El Tribunal de Instancia de Madrid – Sección de lo Mercantil, Plaza nº 14 (antiguo Juzgado de lo Mercantil nº 14) ha declarado culpable el concurso de acreedores de la empresa Trabis Edificación Avanzada y ha impuesto al empresario Trinitario Casanova, nacido en Orihuela y vinculado al Grupo Baraka, ocho años de inhabilitación para administrar o representar a cualquier sociedad mercantil.
La resolución judicial, adelantada por el portal Economía Digital, establece además que Casanova deberá responder frente a los acreedores por el déficit concursal de la compañía, que supera los 20 millones de euros.
Un concurso iniciado en 2019
Trabis Edificación Avanzada -empresa con domicilio fiscal en Yecla e integrada en el Grupo Baraka- solicitó concurso voluntario de acreedores en julio de 2019. Aunque la sociedad estaba radicada en la Región de Murcia, el procedimiento se tramitó en Madrid bajo la dirección de la magistrada Carmen González Suárez, quien designó como administrador concursal al economista Francisco Tomás Martínez Casado.
En el ejercicio anterior a la solicitud de concurso, la compañía contaba con 80 trabajadores entre personal fijo y eventual al inicio del año, cifra que se redujo hasta 56 empleados al cierre del ejercicio. La plantilla ya había experimentado un descenso respecto a 2017, cuando superaba el centenar de trabajadores.
Caída de la actividad
La empresa, especializada en construcción no residencial, registró en 2018 una facturación de 30,8 millones de euros, lo que supuso un descenso del 24 % respecto al año anterior. El resultado del ejercicio se situó en 1,7 millones de euros, ligeramente por debajo de los 1,9 millones obtenidos en 2017.
Aunque el pasivo de la sociedad se había reducido un 26 %, hasta quedar en 16,7 millones de euros, la compañía acabó solicitando el concurso al año siguiente.
Cambios societarios antes del concurso
Desde su creación en 1999, Trabis estuvo administrada por Baraka Global Invest, sociedad propiedad de Trinitario Casanova, quien ejercía la presidencia de la empresa a través de esta mercantil hasta 2018.
Un año después, en 2019, la totalidad de las participaciones pasó a manos de José Antonio Benimelli, identificado en el procedimiento como empleado del propio Casanova.
Liquidación y cambio de calificación del concurso
Dos meses después de declararse el concurso, el juzgado autorizó la apertura de la fase de liquidación de la empresa. Ese mismo año, en diciembre, se aprobó el plan de liquidación presentado por el administrador concursal.
Posteriormente, en 2022, el procedimiento dejó de considerarse un concurso voluntario y pasó a calificarse como necesario y culpable, tras las actuaciones promovidas por uno de los principales acreedores.
El papel del principal acreedor
El grupo francés Corum, representado por el despacho Cuatrecasas, impulsó la solicitud de concurso necesario al denunciar que el reparto de aproximadamente diez millones de euros en dividendos a cuenta había supuesto “una salida fraudulenta del patrimonio de Trabis”, de la que —según sostuvo— el único beneficiario habría sido el Grupo Empresarial Baraka.
Ese planteamiento fue respaldado también por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid, que considera que la salida de fondos podría constituir un alzamiento de bienes. En el procedimiento se han señalado además posibles irregularidades contables, hechos que podrían encajar en un delito penal castigado con penas de hasta cuatro años de prisión.
Inhabilitación y pérdida de derechos concursales
La sentencia no solo afecta a Trinitario Casanova. También extiende la condena a Antonio Benimelli, a quien el juzgado considera persona interpuesta o testaferro en la estructura societaria.
Ambos quedarán privados de los derechos que pudieran ostentar como acreedores dentro del procedimiento concursal.
La resolución judicial no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial correspondiente.
Intentó urbanizar La Zerrichera
La trayectoria empresarial de Trinitario Casanova también ha estado marcada por anteriores polémicas urbanísticas en la Región de Murcia. Una de las más conocidas fue el intento de urbanizar el paraje de La Zerrichera, en Águilas, un enclave de alto valor ambiental situado en la sierra de la Almenara e integrado en la Red Natura 2000 como espacio protegido.
A comienzos de los años 2000, el promotor impulsó a través de sus sociedades un ambicioso proyecto inmobiliario que contemplaba la construcción de miles de viviendas, un hotel y un campo de golf en una finca de unas 250 hectáreas. La operación llegó a recibir inicialmente distintos avales administrativos, pero quedó paralizada tras las denuncias de organizaciones ecologistas y la apertura de una investigación judicial por posibles irregularidades urbanísticas y medioambientales.
El conflicto derivó además en un enfrentamiento público con el entonces presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, después de que el Gobierno regional se desmarcara del proyecto en pleno escándalo político. En ese contexto, Casanova llegó a acusar al Ejecutivo autonómico de haber cambiado de posición y calificó la marcha atrás como “un acto de cobardía”, en unas declaraciones que generaron una fuerte polémica política en la Región.
El denominado caso Zerrichera se convirtió con el tiempo en uno de los episodios más emblemáticos de las tensiones urbanísticas de la etapa de la burbuja inmobiliaria en la Región de Murcia y acabó con la confirmación judicial de la protección ambiental del paraje, lo que cerró definitivamente la posibilidad de desarrollar el proyecto urbanístico.