La controversia sobre la planta de biogás proyectada en el polígono industrial de Los Camachos suma un nuevo capítulo. Un informe técnico integrado, elaborado por la plataforma ciudadana Stop Biogás y remitido a distintas consejerías, concluye que el proyecto promovido por Heygaz Cartagena “no acredita de forma robusta la ausencia de impactos significativos” sobre el territorio, el agua, la salud y el entorno socioeconómico.
El documento, de casi medio centenar de páginas, revisa críticamente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa y pone el foco en lo que considera “carencias técnicas graves” en un entorno especialmente sensible, tanto por su vulnerabilidad hidrogeológica como por su proximidad al Mar Menor.
Un emplazamiento “especialmente vulnerable”
Uno de los ejes centrales del informe es el análisis hidrogeológico. La planta se ubicaría sobre la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena, caracterizada por su alta permeabilidad y conexión directa con el Mar Menor. Sin embargo, el EIA -según el documento- no incorpora herramientas básicas para evaluar riesgos: ni sondeos, ni ensayos de permeabilidad, ni modelización del flujo de contaminantes.
Esta ausencia de datos impide determinar con rigor cómo se comportaría el acuífero ante posibles filtraciones o vertidos accidentales. El propio informe advierte de que no queda demostrado que la instalación “no pueda afectar a la Rambla de Miranda, a las aguas subterráneas ni al Mar Menor”.
Además, el documento señala la inexistencia de estudios de inundabilidad o de diseño hidráulico ante episodios extremos, como las DANAS, lo que incrementa el riesgo de arrastre de lixiviados hacia cauces naturales.
Riesgo “medio-alto” para el Mar Menor
El informe sitúa el impacto potencial sobre el Mar Menor como uno de los puntos más críticos. La laguna, ya sometida a un proceso de degradación ambiental, recibe aportes desde la misma masa de agua sobre la que se asienta el proyecto.
A pesar de ello, el EIA no evalúa el impacto acumulativo ni el aporte adicional de nutrientes o contaminantes. Según los autores, esto vulnera el principio de precaución exigido por la legislación vigente, especialmente tras el reconocimiento del Mar Menor como sujeto de derechos.
En este contexto, el informe concluye que el riesgo para el ecosistema debe considerarse “medio-alto” y que, sin una caracterización completa, no debería autorizarse la instalación.
Olores: un impacto condicionado a un escenario “ideal”
Otro de los aspectos clave es la evaluación del impacto odorífero. El EIA sostiene que el efecto sería “no significativo”, pero -según el análisis técnico- esta conclusión depende de un supuesto: el funcionamiento perfecto y continuo de todos los sistemas de control.
El propio estudio de olores reconoce escenarios en los que las emisiones alcanzarían el núcleo de población más cercano, situado a apenas 350 metros. En condiciones menos ideales -mantenimientos, fallos técnicos o situaciones transitorias-, el olor podría percibirse en viviendas y centros de trabajo.
Además, la evaluación se basa exclusivamente en modelos teóricos, sin mediciones reales ni pruebas piloto, lo que introduce un alto grado de incertidumbre.
El informe es tajante: el riesgo de molestias “no es residual” y existe una “probabilidad real” de episodios de olor en el entorno.
Impactos sobre la salud, el empleo y la actividad económica
Más allá de los aspectos ambientales, el documento analiza las consecuencias sobre el tejido productivo del polígono industrial. La planta implicaría el tránsito constante de camiones, la gestión de residuos orgánicos -incluidos restos animales- y la posible emisión de bioaerosoles.
Entre los efectos señalados:
- Riesgos para la salud laboral y la calidad de vida.
- Olores persistentes que afectarían a empresas y trabajadores.
- Incremento del tráfico pesado y problemas de seguridad.
- Posible impacto negativo sobre la inversión y la actividad económica.
La proximidad a zonas habitadas y a un entorno industrial con miles de trabajadores agrava, según el informe, la magnitud de estos riesgos.
Principio de precaución: la clave jurídica
El análisis incorpora también una dimensión legal. Según la plataforma, la falta de certeza científica sobre los impactos obliga a aplicar el principio de precaución recogido en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.
“El propio expediente reconoce escenarios de riesgo que no han sido adecuadamente evaluados ni descartados”, señalan desde la organización, que sostiene que, en un entorno vulnerable, “la ausencia de certeza no puede resolverse a favor del proyecto”.
El informe recuerda además que la jurisprudencia europea y española ha considerado que las emisiones de olor pueden vulnerar derechos fundamentales, incluso sin daño físico, si afectan de forma grave y continuada a la vida cotidiana.
Una decisión pendiente bajo presión social y técnica
Con estos argumentos, el documento concluye que no se puede descartar la existencia de impactos significativos y que, en consecuencia, la autorización ambiental “no debería otorgarse en su estado actual”.
La plataforma ciudadana ha trasladado el informe a varias consejerías y órganos de la Comunidad Autónoma y anuncia que seguirá el procedimiento “hasta las últimas consecuencias”, incluidas posibles acciones legales.
El debate, advierten, trasciende este proyecto concreto y apunta a una cuestión de fondo: el modelo de implantación de infraestructuras energéticas en territorios ya sometidos a presión ambiental.
En el caso de Los Camachos, la decisión final no solo afectará a una planta de biogás, sino al equilibrio entre transición energética, protección del territorio y derechos de la población.
La planta ocuparía una parcela de aproximadamente 16.700 metros cuadrados en la ampliación norte del polígono, a una distancia de entre 350 y 450 metros de zonas residenciales.
Según la documentación del proyecto, la instalación estaría diseñada para tratar hasta 65.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, principalmente de origen agroganadero y cárnico, mediante procesos de digestión anaerobia. Este tratamiento permitiría la producción de biogás y su posterior transformación en biometano, con una estimación de unas 2.700 toneladas anuales de este gas renovable. Como subproducto, la planta generaría además en torno a 57.500 toneladas de biofertilizantes.
El funcionamiento de la instalación implicaría un flujo constante de entrada y salida de materiales, con una previsión de varias decenas de camiones diarios para el transporte de residuos y subproductos. Este componente logístico, junto con la naturaleza de los materiales gestionados, sitúa el proyecto dentro de una actividad industrial intensiva.