Muchas veces pensamos que las guerras son algo que «sucede» sin más, como si fueran tormentas que no se pueden prever o desastres naturales ante los que solo cabe resignarse. Pero la teoría de las relaciones internacionales nos ofrece una distinción bastante menos poética, aunque fundamental para entender lo que ciertamente sucede cuando un país decide empuñar las armas: no es lo mismo una «guerra de necesidad» que una «guerra de elección».
La primera responde a una agresión sufrida o a una amenaza tan inminente que no deja margen para la duda. Es el caso del país que, habiendo agotado todas las vías pacíficas, se ve forzado a defenderse porque el ataque enemigo es ya cuestión de horas o días. La segunda, en cambio, nace de un cálculo político: no hay un peligro inmediato, sino una decisión estratégica que opta por la vía militar entre otras alternativas disponibles.
Cuando el 1 de marzo de 2026 Le Monde publicó su editorial sobre la ofensiva impulsada por Donald Trump y Benjamín Netanyahu contra Irán, el prestigioso diario francés aplicaba precisamente esta distinción analítica. Y lo que revelaba el análisis era inquietante: nos hallábamos ante una guerra de elección revestida de un discurso que pretendía hacerla parecer inevitable.
La justificación inicial de la administración estadounidense giró en torno al fantasma nuclear iraní. Es cierto que Teherán ha desarrollado capacidades de enriquecimiento de uranio y que, en un futuro indeterminado, hubiera podido intentar militarizar su programa atómico. Pero conviene detenerse un momento en esa palabra: «futuro».
Entre lo que podría ocurrir mañana y lo que está ocurriendo ahora mismo media una distancia que el derecho internacional y la tradición del pensamiento político se han cuidado de medir con precisión. Desde la formulación clásica de la doctrina de la guerra justa -que encuentra una expresión moderna en autores como Michael Walzer- distingue entre dos conceptos -la preempción y la prevención- que los responsables de la decisión de atacar a Irán parecen haber confundido interesadamente.
La preempción consiste en neutralizar un ataque que sabemos con certeza que está a punto de producirse. Es el equivalente a ver a alguien apuntarnos con un arma y disparar primero para salvar nuestra vida.
La prevención, en cambio, pretende impedir que surja una amenaza que todavía no existe. Sería como atacar a alguien porque podría comprar un arma con la dispararnos en el futuro.
La primera es excepcionalmente admisible. La segunda es profundamente problemática desde cualquier punto de vista normativo. Y, sin embargo, la operación contra Irán se inscribe claramente en esta segunda categoría.
Resulta difícil no detenerse en la paradoja que protagoniza el mismo líder que construyó gran parte de su discurso político sobre la promesa de retirar a Estados Unidos de los conflictos exteriores y acabar con las “guerras interminables”. Ahora, de forma paradójica, Donald Trump, que prometía terminar con las aventuras militares estadounidenses, comienza una nueva cuyos límites temporales y consecuencias estratégicas no están nada claros.
Pero más allá de las contradicciones discursivas, persiste una pregunta bastante incómoda: ¿es realmente eficaz el instrumento elegido para alcanzar el fin proclamado? Si el objetivo declarado consiste en impedir que Irán desarrolle armas nucleares, la experiencia comparada invita al escepticismo más profundo, ya que los bombardeos pueden dañar instalaciones, pueden retrasar programas, pero difícilmente eliminan el conocimiento acumulado. La infraestructura se reconstruye; la pericia científica sobrevive en redes humanas que no se desintegran con explosiones.
Si, por el contrario, el propósito real es provocar el colapso del régimen iraní, la historia reciente ofrece lecciones poco alentadoras Las intervenciones en Irak, Libia y Afganistán muestran que los vacíos de poder tienden a generar fragmentación, radicalización y conflictos prolongados. La expectativa de que la presión externa produzca una transición democrática automática revela más optimismo que evidencia empírica.
Existe además un efecto político frecuentemente subestimado: con frecuencia, lo que se consigue es fortalecer a los sectores más duros del régimen, que pueden aglutinar el sentimiento nacional en torno a la bandera de la soberanía agredida.
Por otro lado, las guerras rara vez permanecen confinadas en los límites que sus promotores diseñan. La ofensiva contra Irán altera de forma impredecible el equilibrio regional. Para actores como Arabia Saudí o Israel, la intervención puede presentarse como una oportunidad para debilitar a su rival estratégico. Pero conviene preguntarse: ¿qué ocurre cuando se elimina a un actor que, con todas sus limitaciones, funcionaba como un elemento de equilibrio en la compleja ecuación regional?
Escenarios como Irak o Siria, donde la presencia iraní se canaliza a través de milicias y actores no estatales, se convierten automáticamente en espacios potenciales de proyección indirecta del conflicto. La escalada horizontal -extensión del enfrentamiento a múltiples frentes- es tan preocupante como la escalada vertical -la intensificación progresiva de las hostilidades entre los protagonistas principales-. Quienes han decidido intervenir en Oriente Medio deberían saberlo mejor que nadie: la región ha demostrado una notable capacidad para convertir intervenciones quirúrgicas en compromisos prolongados y costosos. La metáfora del “pantano” no es un recurso literario, sino una categoría empírica.
Las guerras de elección presentan, además, un desafío doméstico: requieren un consenso político y social que, en este caso, parece extraordinariamente frágil. La retórica de la firmeza frente a la amenaza externa puede movilizar apoyos iniciales; la prolongación del conflicto exige claridad estratégica, objetivos delimitados y, sobre todo, una evaluación honesta de los costes que la población está dispuesta a asumir. Cuando tales elementos faltan, la intervención corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de voluntarismo geopolítico: la peligrosa convicción de que la simple demostración de fuerza basta para moldear realidades complejas. La historia estadounidense reciente ilustra la distancia entre la euforia de los primeros bombardeos y el desgaste de las ocupaciones prolongadas.
El argumento moral de la “liberación” merece también un análisis más riguroso. La tradición liberal ha defendido la expansión de derechos e instituciones representativas, pero también ha debatido intensamente sobre la legitimidad de imponerlas por medios militares. La evidencia sugiere que la democracia no se exporta como un producto manufacturado, sino que requiere procesos internos, pactos sociales, maduración histórica y tiempos que ninguna potencia externa puede acortar a voluntad. Prometer “paz duradera” mientras se inaugura una nueva fase de violencia encierra una tensión que ni la retórica más elocuente logra disipar.
Desde una perspectiva más estructural, la decisión puede interpretarse como un intento de reafirmar la credibilidad disuasoria de Estados Unidos en un sistema internacional crecientemente multipolar y competitivo. Ahora bien, conviene preguntarse de qué depende realmente la credibilidad de una gran potencia. No solo de su capacidad militar, desde luego. También de su coherencia normativa y de su previsibilidad estratégica. Cuando los aliados tradicionales perciben unilateralismo o fragilidad jurídica, el capital político se erosiona. Infundir temor no equivale a generar confianza; y en un entorno multipolar, la confianza de los aliados puede resultar más valiosa que el miedo de los adversarios.
La categoría de «guerra de elección» obliga, en última instancia, a formular una pregunta incómoda: ¿qué alternativas fueron descartadas antes de optar por la fuerza? La diplomacia coercitiva, las negociaciones indirectas, los mecanismos regionales de seguridad colectiva, el fortalecimiento de los sistemas de verificación multilateral o incluso la aceptación pragmática de un equilibrio imperfecto forman parte del repertorio de opciones útiles en política internacional. Optar por la vía militar implica asumir que tales instrumentos han fracasado o resultan insuficientes. Cuando no existe amenaza inmediata verificable, el debate se desplaza del terreno de la necesidad al de la preferencia estratégica.
Nada de lo anterior implica idealizar la conducta iraní. El régimen de Teherán acumula responsabilidades en la desestabilización regional y vulneraciones graves de derechos humanos. Reconocer la complejidad del actor no equivale a exonerarlo. Pero precisamente porque la guerra es el instrumento más drástico de la acción estatal, su legitimidad exige criterios exigentes y rigurosos.
Las guerras de elección rara vez producen resultados elegidos con la precisión con que se planifican. Los sistemas políticos reaccionan, se adaptan y desbordan los diseños iniciales. Entre el plan y su ejecución se abre un espacio de consecuencias imprevistas donde la ingeniería estratégica pierde parte de su arrogancia. Proclamar estabilidad es relativamente sencillo; garantizarla es tarea infinitamente más ardua.
Y en esa abertura entre la promesa y la realidad se juega no solo el destino de una región convulsa, sino la credibilidad de unos principios que, basados en la defensa normativa del derecho internacional, hicieron de la prudencia exterior una de sus banderas y que ahora parecen confiar, nuevamente, en la vieja y desacreditada pedagogía de la fuerza.
La pregunta que queda flotando en el aire, incómoda pero necesaria, es sencilla: ¿aprenderemos alguna vez que las guerras que elegimos suelen convertirse en guerras que no podemos controlar y no sabemos terminar?