La escena se repite en la Región de Murcia: el presidente autonómico, Fernando López Miras, aparece en la inauguración de una infraestructura sufragada con fondos del Estado -en este caso, tres millones de euros procedentes del Ministerio de Vivienda– y lo hace, además, reconfigurando el protocolo institucional para rebajar el protagonismo del delegado del Gobierno, Francisco Lucas.
Ha ocurrido en la apertura del Módulo II de la Cárcel Vieja de Murcia, convertido en espacio de arte contemporáneo con la exposición Materia interior del escultor Jaume Plensa. Un acto promovido por el Ayuntamiento de Murcia y financiado con fondos europeos canalizados por el Gobierno de España, en el que la Comunidad Autónoma no ha realizado aportación económica alguna.
Una presencia no prevista que altera el guion
Según fuentes conocedoras de la organización del acto, la asistencia de López Miras no estaba inicialmente prevista. Su incorporación se produce tras conocerse la participación del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, que sí acudía en representación del Ejecutivo central, financiador de la actuación.
A partir de ese momento, el Gobierno regional mueve ficha. Y lo hace introduciendo en el acto a la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, segunda autoridad de la Región según el orden protocolario.
La maniobra no es menor: la presencia de Martínez permite alterar el orden de intervenciones y evita que el delegado del Gobierno intervenga justo antes que el presidente autonómico, una posición que, en términos institucionales, habría reforzado su papel en un acto costeado por el Estado.
¿Qué papel institucional desempeña?
La pregunta es inevitable: ¿qué función cumple la presidenta de la Asamblea Regional en la inauguración de una infraestructura de carácter local, promovida por el Ayuntamiento y financiada por el Gobierno de España?
Desde un punto de vista institucional, la Asamblea Regional es el órgano legislativo de la Comunidad Autónoma, sin competencias ejecutivas ni papel directo en proyectos municipales de carácter cultural como el inaugurado. Su presencia, por tanto, no responde a una función operativa ni a una implicación en la financiación o gestión del proyecto.
Su inclusión en este tipo de actos se interpreta, en este contexto, como una herramienta de equilibrio -o desequilibrio- protocolario.
Un patrón que se repite
No es un episodio aislado. Ya ocurrió en el centro de salud de Molina de Segura, una infraestructura financiada por el Ministerio de Sanidad. En aquella ocasión, el Gobierno regional intentó sacar adelante la inauguración sin la presencia del delegado del Gobierno, pese a que representaba a la administración que había pagado la obra.
El esquema se repite con demasiada claridad: presencia del Ejecutivo autonómico en proyectos financiados por el Estado, control del relato institucional y, cuando hace falta, maniobras de protocolo para ajustar el orden de intervenciones y el protagonismo político en la foto final.
Cultura, memoria y disputa institucional
En esta ocasión, el acto tenía además una carga simbólica evidente. La Cárcel Vieja, durante décadas un espacio cerrado, se abre ahora como centro cultural con vocación de referencia en el sureste español. El alcalde de Murcia, José Ballesta, y el propio Plensa encabezaron una inauguración marcada por el impulso municipal y la financiación estatal.
Durante el acto, Francisco Lucas reivindicó precisamente esa dimensión histórica y democrática del espacio: “Durante muchos años, Murcia ha vivido de espaldas a este lugar. Hoy abrimos a la ciudadanía un espacio que durante demasiado tiempo permaneció cerrado, en silencio, casi en el olvido”, afirmó, recordando además la historia personal de su abuelo, encarcelado durante ocho años en ese mismo edificio por defender la democracia y la libertad.
El contraste de discursos no solo evidenció dos sensibilidades distintas, sino también dos formas de entender el uso institucional de un espacio cargado de memoria. El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, situó el foco en la historia del edificio al recordar que su abuelo estuvo ocho años encarcelado en la antigua prisión “por defender la libertad frente al fascismo” y advirtió de que “olvidar el pasado nos condena a repetirlo”.
La respuesta del presidente autonómico, Fernando López Miras, no fue tanto una réplica directa como un giro de tono que evitó entrar en ese terreno: “los líderes que miran al futuro se engrandecen; los líderes que miran al pasado se hacen diminutos”.
La frase, pronunciada en ese contexto y en ese lugar, no pasó desapercibida. No solo porque esquiva la carga histórica del espacio que se estaba inaugurando, sino porque se interpreta como un intento de desactivar el discurso del delegado del Gobierno y desplazar el foco hacia un mensaje más genérico, menos incómodo políticamente.
En un edificio que fue símbolo de represión durante décadas, convertido ahora en centro cultural, el choque de relatos resulta especialmente significativo. Mientras uno apelaba a la memoria como herramienta democrática, el otro optó por diluirla en un mensaje de futuro que, para algunos, suena más a evasiva que a liderazgo.
Construido a principios del siglo XX y sin uso desde 1981, el edificio presentaba un avanzado estado de deterioro. Su rehabilitación ha permitido preservar su valor histórico y transformarlo en un centro cultural moderno, abierto y accesible.
3 millones del Ministerio de Vivienda
La intervención ha permitido rehabilitar 1.667,60 m² y alcanzar un ahorro energético del 46,5%, incluyendo mejoras en eficiencia energética, accesibilidad universal, climatización eficiente, vegetación de integración bioclimática, renovación de carpinterías y sistemas, y actuaciones estructurales y de seguridad, todo ello orientado a modernizar y dignificar un equipamiento público estratégico.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha movilizado en torno a 55 millones de euros en la Región de Murcia a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Este programa forma parte de una estrategia de alcance nacional que prevé la rehabilitación de alrededor de 800 edificios públicos en toda España, con una inversión global de 1.080 millones de euros, financiados con fondos europeos Next Generation EU.