menores como “verdaderos héroes” por las situaciones extremas que, según el colectivo denunciante, habrían sufrido antes de llegar a España.
Los posibles delitos que plantea el colectivo
La denuncia sostiene que los hechos podrían encajar en distintos tipos penales. Entre ellos menciona:
- prevaricación administrativa,
- abandono de menores,
- delitos contra los derechos fundamentales,
- discriminación y racismo,
- delitos contra la integridad moral,
- quebrantamiento de deberes de custodia,
- e incluso posibles delitos de extorsión.
El escrito también plantea que determinados dirigentes políticos no podrían acogerse a aforamientos porque, según la tesis de los denunciantes, algunas decisiones habrían sido adoptadas como responsables de partido y no como cargos institucionales.
Entre los responsables mencionados aparecen Santiago Abascal, José Ángel Antelo, Alberto Núñez Feijóo, Fernando López Miras y Concepción Ruiz Caballero.
Vulneración de derechos fundamentales
La denuncia considera que podrían haberse vulnerado varios artículos de la Constitución Española, entre ellos los relativos a la dignidad de la persona, la integridad física y moral, el derecho a la educación y la protección integral de los menores.
También cita normativa internacional y estatal sobre protección de la infancia, incluida la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Las diligencias que solicitan al juzgado
Yay@flautas pide al juzgado que abra diligencias previas y reclame documentación al Gobierno regional sobre los acuerdos políticos y administrativos relacionados con el cierre del centro y el traslado de menores.
Entre otras medidas, solicita: el acta del Consejo de Gobierno donde supuestamente se aprobó la aceptación de las condiciones planteadas por VOX; información detallada sobre la situación actual de cada menor; el expediente de revocación de la compra de viviendas para acogida y declaraciones de responsables políticos y trabajadores de los centros.
La denuncia pide además entrevistas individualizadas con los menores “por personas o instituciones no vinculadas con partidos políticos” para evaluar posibles daños físicos o morales.
Finalmente, el colectivo solicita que se investigue si este tipo de acuerdos “se están repitiendo por toda España” y reclama frenar lo que consideran una actuación de PP y VOX “contra derechos fundamentales”.