En los últimos meses, en algunos municipios de la Región de Murcia se han propuesto -y en algunos casos, como en Molina de Segura, aprobado- iniciativas políticas que planteaban la prohibición del uso del burka o del nicab en dependencias municipales o en espacios públicos. De forma paralela, en el debate público regional y nacional parece que cada vez está más presente una preocupación creciente respecto a la ocupación ilegal de viviendas.
Aparentemente, ambos hechos podrían responder a problemáticas distintas, aunque un análisis un poco más profundo descubre una lógica similar, que parte de la fabricación -por parte ciertos actores políticos- de amenazas sobredimensionadas que funcionan como instrumentos de movilización electoral y como mecanismos de construcción de la otredad.
En ambos casos, el punto de partida empírico resulta revelador. El uso del burka o del niqab en la Región de Murcia es prácticamente inexistente como fenómeno social relevante, sin que exista evidencia de conflictividad asociada a su presencia. Del mismo modo, los datos disponibles sobre ocupación de viviendas invitan a relativizar la alarma pública. Según la información publicada el 16 de marzo de 2026 por el diario La Verdad, la ocupación tiene un impacto que alcanza apenas el 0,057% del parque total de viviendas en la Región, porcentaje que asciende al 0,46% si se consideran exclusivamente las viviendas vacías (103.111). A su vez, las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial registraron en 2024 un total de 59 procedimientos por ocupación ilegal, lo que equivale aproximadamente a un caso por cada dos mil viviendas desocupadas.
Esta gran discrepancia entre la relevancia objetiva de los dos asuntos examinados y su peso en el debate público se puede interpretar acudiendo al concepto de “pánico moral”, desarrollado por Stanley Cohen en su obra, publicada en 1972, Demonios populares y pánicos morales. Este sociólogo sudafricano analizó la forma en que determinados grupos o prácticas sociales son construidos -como amenaza para el orden social- mediante procesos de instrumentación y amplificación mediática y política dando lugar a reacciones sociales desproporcionadas respecto a la gravedad objetiva de los hechos. En este sentido, tanto el burka como la ocupación funcionan como significantes condensadores de ansiedades más amplias relativas a la identidad, la seguridad y la cohesión social.
En el caso español, esta lógica ha sido impulsada con especial intensidad por formaciones como Vox, cuyo discurso ha situado de manera sistemática cuestiones como la inmigración, la seguridad o la ocupación en el centro del debate político. Más recientemente, rarezas como Se Acabó La Fiesta (SALF), vinculadas a dinámicas comunicativas digitales, han profundizado en estas estrategias mediante la difusión de mensajes simplificados, de alto contenido emocional y frecuentemente cuestionables en términos de veracidad. En este contexto, el Partido Popular, aun no formando parte de la derecha radical, ha asumido en distintos ámbitos institucionales algunos de estos marcos discursivos, contribuyendo a su legitimación y normalización.
El caso del burka es paradigmático de lo que podría denominarse una “política de lo inexistente”. La ausencia de un problema real no impide -sino que, en cierto modo, facilita- su explotación política. Al tratarse de una cuestión con escasa incidencia práctica, su regulación no conlleva costes significativos ni conflictos administrativos complejos, pero permite activar una narrativa de defensa cultural que sitúa a determinadas comunidades, especialmente las musulmanas, bajo una sospecha implícita.
Por su parte, la cuestión de la ocupación responde a una lógica convergente, aunque basada en la amplificación de un fenómeno existente pero estadísticamente muy limitado. La imagen de “mafias organizadas” que se dedican a ocupar viviendas, o la de pequeños tenedores/propietarios que están indefensos frente a un sistema que no les protege, ha sido ampliamente difundida en redes sociales y en algunos medios de comunicación, a pesar de que se ha demostrado que muchas de estas informaciones son exageradas o directamente falsas. Como señala el sociólogo alemán Ulrich Beck, en su obra La sociedad del riesgo (1986), las sociedades contemporáneas tienden a construir y amplificar amenazas que generan consenso en torno a riesgos colectivos.
Tanto en el caso del burka como en el de la ocupación, se están transformando fenómenos marginales o complejos en relatos simplificados, emocionalmente potentes y políticamente muy rentables. El burka apela al miedo cultural; la ocupación, al miedo patrimonial. Los dos fenómenos movilizan emociones primarias -inseguridad, pérdida, amenaza- que promueven la adhesión a discursos políticos que prometen orden, control y protección frente a un enemigo claramente delimitado.
Por otro lado, estos fenómenos no se entenderían fuera del uso de las redes y plataformas sociales que se produce en la actualidad, el cual ha erosionado los filtros tradicionales de la información y ha permitido la circulación masiva de contenidos no verificados, muchos de los cuales son absolutamente falsos. En este entorno, las narrativas alarmistas tienen una ventaja competitiva evidente, ya que son más simples y fáciles de compartir. La veracidad pasa a un segundo plano frente a la capacidad de generar impacto.
Las consecuencias de esta dinámica han sido ya visibles en episodios como el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, impulsado por la falsa creencia -promovida por Donald Trump– de un fraude electoral, así como en los hechos protagonizados en 2023 en Brasilia por seguidores de Jair Bolsonaro. Ambos casos nos ilustran de hasta qué punto las narrativas conspirativas pueden traducirse en acción política. Como advirtió el actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, estos fenómenos no responden a las lógicas clásicas de la movilización social, sino a la circulación de desinformación en ecosistemas digitales altamente polarizados.
A una escala local, el debate sobre la ocupación en la Región de Murcia funcionaría como un laboratorio de estas tendencias. No se trata solamente de errores informativos o distorsiones de la información, sino de la afirmación de un clima de opinión en el que la percepción de amenaza prevalece sobre la evidencia empírica. Así, la ocupación y el burka dejan de configurarse intrínsecamente como problemas y se transforman en elementos de una narrativa mucho más amplia que postula la idea de que el orden social está en peligro y que las instituciones han dejado de proteger a la ciudadanía.
Al desplazar el foco desde las causas estructurales hacia los enemigos simbólicos, se dificulta el abordaje de los problemas reales -como el acceso a la vivienda, la precariedad laboral o la sostenibilidad de los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, etc.)- y se refuerzan procesos de estigmatización. Cuando se asocia inmigración con inseguridad y determinadas prácticas culturales con amenaza social, se contribuye claramente a la normalización de discursos racistas, xenófobos e islamófobos. En última instancia, lo que nos jugamos no es únicamente la veracidad de determinados hechos o datos y la pertinencia o no de ciertas medidas, sino la calidad y pulcritud del propio debate democrático.
Prohibir lo inexistente y sobredimensionar lo marginal no son anomalías ni exageraciones puntuales, sino síntomas de una lógica política que convierte el miedo en herramienta política y normaliza la desinformación. En ese contexto, cuando el miedo se convierte en argumento y la falsedad se vuelve funcional, el debate público deja de ser un espacio para comprender la realidad y pasa a ser un terreno de manipulación; y este desplazamiento, paulatino pero constante, no solo altera las prioridades sociales, sino que tensiona los fundamentos de la propia convivencia democrática.